Correa y Assange, extraña pareja

El enfrentamiento diplomático entre Gran Bretaña y Ecuador por el asilo a Julian Assange llevó al país suramericano a quedar bajo un inusual foco de atención mundial. Horas antes de conocerse la noticia de que Quito había otorgado el asilo al hacker, el canciller Ricardo Patiño afirmó que Gran Bretaña estaba amenazando con entrar en la embajada en Londres a apresar a Assange. “Hasta el momento, Ecuador no ha recibido una disculpa del Reino Unido sobre aquella ofensiva carta”, dijo Patiño a SEMANA y adelantó que se reunirá en Quito con los cancilleres de la Alba y Unasur para adoptar una posición conjunta frente a las amenazas.

Assange está refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres desde el 19 de junio, en un intento por evitar su extradición a Suecia, donde dos mujeres lo acusan de abuso sexual y violación. El gobierno de Quito ha reiterado que como el hacker australiano está acusado de una ‘filtración masiva’ de documentos de Estados Unidos, conocidos como Wikileaks, no recibiría un juicio justo, sería objeto de violaciones a sus derechos humanos y correría el riesgo de terminar extraditado a ese país donde, como advierte Patiño, estaría sujeto a la pena capital por espionaje.

Sin embargo, expertos consultados por SEMANA indicaron que ese resultado sería altamente improbable. No solo Washington ha negado reiteradamente que esa sea su intención, sino que el sistema judicial sueco, uno de los más confiables del mundo, no está sujeto a presiones políticas ni extraditaría a alguien sin garantías expresas de que no se le aplicaría la pena de muerte.

El gobierno ecuatoriano defiende su posición como un intento de proteger los derechos de Assange bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Pero los ingleses piensan otra cosa. “Es verdad que las dependencias diplomáticas son inviolables según la Convención de Viena” explicó a SEMANA David Bentley, experto británico en derecho internacional, pero recuerda también que “Ecuador está igualmente obligado a respetar las leyes de Gran Bretaña. Ecuador está equivocado”.

En efecto, la Ley de Recintos Diplomáticos y Consulares de 1984 (que nunca ha sido aplicada) establece que el secretario de Estado de Gran Bretaña puede retirar el reconocimiento de la extraterritorialidad de una sede diplomática si considera que hacerlo está permitido por la ley internacional. En el caso de Assange, aunque la posibilidad es remota, el secretario de Estado podría teóricamente tomar dicha medida puesto que, como explica Bentley, “Ecuador ha ignorado el hecho de que Assange es acusado de un delito común y está sujeto a una extradición bajo el tratado firmado con Suecia y que, para el gobierno británico, eso es suficiente causa para extraditarlo, a lo que se suma que ya violó su detención domiciliaria”. El experto se refiere a la Convención Europea de Derechos Humanos y sus cinco protocolos firmados entre 1950 y 1966, bajo la cual el país escandinavo pide la extradición de Assange.

En Gran Bretaña, como en el resto de Europa y en Estados Unidos, no existe el asilo diplomático en las embajadas sino solo la figura de asilo político que tendría que ser concedido por Ecuador en su propio territorio. Además, para los británicos, el tratado firmado en la Convención Europea de Derechos Humanos es más vinculante que la Convención de Viena. Como dice Bentley: “Nosotros no podemos actuar en contra de la Convención Europea”.

Por todo eso, la cancillería británica insiste en que no otorgará a Assange el salvoconducto para viajar a Ecuador.y que lo apresará en cuanto ponga un pie en la calle. De ese modo, la duración del impasse dependería de la capacidad del australiano para dormir en un colchón inflable en una oficina.

Y, sobre todo, el episodio resulta de una ironía insoslayable. Que Rafael Correa, acusado nacional e internacionalmente de restringir la libertad de expresión en su país, sea quien ofrezca asilo al hombre que se precia de ser el adalid mundial de ese derecho, es tan increíble como que el propio Assange se lo solicite.