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| 4/18/2017 11:13:00 PM

Comunidad internacional, en alerta por manifestaciones en Venezuela

En los últimos días, tanto países como organizaciones internacionales han manifestado su preocupación por lo que puede llegar a ocurrir en la "gran marcha" convocada por la oposición venezolana.

A pocas horas de que se celebre la "gran marcha" convocada por la oposición venezolana en contra de Nicolás Maduro, distintos países y organizaciones internacionales han manifestado su preocupación por lo que puede llegar a pasar este miércoles en las calles venezolanas.

Luego de tres semanas de protestas opositoras, que dejaron cinco muertos, heridos y más de 200 detenidos, los temores de nuevos estallidos de violencia han revivido la víspera de una jornada de movilizaciones de la oposición y el gobierno en Caracas.

Los primeros en manifestar su preocupación fueron once países latinoamericanos -entre ellos Colombia- que mediante un comunicado conjunto pidieron "al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que garantice el derecho a la manifestación pacífica". 

Esta manifestación en conjunto no caló para nada bien en el gobierno de Maduro, quienes de inmediato calificaron al comunicado como una "violación". "Resulta vulgar el doble estándar y selectividad política de estos gobiernos para avalar la violencia vandálica de la oposición. Violentan leyes internacionales para apadrinar el intervencionismo", escribió en Twitter la canciller Delcy Rodríguez.

Pero esta comunicación no ha sido la única manifestación de la comunidad internacional frente a la tensión que se vive en Venezuela. Al acercarse la fecha de la "gran marcha" convocada por la oposición, 

Uno de los gobiernos que lanzó una fuerte advertencia al gobierno de Nicolás Maduro fue Estados Unidos y los invitó a desistir en la represión de manifestaciones opositoras, en la víspera de una jornada de masivas movilizaciones en ese país.

"Aquellos responsables por la represión criminal de las actividades pacíficas y democráticas, por socavar las instituciones y prácticas democráticas, y por la flagrante violación de derechos humanos deberán rendir cuentas individualmente", dijo el portavoz del Departamento de Estado en un comunicado.

El responsable dijo que agentes estatales - policías, militares, fiscales, jueces- así como civiles controlados por el partido oficialista PSUV, que actúen contra los manifestantes deberán atenerse a las consecuencias ante las instituciones venezolanas y "la comunidad internacional".

La delegación de la Unión Europea (UE) en Venezuela, también se manifestó preocupada por el tenso ambiente que se vive previo a la "gran marcha" e hizo un llamado a que se respeten los derechos y las libertades constitucionales de los venezolanos durante las marchas convocadas a favor y en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, que coincidirán mañana, miércoles, en Caracas.

En una declaración, de acuerdo con los jefes de misión de la Unión Europea en Venezuela, la delegación de la UE en el país "observa con preocupación la situación de intensa agitación política y social que está viviendo Venezuela".

En este contexto y con vistas a las manifestaciones convocadas para mañana en la capital venezolana, la declaración hace "un llamamiento para que se desarrollen de forma pacífica y con pleno respeto a los derechos y libertades reconocidos a los ciudadanos venezolanos por la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela".

Por su parte, uno de los más férreos críticos del gobierno Maduro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, insistió que el régimen de Maduro debe respetar la manifestación opositora y lo acusó de preparar una "acción represiva homicida" al repartir armas a civiles.

"Las manifestaciones pacíficas son un instrumento de paz, democracia y libertad. Por ello, en el día de mañana 19 de abril, los derechos del pueblo (...) deben prevalecer sobre cualquier lógica de política represiva", dijo Almagro en una nota oficial.

Almagro se mostró visiblemente preocupado por la decisión del presidente Maduro de entregar "un fusil a cada miliciano", que en palabras del secretario de la OEA, es lo mismo que "repartir armas a civiles". 

"Las recientes acciones del régimen de repartir armas a civiles e instarlos a la confrontación constituyen una acción represiva homicida que incita a la violencia", dijo Almagro.

La decisión de entregar "un fusil" también fue cuestionada por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien también expresó  su "seria preocupación" por "la militarización de la sociedad" en Venezuela y llamó "a la cordura", un día antes de una jornada de marchas a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

"Vemos con seria preocupación la militarización de la sociedad venezolana. Un llamado a la cordura", escribió Santos en su cuenta en Twitter.

Este lunes, Maduro anunció que se ha aprobado un plan para ampliar a 500.000 los miembros de la Milicia Bolivariana que, armados con fusiles, se desplegarán en todas las zonas para la defensa del país.

"Todos debemos condenar este tipo de acciones y el Gobierno debe revertir absolutamente ese posicionamiento que solamente incita al conflicto y a la confrontación. Pedimos se respete el derecho del pueblo a manifestar en paz", agregó, en referencia a las protestas opositoras convocadas para mañana en Venezuela y de venezolanos en el extranjero.

Almagro subrayó en su comunicado que "las manifestaciones pacíficas son un instrumento de paz, democracia y libertad", por lo que mañana "los derechos del pueblo -sean jubilados, estudiantes, amas de casas, trabajadoras y trabajadores- deben prevalecer sobre cualquier lógica de política represiva".

El miércoles, cuando se conmemora el primer grito independentista venezolano, los detractores de Maduro organizan una marcha para exigir elecciones y respeto a la autonomía del Parlamento, de mayoría opositora. 

La oposición promete "la mamá de las marchas", mientras el oficialismo asegura que ese día colmará las calles de Caracas.

Las protestas, que dejan cinco muertos y cientos de detenidos, estallaron luego de que el máximo tribunal se adjudicara las funciones del Legislativo, aunque la decisión se anuló parcialmente tras fuerte rechazo internacional.

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