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| 9/17/2001 12:00:00 AM

Castigo inhumano

La ejecución aplazada de Napoleón Beazley, criminal menor de edad, revive el debate sobre la pena de muerte en EE. UU.

El gobierno de Estados Unidos suele presentarse como un abanderado en la lucha por los derechos humanos. Pero su obstinación en permitir la pena de muerte es fuente de frecuentes críticas. Sobre todo desde el comienzo de la presidencia de George Bush, gran defensor y administrador de ese castigo capital desde su gobernación de Texas. El problema volvió a las primeras planas el miércoles cuando Napoleón Beazley, un joven que cometió un asesinato cuando aún no era mayor de edad y que fue juzgado en condiciones dudosas, estuvo a punto de ser ejecutado. Su muerte fue suspendida a última hora. Pero para muchos el hecho es una prueba más de que a la cruzada humanitaria de Estados Unidos le falta combatir el enemigo en su propia casa.

El caso de Beazley ha sido polémico pues el joven cometió su crimen a los 17 años. Según el experto en derechos humanos Daniel García-Peña este tipo de condena entra en conflicto con pilares fundamentales de la legislación occidental, como el derecho y la capacidad de defenderse, de discernir entre lo bueno y lo malo y de rehabilitarse.

Estos mismos principios hacen de las condenas a retrasados mentales una práctica inhumana. A pesar de esto Estados Unidos tiene el récord de ser el único país del mundo que realiza estas ejecuciones. Actualmente la jurisdicción de 23 de los 48 estados las permite y hay unos 300 casos de condenados a muerte con retraso mental. En relación con la edad, tan sólo en Texas hay 31 prisioneros condenados a la pena capital que mataron antes de los 17 años.

Además, el que Beazley sea negro, ha puesto sobre el tapete los interrogantes que quedaron sin resolver luego de la ejecución del hispano Juan Raúl Garza el 19 de junio.

La idea de que algo anda mal en el sistema judicial estadounidense en torno a la pena de muerte empezó a tomar fuerza en 2000 cuando un informe del Departamento de Justicia reveló que más del 80 por ciento de las condenas capitales involucraban minorías étnicas. El informe llevó al entonces presidente Bill Clinton a aplazar la ejecución de Garza, que estaba planeada para diciembre de 2000.

Sin embargo, tras un nuevo estudio revelado el 6 de junio de 2001, el nuevo fiscal general John Ashcroft concluyó que no existía ningún sesgo racial en las condenas a muerte y dio vía libre para la ejecución de Garza.

Sin embargo el segundo informe fallaba al no proporcionar los datos estadísticos del primero. El mismo Ashcroft, un político criticado por su supuesto racismo, homofobia y malas relaciones con los derechos civiles, reconoció que uno de cada cinco condenados a muerte no es blanco y que era necesario continuar con este tipo de estudios. No obstante Garza fue ejecutado el 19 de junio de este año ante la indignación internacional.

Otra disparidad preocupante es la geográfica. Por ejemplo, en el estado de Texas, donde será ejecutado Beazley, se encuentran un tercio de los actuales condenados a muerte. Y un reporte del 26 de marzo de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte en Oklahoma sostiene que su tasa de ejecuciones no sólo es la más alta entre los estados de la federación sino que es más alta que la de muchos países, como China e Irán, dos de las naciones más criticadas por Estados Unidos en relación con su situación de derechos humanos.

El informe también denuncia la falta de profesionalismo de los jueces de Oklahoma, que suelen presionar al jurado para que apruebe sentencias a muerte por venganza, argumentando que Dios y la Biblia están a favor de ello. Estos hechos hacen pensar que la decisión de condenar a una persona a muerte en Estados Unidos depende de condiciones tan fortuitas como la raza del acusado y el estado en que se realiza el juicio.

Otra fuente de críticas son las numerosas irregularidades legales a lo largo del proceso. En el caso de Beazley tres jueces de la Corte Suprema se abstuvieron de presidir la sesión porque estaban relacionados con otro juez, que resultó ser el hijo de John Luttig, la persona a la que Beazley asesinó.

Un grupo de impulsores de una reforma a la pena de muerte ha dicho, además, que a menudo se les niega a los prisioneros el acceso a evidencia proporcionada por el ADN. En este punto citan el caso de Kirk Bloodsworth, quien fue condenado a muerte y después de ocho años de cárcel se reconoció como inocente gracias a dicha prueba.

