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| 7/22/2017 10:15:00 PM

Maduro: ¡Atrincherado!

Con 100 muertos en la calle y la comunidad internacional en contra, Maduro desafía al mundo con la constituyente. Su futuro depende de los militares y de sus propias disidencias.

Quien pueda ver el pano-rama venezolano con cierta distancia notará que las acciones del presidente Nicolás Maduro le han rendido, al menos, un fruto: controlar la narrativa política. Y eso, no es despreciable.

Durante buena parte del año pasado, el gobierno venezolano lucía contra las cuerdas, a la defensiva. En 2017 la arremetida fue contundente: retrasó un año las elecciones regionales que debieron ser en diciembre 2016, anuló partidos políticos, mantuvo en las cárceles a disidentes, anuló al Legislativo y rompió definitivamente el hilo constitucional.

Así se iniciaron las protestas en abril, las mismas que sin descanso se han ido recrudeciendo durante más de 100 días, con más de 100 muertos. Ya con la leche derramada, Maduro puso sobre la mesa la constituyente y retomó el protagonismo y la narrativa.

Pero, como dicen en Venezuela, “nadie tiene agarrado a Dios por la chiva”. Al contrario. Con todo y sus relativos éxitos estratégicos, el régimen de Maduro luce atrincherado, desesperado, a la ofensiva como último recurso para sobrevivir. Además, cada vez está más solo, con aliados históricos marcando distancia, como la fiscal Luisa Ortega Díaz y toda una plana de exministros de Hugo Chávez. También, con las grietas evidentes de un mercado político que dejó de recibir beneficios clientelares. La gobernabilidad sigue siendo impensable y la ‘normalidad’ es un concepto imposible.

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Ahora la protesta busca detener esa constituyente que muchos ven como el final de la vida republicana del país, incluso algunos chavistas que ahora se asumen como disidentes, en defensa del ‘verdadero’ legado de Hugo Chávez. Gabriela Ramírez, ex defensora del Pueblo, afirma que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que el gobierno se empeña en reunir se puede erigir en un suprapoder para “desmantelar instituciones” y acabar definitivamente los pesos y contrapesos del Estado. “Todas estas señales son tremendamente preocupantes y graves para la democracia. De concretarse estos anuncios, el 30 de julio estaríamos asistiendo a la sepultura del legado del presidente Chávez junto con la Constitución”.

Y Diosdado Cabello, primer vicepresidente del partido de gobierno, el PSUV, y candidato a la ANC, lo ha dicho claramente: la constituyente eliminará al Parlamento, la inmunidad de sus miembros, “volteará” la Fiscalía General y alineará las cargas del poder tras Nicolás Maduro. Este jueves la primera dama, Cilia Flores, también postulada, afirmó que con la ANC el presidente “podrá seguir gobernando en paz”.

Con afirmaciones como esa, el régimen se anotó un triunfo al cambiar el fondo del debate. “Veo a un gobierno que estuvo a la defensiva y ahora va a la ofensiva, va cambiando. Maduro tiene más vida de la que se le atribuye. Creo que llega a 2018”, dijo a SEMANA el politólogo Ricardo Sucre. Pero el filósofo Daniel Esparza hace un apunte realista: “Es preciso recordar que la protesta no comenzó como una reacción contra la constituyente. Hay gente comiendo de la basura”.

En cualquier caso, Venezuela se enfrenta al 30 de julio, la fecha fijada para elegir la constituyente. Y esta luce imparable. “No veo a los dirigentes de la oposición con capacidad para detenerla, pues hay una voluntad estratégica firme del gobierno de avanzar en esa materia”, dice el politólogo John Magdaleno.

Andrés Velásquez, dirigente de la Mesa de la Unidad por el partido Causa R, cree que Maduro no va a pararla. Pero “esa elección, ese fraude, va a tener muchos contratiempos porque el pueblo está que arde. Nosotros llamamos al boicot general de esa estafa política. Si logran imponerla con una pírrica participación, la vamos a desobedecer”. La encuestadora Datanálisis cifra en 66,5 por ciento el rechazo a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, y afirma que 83,4 por ciento de los venezolanos considera innecesario modificar la Constitución actual, según un estudio flash realizado entre el 7 y el 12 de julio.

Una apuesta arriesgada

Según Magdaleno, el planteamiento de ir a una constituyente presenta “un formato estratégico similar al del presidente (Hugo) Chávez entre julio de 2001 y 2004, cuando precipitó la crisis para buscar reequilibrar al régimen”. El también director de la firma Polity deja abierta la posibilidad de que a Maduro le salga el tiro por la culata. “Él está intentando utilizar la constituyente para neutralizar a la oposición, reencuadrar estratégicamente la disputa, y debilitar a los factores internos de descontento que pudieran configurar una nueva coalición. Me temo que esa jugada le puede costar el cargo y la legitimidad del sistema político”.

