Claves para entender la crisis de la democracia venezolana

Para entender la compleja situación que se vive en el vecino país es necesario hacer claridad sobre algunos puntos centrales de la coyuntura que se ha desatado, así como de las alternativas que quedan. Estos son los puntos cruciales que se deben tener en consideración:

Si el chavismo controla el ejecutivo y la oposición el legislativo ¿por qué se presenta un choque entre la Asamblea y el poder judicial, que no es un poder político por naturaleza?

El 15 de diciembre de 2015 la anterior Asamblea Nacional, todavía controlada por el oficialismo chavista, como consecuencia de haber perdido las elecciones legislativas el 6 de diciembre de ese mismo año, nombró 33 magistrados para que integraran las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia. Esto fue visto por la nueva Asamblea, de mayoría opositora al Gobierno, como un intento por politizar la justicia para hacer frente común contra los detractores del Socialismo del Siglo XXI, lo que llevó a que los parlamentarios cuestionaran los nombramientos de dichos magistrados, incluso dejando sin efectos algunas de sus designaciones.

La respuesta del Tribunal no se ha hecho esperar desde ese momento, expidiendo más de 50 sentencias en contra de la Asamblea, declarando la nulidad de todo los actos y leyes proferidas por ella –menos una-, e incluso, declarándola en desacato por no cumplir sus fallos.

¿Cuáles fueron las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia venezolano que causaron indignación y protesta?

El 28 y 29 de marzo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo profirió las sentencias número 155 y 156 respectivamente. En la primera de ellas, esa corporación eliminó la inmunidad parlamentaria de los miembros de la Asamblea argumentando que sólo aplicaba a los funcionarios en ejercicio de sus funciones, al encontrarse el legislativo en desacato, concluyó la Corte, no están cumpliendo válidamente ninguna de esas funciones, por lo que no gozan de inmunidad. La consecuencia directa de ese análisis, fue ordenar que el gobierno tomara las medidas para castigar conductas como hablar mal del gobierno fuera del país, lo que consideraban constituía una traición a la patria.

En la segunda, los jueces constitucionales decidieron que, al encontrarse la Asamblea en desacato, dicha Sala o a quien ella designara, asumiría el ejercicio de sus funciones hasta que el mismo cesara. En síntesis la arremetida del Tribunal Supremo dejaba sin blindaje a los asambleístas opositores y sin capacidad de acción a la corporación.

En contexto: ¿Qué significa que Venezuela se haya quedado sin Parlamento?

¿Puede ser considerada la actitud del poder judicial venezolano, apoyado por el Gobierno, como un auto-golpe de Estado?

Auto golpe se denomina popularmente a la acción de un gobernante que, aunque accede al poder por la vía legítima dispuesta en la Constitución, contradice del ordenamiento jurídico vigente al destituir o volver inefectivos los otros poderes –normalmente el legislativo– para asumir un conjunto más amplio de potestades y funciones sin ninguna validez para hacerlo. Como sucede en todo escenario de golpe, es pasar de ser un gobierno de iure a ser un gobierno de facto.

Aunque no hay dudas en que el Gobierno de Nicolás Maduro cumple con los requisitos para ser catalogado como un auto golpe, e incluso como lo afirmaba hoy la oposición en la Asamblea se puede hablar de un golpe judicial (“ustedes son golpistas, lo dijo la fiscal” le gritaban a los parlamentarios del oficialismo quienes finalmente se retiraron del recinto), lo cierto es que la forma más clara y realista de clasificar la situación jurídico-política de Venezuela después de las sentencias del Tribunal Supremo, es como una dictadura.

Le puede interesar: Tribunal Supremo de Venezuela suprime sentencias y ya no se atribuye poderes de la Asamblea Nacional

¿No se soluciona la crisis en Venezuela con la decisión del Tribunal de rectificar a través de dos nuevas sentencias las proferidas el 28 y 29 de marzo?

No, si bien la Sala Constitucional, ante el rechazo que generó internamente y en la comunidad internacional su decisión de hacer vulnerable e inocuo al legislativo, reversó mediante las sentencias 157 y 158 del 1º de abril las disposiciones que lo ordenaban, no son claros los parámetros legales bajo los cuales, de oficio, el Tribunal podría realizar ese tipo de aclaraciones sobre sus sentencias ya en firme.

La crisis en Venezuela se da por la falta de institucionalidad que le permita mantener el equilibrio de sus poderes, y de esta forma, sustentar un régimen constitucional y democrático.

Lo único que podría superar la crisis que vive el vecino país, es que se convoquen a elecciones populares bajo una estricta veeduría internacional que garantizara su transparencia. Si gana el Presidente Maduro, legitima su gobierno. Si gana la oposición, se permite que el pueblo venezolano haga una transición pacífica hacia un verdadero cambio. Pero de lo que menos ha dado muestras Maduro es de querer facilitar las elecciones, todo lo contrario. 

Le puede interesar: ¿Es el fin de la separación de poderes en Venezuela?

¿Resulta viable confiar en las organizaciones regionales, en la diplomacia y en el derecho internacional para solucionar la crisis en Venezuela?

Sí, confiar en el Estado de Derecho, nacional e internacional, es la única alternativa. La posibilidad contraria, sería acudir a las vías de hecho y a la violencia. Aunque la revolución contra un gobierno despótico y autoritario estaría moralmente e incluso jurídicamente justificada, el resultado sería una guerra civil que causaría más hambre, más dolor y más muerte en el pueblo.

La presión de la comunidad internacional ha demostrado, como lo hizo con la rectificación que motivó en el Tribunal Supremo, ser eficaz para impulsar cambios en Venezuela. Se debe seguir buscando la aplicación de la Carta Democrática, del Protocolo Adicional al tratado constitutivo de UNASUR –compromiso con la Democracia-, de los mecanismos del MERCOSUR y de las Naciones Unidas, todo con el objetivo de reestablecer la democracia que ya no impera en Venezuela.