También sucede que a los extranjeros acusados de asesinato, que además están relacionados con tráfico de drogas, se les violen sus derechos y luego los condenen a la pena capital. Según Carlos Vicente de Roux, director de la oficina de Derechos Humanos de la Fundación Social en Bogotá, una norma de derecho consular que Estados Unidos suele ‘birlarse’ sistemáticamente estipula que cuando un extranjero es detenido tiene derecho a que le avisen a su cónsul para que le preste asesoría legal. Según De Roux, “las autoridades suelen aprovecharse de la ignorancia de los acusados extranjeros de extracción humilde”.

El sonado caso del terrorista Timothy McVeigh, responsable del atentado de Oklahoma, tampoco estuvo exento de irregularidades ya que la Fiscalía no entregó a los abogados involucrados en el juicio unos documentos clave.

Otros errores fueron denunciados en un estudio de Columbia University, según el cual las sentencias a la pena capital están plagadas de errores por culpa de abogados defensores, policías y fiscales incompetentes. Así mismo, el estudio de los reformistas cita abogados defensores borrachos o que se quedan dormidos durante el juicio. Un hito se vivió el año pasado cuando el gobernador de Illinois tuvo que detener la ejecución de 13 hombres condenados irregularmente.

A pesar de todos estos hechos la pena de muerte sigue pendiendo sobre Napoleón Beazley y continúa siendo favorecida por la mayoría del electorado estadounidense. Y los políticos que han intentado acabar con esta práctica, que escandaliza a las demás naciones, a menudo han sido tildados de “suaves con el crimen”. Mientras tanto Washington sigue pretendiendo criticar a otros países por sus supuestas violaciones a los derechos humanos.



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El gobierno de Estados Unidos suele presentarse como un abanderado en la lucha por los derechos humanos. Pero su obstinación en permitir la pena de muerte es fuente de frecuentes críticas. Sobre todo desde el comienzo de la presidencia de George Bush, gran defensor y administrador de ese castigo capital desde su gobernación de Texas. El problema volvió a las primeras planas el miércoles cuando Napoleón Beazley, un joven que cometió un asesinato cuando aún no era mayor de edad y que fue juzgado en condiciones dudosas, estuvo a punto de ser ejecutado. Su muerte fue suspendida a última hora. Pero para muchos el hecho es una prueba más de que a la cruzada humanitaria de Estados Unidos le falta combatir el enemigo en su propia casa.

El caso de Beazley ha sido polémico pues el joven cometió su crimen a los 17 años. Según el experto en derechos humanos Daniel García-Peña este tipo de condena entra en conflicto con pilares fundamentales de la legislación occidental, como el derecho y la capacidad de defenderse, de discernir entre lo bueno y lo malo y de rehabilitarse.

Estos mismos principios hacen de las condenas a retrasados mentales una práctica inhumana. A pesar de esto Estados Unidos tiene el récord de ser el único país del mundo que realiza estas ejecuciones. Actualmente la jurisdicción de 23 de los 48 estados las permite y hay unos 300 casos de condenados a muerte con retraso mental. En relación con la edad, tan sólo en Texas hay 31 prisioneros condenados a la pena capital que mataron antes de los 17 años.

Además, el que Beazley sea negro, ha puesto sobre el tapete los interrogantes que quedaron sin resolver luego de la ejecución del hispano Juan Raúl Garza el 19 de junio.

La idea de que algo anda mal en el sistema judicial estadounidense en torno a la pena de muerte empezó a tomar fuerza en 2000 cuando un informe del Departamento de Justicia reveló que más del 80 por ciento de las condenas capitales involucraban minorías étnicas. El informe llevó al entonces presidente Bill Clinton a aplazar la ejecución de Garza, que estaba planeada para diciembre de 2000.

Sin embargo, tras un nuevo estudio revelado el 6 de junio de 2001, el nuevo fiscal general John Ashcroft concluyó que no existía ningún sesgo racial en las condenas a muerte y dio vía libre para la ejecución de Garza.

Sin embargo el segundo informe fallaba al no proporcionar los datos estadísticos del primero. El mismo Ashcroft, un político criticado por su supuesto racismo, homofobia y malas relaciones con los derechos civiles, reconoció que uno de cada cinco condenados a muerte no es blanco y que era necesario continuar con este tipo de estudios. No obstante Garza fue ejecutado el 19 de junio de este año ante la indignación internacional.

