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| 5/18/1998 12:00:00 AM

CHIVO EXPIATORIO

El nuevo proceso por corrupción contra Carlos Andrés Pérez podría ser el final de su carrera política.

El martes de la semana pasada los venezolanos presenciaron algo que les pareció haber visto ya: el ex presidente Carlos Andrés Pérez convocaba a una rueda de prensa para contestar lo que calificó como el "ensañamiento" del gobierno de Rafael Caldera contra su persona. Pérez había sido notificado de un auto de detención domiciliaria dictado en su contra por Edith Cabello de Requera, del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público. La causa: varias cuentas bancarias en Nueva York en las cuales el ex presidente y su compañera sentimental, la señora Cecilia Matos, habrían manejado montos que, según lo dicho por la juez, "superan notoriamente sus posibilidades económicas". Cabello no quiso mencionar cifras, pero algunos hablan de entre 50.000 y 900.000 dólares, mientras otros, como el diputado Gonzalo Pérez Hernández, sostienen que las sumas podrían llegar a los 12 millones de dólares.
El ex presidente dijo a SEMANA que no le extraña el auto porque "se trata de una nueva manifestación del afán del gobierno por lincharme moral y políticamente. Aquí se está conduciendo a una cultura del odio, y la mayor expresión es el odio de Rafael Caldera hacia mí". Pérez sostuvo que la acusación está dirigida a evitar que salga elegido senador por el estado Táchira en diciembre, sobre todo por el gran éxito que ha tenido su nueva agrupación política 'Apertura'.
El asunto de las cuentas no es nuevo. Hace cuatro años la acusación de enriquecimiento ilícito relacionado con ellas había sido descartada por la Corte Suprema, que investigaba a Pérez por la malversación de 250 millones de bolívares de unos fondos secretos de seguridad nacional que, según se supo, se destinaron a apoyar a la naciente democracia nicaragüense. Pérez resultó condenado a dos años de prisión domiciliaria cuando se negó a revelar el destino de esos fondos.
El nuevo golpe contra Pérez tomó por sorpresa a una opinión pública que empieza a considerarlo como un chivo expiatorio. Muchos comienzan a sopesar detalles como el de que el mismo ex presidente quería que el asunto no prescribiera y regresó a Venezuela a sabiendas de que iba a ser detenido. Un observador independiente dijo a SEMANA que Pérez vive en forma relativamente modesta, lo que parece corresponder con su declaración de bienes que se limita a 54 millones de bolívares representados en una casa en Prados del Este y dos carros viejos. En Caracas es cosa sabida que la oficina de Pérez le fue entregada en comodato hace muchos años.
Una revista económica publicó una caricatura en que aparece la estatua de Pérez como "el monumento al chivo expiatorio del siglo". Y una analista caraqueña dijo a SEMANA que hay muchos factores que señalan un interés muy particular en contra del ex presidente. Lo primero, el gobierno creó un cargo en el consulado de Nueva York con el fin exclusivo de investigar las posibles irregularidades patrimoniales de Pérez. También se dice que la actuación judicial se hizo apresuradamente, para evitar la prescripción del caso, con base en documentos en inglés aún no traducidos, lo cual es ilegal. Otro detalle es el pedido inmediato de extradición de la señora Matos, quien por lo demás no es funcionaria pública, algo inusual en el procedimiento. También se señala que la magistrada Cabello es hermana del diputado Pedro Cabello, suplente de Luis Alfaro Ucero, el actual dirigente del antiguo partido de Pérez, Acción Democrática, a quien se señala como autor intelectual, junto con Caldera, del nuevo proceso. Y hay quienes sostienen que es la primera vez que el Tribunal de Salvaguardia, que ha sido tradicionalmente muy inoperante, persigue con tanto celo a un ex presidente: esos analistas apuntan al caso de Jaime Lusinchi, cuyas acusaciones quedaron en el aire por prescripción.
Pérez sostiene que se trata de una componenda política amparada en la falta de independencia del poder judicial, que en últimas es elegido por el Congreso. Dice que su defensa demostrará su inocencia y que "nada de esto me perjudica políticamente, porque la gente está indignada y yo estoy en el centro de la atención nacional". El mayor riesgo que reconoce es que se acelere el proceso y una condena por más de tres años lo inhabilite para ser elegido. Si llega a diciembre sin ser condenado, lo más probable es que salga elegido desde su arresto domiciliario. Eso cambiaría las reglas del juego pues quedaría investido de inmunidad parlamentaria.
Los acusadores se niegan a hablar del caso pero sostienen que disponen de pruebas para "hundir" al ex presidente. Si ello sucede, sería el final de la vida política de Carlos Andrés Pérez.
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