Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1998/08/31 00:00

CONDENADOS

Felipe González es el gran perdedor ante el fallo en contra de sus ministros en el caso de terrorismo de Estado conocido como GAL.

CONDENADOS

A la una y dos minutos de la tarde del miércoles de la semana pasada España se paralizó. Las cadenas de radio y de televisión transmitían la voz de un magistrado desde el Tribunal Supremo, en Madrid, que leía la sentencia por el secuestro del ciudadano Segundo Marey hace 15 años en Francia: "Condenamos al excelentísimo señor José Barrionuevo y a Rafael Vera a las penas de 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta".
Con la severa sentencia es la primera vez en la historia de Europa que un ex ministro del Interior y un ex director de Seguridad del Estado van a la cárcel por semejante delito. Pero ahora la atención se centrará en dos de los hombres más influyentes de este país, el ex presidente del gobierno Felipe González y el juez Baltasar Garzón.
¿Por qué? Para nadie es un secreto que González quedó herido. La justicia halló culpables de secuestro no sólo a Barrionuevo y Vera, sino a 10 personas más, algunas pesos pesados de su Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Las consecuencias serán de gran magnitud tanto dentro como fuera del país.
Así, el diseño del mapa político variará de acuerdo con el uso que le den las distintas fuerzas al caso. Y aquí el PSOE de González lleva las de perder. De hecho, muchos analistas consideran que si éste perdió las elecciones frente al Partido Popular (PP) y su líder José María Aznar fue porque la opinión pública española estaba asqueada de las revelaciones sobre la participación del PSOE en la creación del Grupo Antiterrorista de Liberación (GAL), el cual decidió combatir con sus mismas armas a la organización terrorista vasca ETA. Aunque en el caso del comerciante Segundo Marey no se estableció la vinculación de Barrionuevo y de su entorno con los GAL, los dirigentes del PP se muestran confiados cuando afirman que "aún quedan 28 asesinatos por esclarecer", esto es el número de víctimas del GAL en tiempos de la guerra sucia.
En cambio el PP puede aferrarse aún más al poder con una carta bajo la manga a la hora de las elecciones: un indulto para los condenados. De hecho, el mismo miércoles, en el Palacio de La Moncloa el líder catalán y socio del actual gobierno, Jordi Pujol, le pedía al presidente Aznar que actuara con "magnanimidad", "generosidad" y "sentido común", en otras palabras, dejaba caer la posibilidad de que el presidente concediera un indulto para los acusados. Aunque Aznar no respondió, su ministro de Defensa, Eduardo Serra, admitió que el indulto "era una posibilidad'.
El jueves, cuando Barrionuevo y Vera fueron al Tribunal Supremo a notificarse de la sentencia, sostuvieron que ellos no solicitarían el indulto por ser inocentes y que el fallo en su contra se debía a que "la derecha y algunos sectores de la justicia están coligados". En este orden de cosas, Aznar optó por pasar agachado y probablemente sacará la carta en el momento preciso. Un indulto antes de las elecciones, previstas para dentro de dos años, le daría al PP un aire de generosidad del que ahora carece. Y aunque el candidato de los socialistas será Josep Borrel, la responsabilidad de la eventual derrota iría nuevamente contra Felipe González.
De cara al exterior las cosas son más graves. El caso le ha hecho perder a González casi todas las posibilidades de obtener, en junio de 1999, la presidencia de la Comisión Europea, a la que era el más firme candidato. Aunque se da por descontado que el ex presidente del gobierno español seguirá recibiendo el apoyo de su amigo Helmut Kohl y seguramente del primer ministro francés Lionel Jospin, ahora tiene la opinión pública en contra. El semanario británico The European sostuvo, por ejemplo, que "El caso GAL es la mancha más negra en la hoja de servicios de González justo cuando está haciendo campaña para presidente de la Comisión Europea".
En el juego de poder que se maneja en Europa quedaba claro que no era una coincidencia para los periódicos italianos que la candidatura del primer ministro italiano, Romano Prodi, "cobra una vigencia extraordinaria". Así se entendía el contundente título del Corriere della Sera, que en su edición del viernes anunciaba: "La guerra sucia hunde a González". Por su parte el diario La Stampa escribió que: "La sentencia es un "peso" sobre el "futuro del amigo andaluz de Kohl, candidato número uno para presidente de la Comisión Europea".
Y si mientras Aznar, en particular, y el PP en general pueden utilizar el fallo para un triunfo electoral futuro y González seguramente perderá la presidencia de la Comisión Europea, el ganador indiscutible es el juez Baltasar Garzón, quien cogió este caso y evitó que prescribiera, a principios de los años 90. Aunque se le acusa de haber utilizado información de primera mano cuando militó en el PSOE (fue segundo en la lista, detrás de González y abandonó el partido al no ser nombrado ministro del Interior), no hay dudas de que Garzón realizó un trabajo impecable. "EL Tribunal Supremo le dio toda la credibilidad jurídica a la instrucción realizada por el juez Garzón", dijo a SEMANA el analista jurídico Juan Ramón Rodríguez Madridejos. "Hay que tener en cuenta que Garzón es juez de la Audiencia Nacional, instancia que no juzga a los imputados por su condición de ex ministros, ex secretarios de Estado y altos cargos de la administración pública. La sentencia del Tribunal Supremo mantiene una fidelidad absoluta a la fase de instrucción".
Garzón, que estudió en las mismas aulas de la Universidad de Sevilla donde se formó González, consolida su peso en momentos en que ha ordenado el cierre del periódico Egin, acusándolo de ser una máscara de ETA. Así el juez demuestra que es posible atreverse a enfrentar a ésta con armas legales y sin necesidad de recurrir al terrorismo. "Porque eso equivale a utilizar las mismas armas, con lo que se debilita el Estado de derecho", dijo el jueves de la semana pasada ante un auditorio de estudiantes que lo premió con una salva de aplausos.
Aunque el caso podrá quedar suspendido durante el veraniego mes de agosto, tiempo en el que la justicia española entra en receso, lo cierto es que este mes será negro. El escritor Antonio Muñoz Molina no tiene dudas: "Al cabo de tantos años una víctima al menos, Segundo Marey, ha obtenido alguna clase de reparación. Ha terminado este juicio, pero continúa el sórdido espectáculo de la política española".

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