Otra disparidad preocupante es la geográfica. Por ejemplo, en el estado de Texas, donde será ejecutado Beazley, se encuentran un tercio de los actuales condenados a muerte. Y un reporte del 26 de marzo de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte en Oklahoma sostiene que su tasa de ejecuciones no sólo es la más alta entre los estados de la federación sino que es más alta que la de muchos países, como China e Irán, dos de las naciones más criticadas por Estados Unidos en relación con su situación de derechos humanos.

El informe también denuncia la falta de profesionalismo de los jueces de Oklahoma, que suelen presionar al jurado para que apruebe sentencias a muerte por venganza, argumentando que Dios y la Biblia están a favor de ello. Estos hechos hacen pensar que la decisión de condenar a una persona a muerte en Estados Unidos depende de condiciones tan fortuitas como la raza del acusado y el estado en que se realiza el juicio.

Otra fuente de críticas son las numerosas irregularidades legales a lo largo del proceso. En el caso de Beazley tres jueces de la Corte Suprema se abstuvieron de presidir la sesión porque estaban relacionados con otro juez, que resultó ser el hijo de John Luttig, la persona a la que Beazley asesinó.

Un grupo de impulsores de una reforma a la pena de muerte ha dicho, además, que a menudo se les niega a los prisioneros el acceso a evidencia proporcionada por el ADN. En este punto citan el caso de Kirk Bloodsworth, quien fue condenado a muerte y después de ocho años de cárcel se reconoció como inocente gracias a dicha prueba.

También sucede que a los extranjeros acusados de asesinato, que además están relacionados con tráfico de drogas, se les violen sus derechos y luego los condenen a la pena capital. Según Carlos Vicente de Roux, director de la oficina de Derechos Humanos de la Fundación Social en Bogotá, una norma de derecho consular que Estados Unidos suele ‘birlarse’ sistemáticamente estipula que cuando un extranjero es detenido tiene derecho a que le avisen a su cónsul para que le preste asesoría legal. Según De Roux, “las autoridades suelen aprovecharse de la ignorancia de los acusados extranjeros de extracción humilde”.

El sonado caso del terrorista Timothy McVeigh, responsable del atentado de Oklahoma, tampoco estuvo exento de irregularidades ya que la Fiscalía no entregó a los abogados involucrados en el juicio unos documentos clave.

Otros errores fueron denunciados en un estudio de Columbia University, según el cual las sentencias a la pena capital están plagadas de errores por culpa de abogados defensores, policías y fiscales incompetentes. Así mismo, el estudio de los reformistas cita abogados defensores borrachos o que se quedan dormidos durante el juicio. Un hito se vivió el año pasado cuando el gobernador de Illinois tuvo que detener la ejecución de 13 hombres condenados irregularmente.

A pesar de todos estos hechos la pena de muerte sigue pendiendo sobre Napoleón Beazley y continúa siendo favorecida por la mayoría del electorado estadounidense. Y los políticos que han intentado acabar con esta práctica, que escandaliza a las demás naciones, a menudo han sido tildados de “suaves con el crimen”. Mientras tanto Washington sigue pretendiendo criticar a otros países por sus supuestas violaciones a los derechos humanos.



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El caso de Beazley ha sido polémico pues el joven cometió su crimen a los 17 años. Según el experto en derechos humanos Daniel García-Peña este tipo de condena entra en conflicto con pilares fundamentales de la legislación occidental, como el derecho y la capacidad de defenderse, de discernir entre lo bueno y lo malo y de rehabilitarse.

Estos mismos principios hacen de las condenas a retrasados mentales una práctica inhumana. A pesar de esto Estados Unidos tiene el récord de ser el único país del mundo que realiza estas ejecuciones. Actualmente la jurisdicción de 23 de los 48 estados las permite y hay unos 300 casos de condenados a muerte con retraso mental. En relación con la edad, tan sólo en Texas hay 31 prisioneros condenados a la pena capital que mataron antes de los 17 años.

Además, el que Beazley sea negro, ha puesto sobre el tapete los interrogantes que quedaron sin resolver luego de la ejecución del hispano Juan Raúl Garza el 19 de junio.

La idea de que algo anda mal en el sistema judicial estadounidense en torno a la pena de muerte empezó a tomar fuerza en 2000 cuando un informe del Departamento de Justicia reveló que más del 80 por ciento de las condenas capitales involucraban minorías étnicas. El informe llevó al entonces presidente Bill Clinton a aplazar la ejecución de Garza, que estaba planeada para diciembre de 2000.

