Chávez promulga ley de arrendamiento en medio de reclamos de propietarios

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, promulgó el sábado  la polémica Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda que la oposición y grupos de propietarios han criticado por considerar que atenta contra la propiedad privada.

"Pedí que activáramos la ley ya, no solo que viniéramos a firmar y a dar un discurso y eso es lo que estamos haciendo", dijo el mandatario quien promulgó la norma en un acto público que fue transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión.

Además de la promulgación del instrumento, Chávez firmó un acta de compromiso de compra venta de apartamentos arrendados en dos edificios de Caracas, así como la financiación de la banca pública para que los inquilinos puedan adquirir esos inmuebles.

"Hay una lista de cinco edificios que ya están en venta, ven que la gente quiere vender", señaló el mandatario.

La polémica norma prevé que el canon de arrendamiento anual no supere el 5 % del valor del inmueble, así como el derecho del arrendatario a adquirir la vivienda después de 20 años de renta y la constitución de una Superintendencia de Arrendamientos, por cuyo fuero pasarán toda la relación entre dueños e inquilinos.

Chávez designó en el cargo de superintendente a Carmen Morante, una inquilina que solicitó ante el Parlamento venezolano la creación de esta ley y que se ha mantenido entre los movimientos que apoyan el instrumento.

"El pueblo es el motor, porque si esto lo dejamos en manos de la burocracia (...) estamos activando una batería de decisiones para acompañar el inicio de la aplicación de la ley porque qué haríamos con hacer leyes muy buenas para engavetarlas", indicó el presidente.

Por su parte, la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) emitió un comunicado en el que anuncian acciones contra la ley por constituir, "junto a la Ley contra los Desalojos Arbitrarios, las más graves afectaciones al derecho humano a la propiedad privada en la historia de Venezuela".

En el comunicado, Apiur asegura que intentará diferentes recursos de nulidad de la ley ante el Tribunal Supremo de Justicia y propondrá a las diferentes organizaciones civiles y políticas del país, estudiar la posibilidad de realizar un Referéndum Abrogatorio del instrumento.

Asimismo, el escrito asegura que Apiur enviará informes a la Organización de Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA), Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y Mercado Común del Sur por considerar que la ley viola los tratados internacionales sobre derechos humanos y económicos.

El diputado oficialista Alexis Ramírez, dijo que el instrumento beneficiará tanto a arrendadores como a arrendatarios y que hay grupos en la oposición que se han ocupado de infundir miedo hacia la ley.

"Hay personas que le creen a la oposición que son los que andan con esos temores. El temor es fascismo", señaló Ramírez.

Por su parte, el parlamentario de oposición, Juan Romero, dijo a periodistas que la bancada a la que pertenece "no puede estar a favor de una ley que lo que hace es controlar y asfixiar lo poquito que existe para alquilar".
 
EFE