CON PERMISO PARA MATAR

El fracaso del golpe contra el general Manuel Antonio Noriega ha sido un baldado de agua fría para el gobierno de Estados Unidos, que perdió una oportunidad única de sacar de la escena a su peor enemigo.
Pero además de mostrar las debilidades de la administración de George Bush, el episodio puso a muchos norteamericanos de la vieja escuela a recordar con nostalgia la época en que la CIA ponía y sacaba líderes extranjeros a su antojo, en operaciones encubiertas que siempre, o casi siempre, terminaban en éxitos contundentes.

En parte por esa nostalgia, y en parte para explicar la ineficacia de la intervención norteamericana en Panamá, la semana pasada el criticado director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, William Webster, soltó una bomba de grandes proporciones: para que lo de Panamá no se repita, la CIA buscará que la Presidencia y el Congreso modifiquen la interpretación de una directiva presidencial según la cual los agentes norteamericanos tienen prohibido involucrarse directa o indirectamente en asesinatos políticos.

La disposición concreta a la que se refirió Webster es la Orden Ejecutiva 11905, expedida en 1976 por el entonces presidente Gerald Ford. En esos años el Congreso y la Presidencia se encontraban en pleno debate por revelaciones según las cuales los agentes de la CIA habían orquestado el asesinato de Patricio Lumumba y los intentos contra Fidel Castro, Gamal Abdel Nasser y Chou En Lai. Ford decretó que "ningún empleado del gobierno de Estados Unidos podrá comprometerse ni conspirar en un asesinato político". Dos años más tarde Jimmy Carter amplió la prohibición, al adoptar la fórmula, repetida letra por letra por su sucesor Ronald Reagan, de que la norma se extendería a cualquier persona que actuara en nombre del gobierno norteamericano.

El problema, según Webster, es que esas disposiciones se han interpretado en forma tan restrictiva que abarcan cualquier operación que pudiera llevar a la muerte del dirigente que se proponen derrocar, aunque ella se presente "en el calor de la batalla".
Algunos observadores hacen remontar el origen de esa interpretación al recuerdo de la verguenza que pasó el gobierno norteamericano en 1963, cuando la CIA manejó los hilos del golpe contra el presidente surcoreano Ngo Dinh Diem, que terminó en la muerte del mismo. Otros no dejan de mencionar la muerte del presidente chileno Salvador Allende, víctima de un golpe en el que la intervención norteamericana fue casi evidente.

Sangrientos o no, lo cierto es que esos golpes terminaron en un éxito relativo desde el punto de vista político.
Y eso parece ser precisamente lo que quiere Webster: que los golpes que la CIA emprenda no tengan obstáculos de caráctrer legal. "Los Estados Unidos no se involucran en asesinatos individuales y selectivos", dijo Webster, "pero tienen otras preocupaciones prioritarias acerca de la seguridad y la protección de la democracia en áreas del mundo donde el país tenga un reclamo legitimo. Y cuando los déspotas se toman el poder en algún lugar, debe existir algún medio para enfrentarlos sin que se nos considere asesinos". Cuando se le preguntó si la interpretación que propone hubiera cambiado algo en el golpe contra Noriega, el director de la CIA contestó que no estaba seguro si en el pasado, pero que muy bien podría implicar una diferencia significativa en el siguiente, "porque la probabilidad de que el próximo que intrigue contra Noriega piense en la necesidad de sacarlo del camino es muy real".
Si esa frase implicó una amenaza inminente contra la vida del hombre fuerte de Panamá, es algo que aún está por verse. Entre tanto, Webster dio su propia versión de lo que propone: según él, lo que está claro es que un plan norteamericano para el asesinato de Noriega es abiertamente ilegal.
Igual cosa sucede si el asesinato se produce por medio de un grupo contratado especialmente al efecto.
Pero donde la interpretación debería hacerse más laxa sería en el caso, por ejemplo, "de un grupo que dice que no planea matar a nadie, pero que piensa jugar rudo, con cualquier consecuencia".

Por supuesto, no todos los golpes que la CIA ha patrocinado terminaron en la muerte del afectado. Ese no fue el destino de Mohamed Mossadegh, el primer ministro que había sacado en 1953 al Shah de Irán, repuesto en el trono sólo una semana más tarde. Ni tampoco el del presidente guatemalteco de izquierda, Jacobo Arbenz, derribado en 1954. Pero la libertad de acción propuesta por Webster deja abiertos grandes interrogantes.

Por eso, no es extraño que lo que venga ahora sea un debate enconado entre los defensores de la posición de Webster--la Casa Blanca incluida y sus detractores, príncipalmente desde el Parlamento. El representante Anthony Beilinson, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, dijo que la administración de Bush, Webster incluido, lo que estaba tratando de hacer era echarle la culpa de su fracaso a las restricciones impuestas por la orden presidencial. "Creo que no es justo usar el caso de Panamá para cambiar una disposición que resulta tan razonable". Beilinson dijo que, antes que determinar si debía o no matarse a los líderes rivales, lo que debería examinarse es la moralidad de deponer gobiernos extranjeros, sin importar lo malos que ellos resultaren. En la misma línea, el representante Lee Hamilton dijo que que se encontraba confundido por la posición de Webster: "Nadie perteneciente a los servicios de inteligencia del país había dicho antes que el actual director de la CIA, que esa (la orden presidencial) fuera una orden que los tuviera maniatados". El fracaso de Panamá no resulta, según él, suficiente para un cambio tan súbito de criterio.

En medio del debate que se ha suscitado, han surgido opiniones que consideran la prohibición de matar líderes extranjeros una falacia hipócrita. Al fin y al cabo, dicen quienes defienden esa tesis, los Estados Unidos no han dejado de tomar tal o cual actitud bélica por evitar las pérdidas humanas. De esa afirmación son testigos los muertos del ataque contra la residencia del coronel Muammar Gaddafi. Esos comentaristas piensan que la directiva presidencial vigente lleva al absurdo de que sea permisible matar a la hija de 18 meses del coronel libio, mientras que si el propio lider hubiera muerto se hubiera configurado una "ilegalidad".

Sea como fuere, el tema de los asesinatos políticos está sobre el tapete de la escena política norteamericana.
Lo que muchos observadores internacionales se preguntan hoy es si los Estados Unidos realmente están al borde de regresar a las prácticas del Big Stick del primer Roosevelt, o si, en realidad, esas prácticas nunca han dejado de estar en el orden del día. Lo que no deja de asombrar es que a estas alturas, en las postrimerías del siglo XX y en la era postindustrial, se siga discutiendo no sólo si la intervención en asuntos internos de países soberanos es aceptable, sino si la muerte del líder de un país, eventualmente considerado indeseable por el gobierno de turno en Washington, es una posibilidad fríamente calculada.