Sin embargo, tras un nuevo estudio revelado el 6 de junio de 2001, el nuevo fiscal general John Ashcroft concluyó que no existía ningún sesgo racial en las condenas a muerte y dio vía libre para la ejecución de Garza.

Sin embargo el segundo informe fallaba al no proporcionar los datos estadísticos del primero. El mismo Ashcroft, un político criticado por su supuesto racismo, homofobia y malas relaciones con los derechos civiles, reconoció que uno de cada cinco condenados a muerte no es blanco y que era necesario continuar con este tipo de estudios. No obstante Garza fue ejecutado el 19 de junio de este año ante la indignación internacional.

Otra disparidad preocupante es la geográfica. Por ejemplo, en el estado de Texas, donde será ejecutado Beazley, se encuentran un tercio de los actuales condenados a muerte. Y un reporte del 26 de marzo de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte en Oklahoma sostiene que su tasa de ejecuciones no sólo es la más alta entre los estados de la federación sino que es más alta que la de muchos países, como China e Irán, dos de las naciones más criticadas por Estados Unidos en relación con su situación de derechos humanos.

El informe también denuncia la falta de profesionalismo de los jueces de Oklahoma, que suelen presionar al jurado para que apruebe sentencias a muerte por venganza, argumentando que Dios y la Biblia están a favor de ello. Estos hechos hacen pensar que la decisión de condenar a una persona a muerte en Estados Unidos depende de condiciones tan fortuitas como la raza del acusado y el estado en que se realiza el juicio.

Otra fuente de críticas son las numerosas irregularidades legales a lo largo del proceso. En el caso de Beazley tres jueces de la Corte Suprema se abstuvieron de presidir la sesión porque estaban relacionados con otro juez, que resultó ser el hijo de John Luttig, la persona a la que Beazley asesinó.

Un grupo de impulsores de una reforma a la pena de muerte ha dicho, además, que a menudo se les niega a los prisioneros el acceso a evidencia proporcionada por el ADN. En este punto citan el caso de Kirk Bloodsworth, quien fue condenado a muerte y después de ocho años de cárcel se reconoció como inocente gracias a dicha prueba.

También sucede que a los extranjeros acusados de asesinato, que además están relacionados con tráfico de drogas, se les violen sus derechos y luego los condenen a la pena capital. Según Carlos Vicente de Roux, director de la oficina de Derechos Humanos de la Fundación Social en Bogotá, una norma de derecho consular que Estados Unidos suele ‘birlarse’ sistemáticamente estipula que cuando un extranjero es detenido tiene derecho a que le avisen a su cónsul para que le preste asesoría legal. Según De Roux, “las autoridades suelen aprovecharse de la ignorancia de los acusados extranjeros de extracción humilde”.

El sonado caso del terrorista Timothy McVeigh, responsable del atentado de Oklahoma, tampoco estuvo exento de irregularidades ya que la Fiscalía no entregó a los abogados involucrados en el juicio unos documentos clave.

Otros errores fueron denunciados en un estudio de Columbia University, según el cual las sentencias a la pena capital están plagadas de errores por culpa de abogados defensores, policías y fiscales incompetentes. Así mismo, el estudio de los reformistas cita abogados defensores borrachos o que se quedan dormidos durante el juicio. Un hito se vivió el año pasado cuando el gobernador de Illinois tuvo que detener la ejecución de 13 hombres condenados irregularmente.

A pesar de todos estos hechos la pena de muerte sigue pendiendo sobre Napoleón Beazley y continúa siendo favorecida por la mayoría del electorado estadounidense. Y los políticos que han intentado acabar con esta práctica, que escandaliza a las demás naciones, a menudo han sido tildados de “suaves con el crimen”. Mientras tanto Washington sigue pretendiendo criticar a otros países por sus supuestas violaciones a los derechos humanos.



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El caso de Beazley ha sido polémico pues el joven cometió su crimen a los 17 años. Según el experto en derechos humanos Daniel García-Peña este tipo de condena entra en conflicto con pilares fundamentales de la legislación occidental, como el derecho y la capacidad de defenderse, de discernir entre lo bueno y lo malo y de rehabilitarse.

Estos mismos principios hacen de las condenas a retrasados mentales una práctica inhumana. A pesar de esto Estados Unidos tiene el récord de ser el único país del mundo que realiza estas ejecuciones. Actualmente la jurisdicción de 23 de los 48 estados las permite y hay unos 300 casos de condenados a muerte con retraso mental. En relación con la edad, tan sólo en Texas hay 31 prisioneros condenados a la pena capital que mataron antes de los 17 años.

