Veinticinco años de silencio

La última vez que el Ejército Popular de Liberación usó sus tanques lo hizo contra los estudiantes que cinco semanas antes se habían tomado la plaza de Tiananmen para expresar pacíficamente su deseo de cambio. Corría 1989 y la tensión se podía cortar con un cuchillo. El Partido Comunista de China (PCC), que en octubre cumplía medio siglo en el poder, estaba enfrentando la mayor crisis de su historia y sentía con razón que su hegemonía estaba en duda. La respuesta fue tan brutal y desmedida, que al principio muchos dudaron de las noticias. ¿Cómo era posible que ante los ojos del mundo el gobierno utilizara semejante armamento contra unos muchachos que habían iniciado una huelga de hambre contra la corrupción?

En el terreno, la incredulidad pronto se convirtió en indignación ante los impactos de bala que –en las jornadas del 3 y el 4 de junio de ese año– los jovencísimos manifestantes tenían en la cabeza o en otros órganos vitales. Los médicos que atendieron a los heridos no pudieron hacer gran cosa para salvarles, pues además de los tanques los militares utilizaron fusiles cargados con balas expansivas o dum-dum. Como los francotiradores impidieron que las ambulancias recogieran a los heridos, muchos murieron desangrados en los alrededores de la Ciudad Prohibida, por donde solo algunos heroicos bicitaxistas se atrevieron a circular. Aunque no existen cifras oficiales sobre el número de muertos que dejó la incursión armada en la enorme plaza –el mayor espacio público del mundo– los cálculos oscilan entre algunos cientos de víctimas y varios miles.

Aunque muchos pensaron que el gobierno de Deng Xiaoping había ido demasiado lejos, la brutal represión y la evidencia de que las autoridades estaban dispuestas a acabar con el ‘Woodstock chino’ frustraron cualquier posibilidad de que los responsables rindieran cuentas. Más bien al contrario. Mientras que los militares que se negaron a arremeter contra la multitud desarmada fueron apartados de sus puestos e incluso enfrentaron cortes marciales, los que llevaron a cabo el ataque lograron ascender e hicieron notables carreras dentro del Ejército. De gran fuerza simbólica fue que las familias de los líderes estudiantiles que fueron ejecutados tuvieran que pagar las balas con las que los pelotones fusilaron a sus seres queridos.

Hoy China luce como un país diferente. Con tasas de crecimiento cercanas al 10 por ciento durante las últimas dos décadas, una aceleradísima urbanización, una creciente influencia en África y América Latina y faraónicas obras de infraestructura, el reino del centro le está pisando los talones a Estados Unidos como la primera economía mundial. Para los multimillonarios que se han beneficiado con el gran estirón económico es difícil imaginar que, medio siglo antes, sus compatriotas tenían literalmente que contar los granos de arroz que iban a comer. Pero, ¿quiere eso decir que mientras se mantenga la prosperidad económica se puede esperar que continúe la armonía en el país del dragón?

No necesariamente. Pese a los buenos indicadores globales, la desigualdad, la corrupción y la represión siguen alimentando el descontento social. El informe Condenas a muerte y ejecuciones, publicado en 2013 por la ONG Amnistía Internacional, afirma que (pese a la ausencia de cifras oficiales) China ejecuta a miles de personas al año, probablemente “más que en el resto del mundo junto”. A su vez, desde los años noventa el coeficiente Gini –que mide la desigualdad– se ha disparado, y hoy supera al de Estados Unidos. A lo cual hay que sumar el secretismo con el que el gobierno del gigante asiático maneja el descontento de sus ciudadanos. Según le dijo a SEMANA el profesor Pitman Potter de la Universidad de Columbia Británica, “cada año se registran en China cientos de protestas por cuestiones laborales, medioambientales o relacionadas con la corrupción. No se sabe de muchas de ellas porque han estado muy focalizadas”. Con el aniversario de Tiananmen, sin embargo, Beijing no parece querer correr riesgos, como lo muestra la sentencia a muerte de 55 personas el pasado miércoles en un estadio en la provincia nororiental de Xinjiang y la detención preventiva de activistas dedicados a la defensa de los Derechos Humanos.