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| 7/26/2014 5:00:00 PM

Condena por adelantado en Venezuela

Para el gobierno, el político opositor Leopoldo López es culpable en un juicio que apenas comienza. El presidente lo amenaza, los jueces no reconocen sus testigos y la Fiscalía aparece como perjudicada por sus ‘delitos’. El proceso recuerda las peores épocas del caudillismo latinoamericano.

“Liberen a Leopoldo, liberen a Leopoldo”, gritaban a escasos metros de la entrada del Palacio de Justicia en Caracas una decena de simpatizantes de Leopoldo López, político opositor venezolano, quien fue llevado a juicio el pasado miércoles. Lo trasladaron desde la prisión militar de Ramo Verde, donde se encuentra recluido desde hace cinco meses, luego de que él mismo se entregó a las autoridades. Su familia denunció que, hasta el viernes pasado, lo mantuvieron aislado de otros prisioneros. La fiscal general, Luisa Ortega negó tal situación, argumentando que a López le daban permiso de ir a misa con otros reos y que le permitían tener en su celda dos periquitos.

A pesar de que se supone que es un juicio público y oral, a los medios de comunicación no se les permitió la entrada a la audiencia. Los abogados de López explicaron que la juez Susana Barreiros decidió, amparada en una sentencia del Tribunal Supremo, que la presencia de medios o de otras personas en el juicio era un asunto discrecional. Esta es solo una de varias decisiones controvertidas en un proceso judicial que apenas comienza pero parece no ofrecer garantías de un debido proceso para López, quien es considerado dentro de la oposición venezolana como el prisionero político de mayor relevancia.

López está siendo juzgado junto con otros cuatro jóvenes, por los sucesos violentos del pasado 12 de febrero, cuando una marcha convocada por los estudiantes hasta la sede de la Fiscalía General, desembocó en actos de vandalismo y destrozos contra la sede de la institución, la quema de algunos vehículos oficiales y enfrentamientos con la fuerza pública. A López le imputan cuatro delitos relacionados con esos hechos: instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir.

Dentro del proceso judicial se consideran como víctimas el Estado venezolano, específicamente la Fiscalía general, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y la colectividad en general. Y ahí está el primer problema pues la Fiscalía es al mismo tiempo el ente investigador, acusador y víctima. Según el abogado de López, Juan Carlos Gutiérrez, los testigos que la Fiscalía está presentando son los mismos funcionarios de la institución.

La defensa de López denunció además que la juez Barreiros admitió las 56 pruebas de la Fiscalía, pero no permitió los 70 testigos presenciales y 15 videos, que según Gutiérrez pueden demostrar la inocencia del acusado. “¿En qué caso criminal de la historia del mundo se niegan los testigos presenciales de un hecho?”, dijo. Por tal motivo han pedido recusar a la juez.

Los abogados también pidieron aplazar el juicio e incluso amenazaron con no presentarse en la audiencia el pasado miércoles. La estrategia no les sirvió de nada, el juicio comenzó, y según comentó Freddy Guevara, dirigente del Partido Voluntad Popular, cuyo coordinador nacional es Leopoldo López, la juez advirtió que si los abogados no se presentaban, le nombrarían a López un defensor público.

Los abogados y familiares de López tampoco entienden cómo se está abriendo un juicio basado en evidencias que no prueban su culpabilidad. Entre ellas mencionan un estudio del discurso de López hecho por un analista que, afirman, milita en el partido del gobierno PSUV. El Universal publicó en días pasados un fragmento de uno de estos análisis que presentarían para incriminar al dirigente opositor y que concluye: “La fuerza discursiva y el ascendiente del ciudadano Leopoldo López como político es incuestionable, pues él ha fungido como el catalizador de molestias sentidas por una parte significativa de la población venezolana; de allí que lo que él diga o pueda transmitir a su audiencia sea transferido efectivamente, tanto, que sus destinatarios se sienten animados a seguir, en acciones, lo que este les indica que deberían hacer, aunque no les explique claramente”.

Sin embargo, el 12 de febrero quienes estuvieron presentes en el momento en que llegó López frente a la Fiscalía, vieron la poca capacidad de convencimiento e influencia que tuvo sobre los manifestantes. Montado encima de una camioneta y con un megáfono en la mano dijo que la protesta era pacífica y no violenta, y pidió a los miles de manifestantes que se sentaran en el piso y guardaran silencio durante unos minutos para demostrarlo. Pero solo unos pocos le hicieron caso. Luego le pasó el megáfono a la líder estudiantil Gabriela Arellano, quien recibió incluso más aplausos que él. A los pocos minutos, López se retiró del lugar, por lo que no estuvo presente cuando empezaron los disturbios y ataques contra la sede de la Fiscalía.

La supuesta capacidad de influencia en la población, casi de forma subliminal, es un argumento que el chavismo ha utilizado en otros casos contra sus enemigos y que sienta un mal precedente para este caso. El comisario Iván Simonovis, quien terminó condenado por las muertes del 11 de abril de 2002, relata en su libro que en su juicio la Fiscalía argumentó que tenía la capacidad de hipnotizar a otros para que fueran a matar al presidente Chávez. El fallecido presidente le habría dado la orden a la Justicia de condenar como fuera a Simonovis, según confesó desde el exilio el juez del caso, Elidio Aponte.

Valga recordar que Chávez también exigió públicamente la condena a priori de la juez Maria Lourdes Afiuni. Por estos antecedentes, es un mal indicio que el presidente Nicolás Maduro, dijera el mismo miércoles, mientras se desarrollaba el juicio, que López era una ficha de los gringos, que tenía una visión mesiánica, que “embasura”, “envenena” y “enloquece” a la gente y lo condenara públicamente a través de los micrófonos: “Tiene que pagar ante la Justicia y va a pagar ante la Justicia”. Ante semejante cúmulo de abusos, es difícil evitar hacer comparaciones con épocas que parecían superadas en América Latina.
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