Además, el que Beazley sea negro, ha puesto sobre el tapete los interrogantes que quedaron sin resolver luego de la ejecución del hispano Juan Raúl Garza el 19 de junio.

La idea de que algo anda mal en el sistema judicial estadounidense en torno a la pena de muerte empezó a tomar fuerza en 2000 cuando un informe del Departamento de Justicia reveló que más del 80 por ciento de las condenas capitales involucraban minorías étnicas. El informe llevó al entonces presidente Bill Clinton a aplazar la ejecución de Garza, que estaba planeada para diciembre de 2000.

Sin embargo, tras un nuevo estudio revelado el 6 de junio de 2001, el nuevo fiscal general John Ashcroft concluyó que no existía ningún sesgo racial en las condenas a muerte y dio vía libre para la ejecución de Garza.

Sin embargo el segundo informe fallaba al no proporcionar los datos estadísticos del primero. El mismo Ashcroft, un político criticado por su supuesto racismo, homofobia y malas relaciones con los derechos civiles, reconoció que uno de cada cinco condenados a muerte no es blanco y que era necesario continuar con este tipo de estudios. No obstante Garza fue ejecutado el 19 de junio de este año ante la indignación internacional.

Otra disparidad preocupante es la geográfica. Por ejemplo, en el estado de Texas, donde será ejecutado Beazley, se encuentran un tercio de los actuales condenados a muerte. Y un reporte del 26 de marzo de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte en Oklahoma sostiene que su tasa de ejecuciones no sólo es la más alta entre los estados de la federación sino que es más alta que la de muchos países, como China e Irán, dos de las naciones más criticadas por Estados Unidos en relación con su situación de derechos humanos.

El informe también denuncia la falta de profesionalismo de los jueces de Oklahoma, que suelen presionar al jurado para que apruebe sentencias a muerte por venganza, argumentando que Dios y la Biblia están a favor de ello. Estos hechos hacen pensar que la decisión de condenar a una persona a muerte en Estados Unidos depende de condiciones tan fortuitas como la raza del acusado y el estado en que se realiza el juicio.

Otra fuente de críticas son las numerosas irregularidades legales a lo largo del proceso. En el caso de Beazley tres jueces de la Corte Suprema se abstuvieron de presidir la sesión porque estaban relacionados con otro juez, que resultó ser el hijo de John Luttig, la persona a la que Beazley asesinó.

Un grupo de impulsores de una reforma a la pena de muerte ha dicho, además, que a menudo se les niega a los prisioneros el acceso a evidencia proporcionada por el ADN. En este punto citan el caso de Kirk Bloodsworth, quien fue condenado a muerte y después de ocho años de cárcel se reconoció como inocente gracias a dicha prueba.

También sucede que a los extranjeros acusados de asesinato, que además están relacionados con tráfico de drogas, se les violen sus derechos y luego los condenen a la pena capital. Según Carlos Vicente de Roux, director de la oficina de Derechos Humanos de la Fundación Social en Bogotá, una norma de derecho consular que Estados Unidos suele ‘birlarse’ sistemáticamente estipula que cuando un extranjero es detenido tiene derecho a que le avisen a su cónsul para que le preste asesoría legal. Según De Roux, “las autoridades suelen aprovecharse de la ignorancia de los acusados extranjeros de extracción humilde”.

El sonado caso del terrorista Timothy McVeigh, responsable del atentado de Oklahoma, tampoco estuvo exento de irregularidades ya que la Fiscalía no entregó a los abogados involucrados en el juicio unos documentos clave.

Otros errores fueron denunciados en un estudio de Columbia University, según el cual las sentencias a la pena capital están plagadas de errores por culpa de abogados defensores, policías y fiscales incompetentes. Así mismo, el estudio de los reformistas cita abogados defensores borrachos o que se quedan dormidos durante el juicio. Un hito se vivió el año pasado cuando el gobernador de Illinois tuvo que detener la ejecución de 13 hombres condenados irregularmente.

A pesar de todos estos hechos la pena de muerte sigue pendiendo sobre Napoleón Beazley y continúa siendo favorecida por la mayoría del electorado estadounidense. Y los políticos que han intentado acabar con esta práctica, que escandaliza a las demás naciones, a menudo han sido tildados de “suaves con el crimen”. Mientras tanto Washington sigue pretendiendo criticar a otros países por sus supuestas violaciones a los derechos humanos.



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El caso de Beazley ha sido polémico pues el joven cometió su crimen a los 17 años. Según el experto en derechos humanos Daniel García-Peña este tipo de condena entra en conflicto con pilares fundamentales de la legislación occidental, como el derecho y la capacidad de defenderse, de discernir entre lo bueno y lo malo y de rehabilitarse.

Estos mismos principios hacen de las condenas a retrasados mentales una práctica inhumana. A pesar de esto Estados Unidos tiene el récord de ser el único país del mundo que realiza estas ejecuciones. Actualmente la jurisdicción de 23 de los 48 estados las permite y hay unos 300 casos de condenados a muerte con retraso mental. En relación con la edad, tan sólo en Texas hay 31 prisioneros condenados a la pena capital que mataron antes de los 17 años.

Además, el que Beazley sea negro, ha puesto sobre el tapete los interrogantes que quedaron sin resolver luego de la ejecución del hispano Juan Raúl Garza el 19 de junio.

La idea de que algo anda mal en el sistema judicial estadounidense en torno a la pena de muerte empezó a tomar fuerza en 2000 cuando un informe del Departamento de Justicia reveló que más del 80 por ciento de las condenas capitales involucraban minorías étnicas. El informe llevó al entonces presidente Bill Clinton a aplazar la ejecución de Garza, que estaba planeada para diciembre de 2000.

Sin embargo, tras un nuevo estudio revelado el 6 de junio de 2001, el nuevo fiscal general John Ashcroft concluyó que no existía ningún sesgo racial en las condenas a muerte y dio vía libre para la ejecución de Garza.

Sin embargo el segundo informe fallaba al no proporcionar los datos estadísticos del primero. El mismo Ashcroft, un político criticado por su supuesto racismo, homofobia y malas relaciones con los derechos civiles, reconoció que uno de cada cinco condenados a muerte no es blanco y que era necesario continuar con este tipo de estudios. No obstante Garza fue ejecutado el 19 de junio de este año ante la indignación internacional.

Otra disparidad preocupante es la geográfica. Por ejemplo, en el estado de Texas, donde será ejecutado Beazley, se encuentran un tercio de los actuales condenados a muerte. Y un reporte del 26 de marzo de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte en Oklahoma sostiene que su tasa de ejecuciones no sólo es la más alta entre los estados de la federación sino que es más alta que la de muchos países, como China e Irán, dos de las naciones más criticadas por Estados Unidos en relación con su situación de derechos humanos.

El informe también denuncia la falta de profesionalismo de los jueces de Oklahoma, que suelen presionar al jurado para que apruebe sentencias a muerte por venganza, argumentando que Dios y la Biblia están a favor de ello. Estos hechos hacen pensar que la decisión de condenar a una persona a muerte en Estados Unidos depende de condiciones tan fortuitas como la raza del acusado y el estado en que se realiza el juicio.

Otra fuente de críticas son las numerosas irregularidades legales a lo largo del proceso. En el caso de Beazley tres jueces de la Corte Suprema se abstuvieron de presidir la sesión porque estaban relacionados con otro juez, que resultó ser el hijo de John Luttig, la persona a la que Beazley asesinó.

Un grupo de impulsores de una reforma a la pena de muerte ha dicho, además, que a menudo se les niega a los prisioneros el acceso a evidencia proporcionada por el ADN. En este punto citan el caso de Kirk Bloodsworth, quien fue condenado a muerte y después de ocho años de cárcel se reconoció como inocente gracias a dicha prueba.

También sucede que a los extranjeros acusados de asesinato, que además están relacionados con tráfico de drogas, se les violen sus derechos y luego los condenen a la pena capital. Según Carlos Vicente de Roux, director de la oficina de Derechos Humanos de la Fundación Social en Bogotá, una norma de derecho consular que Estados Unidos suele ‘birlarse’ sistemáticamente estipula que cuando un extranjero es detenido tiene derecho a que le avisen a su cónsul para que le preste asesoría legal. Según De Roux, “las autoridades suelen aprovecharse de la ignorancia de los acusados extranjeros de extracción humilde”.

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Otros errores fueron denunciados en un estudio de Columbia University, según el cual las sentencias a la pena capital están plagadas de errores por culpa de abogados defensores, policías y fiscales incompetentes. Así mismo, el estudio de los reformistas cita abogados defensores borrachos o que se quedan dormidos durante el juicio. Un hito se vivió el año pasado cuando el gobernador de Illinois tuvo que detener la ejecución de 13 hombres condenados irregularmente.

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