Según Michael Penfold, investigador global del Woodrow Wilson Center, en un escrito para Prodavinci, “si el gobierno insiste en avanzar con la constituyente se encontrará con una sociedad aún más rebelde que no dudará en salir a defender sus derechos con más fuerza”, con las probabilidades de rupturas mucho más elevadas.

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Es en efecto un cálculo de alto riesgo, comenzando porque el propio presidente tiene que poner su cargo a la orden de esa constituyente que, como se ha dicho, tendrá más poder que él mismo. Entonces, Maduro también camina por el borde del precipicio. Gabriela Ramírez, que conoce el monstruo por dentro, afirma que hay “grupos de poder cruzado y los que tengan más influencia o peso van a conducir al gobierno”. Diosdado Cabello, por ejemplo, busca presidir la ANC y el efecto de ello sería muy distinto a que lo haga otra figura fuerte del oficialismo: la primera dama, Cilia Flores.

Esas facciones entraron a debate el domingo 16 de julio, cuando el Alto Mando Político de la Revolución se reunió a analizar la masiva presencia de sectores populares en la consulta de los opositores contra la constituyente. Según afirmó el portal Crónica Uno basado en fuentes internas del gobierno, “se habló de la posibilidad de retirar la iniciativa de la ANC. Sin embargo, el tema no fue aceptado por los radicales”, como Cabello, que logró imponerse argumentando que “la propuesta cogió fuerza en el oficialismo, despertó a la militancia y la embarcó en esta nave, por lo que sería ‘una traición’ cambiar de rumbo”.

Magdaleno observa un equilibrio chavista precario. “Para mí es claro que la transición se puede acelerar en la medida en que más sectores se unan en una coalición que involucre al chavismo descontento, que como la oposición ve en la permanencia del gobierno una amenaza”. No obstante, aún su escenario más probable tiene a Maduro sentado en Miraflores, al menos, hasta 2018.

Moneda de cambio

El sábado 8 de julio Leopoldo López regresó a su casa, luego de tres años y medio preso en una cárcel militar. Ahora puede recibir visitas, sostener reuniones políticas y dictar línea a su partido Voluntad Popular.

¿Era López el activo más valioso de Maduro? La hipótesis es otra. La mayor moneda de cambio del gobierno sería la constituyente en sí misma. En una reunión privada de inversionistas, un analista venezolano explicaba este jueves que avanzar más allá del 30 de julio es fundamental para Maduro, pues con los poderes extraordinarios podrá tener leverage para negociar con sus opositores. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, sería un convencido de que la negociación política es inminente y que suspender la ANC podría abrir los cauces. Pero su voz no ha sido suficiente y la elección va.

Quedan entonces los niveles de participación. “Allí está la legitimidad”, apunta Ricardo Sucre. El presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, dice que es muy difícil vaticinar la participación del 30 de julio, pues un buen porcentaje de los votos sería inducido a través de los programas sociales y las nóminas estatales. Nadie espera que participe más de 30 por ciento, en el mejor de los casos. El domingo 16 de julio, durante un balance del simulacro organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el jefe de campaña chavista, Héctor Rodríguez, admitió que usaron estructuras de los Comités Locales de Abastecimiento (Clap) y del Carnet de la Patria –un registro de beneficiarios de programas sociales– para asegurar la participación.

Según las propias declaraciones de voceros del oficialismo, la constituyente servirá para apuntalar la hegemonía política. Las campañas dicen que buscan solventar problemas económicos. Algunos candidatos ‘del pueblo’ proponen volver norma constitucional la inamovilidad laboral y hasta la entrega de bolsas de comida, pero los dirigentes confirman las intenciones reales. “Que Maduro siga gobernando”, dijo Cilia Flores, la primera dama. “Aniquilar a la derecha”, soltó el exfiscal Isaías Rodríguez. “Revisar la noción de debido proceso”, asomó el exministro Elías Jaua. Asumir las funciones de la Asamblea Nacional, ha dicho una y otra vez Diosdado Cabello. Meter presos a opositores, confirmó Nicolás Maduro este jueves en referencia al primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara. Todo un mundo para negociar.

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Votar para la foto

El avance del gobierno con su constituyente luce definitivo. Logró imponer una elección indirecta, sectorial y territorial para garantizarse la mayoría de los escaños, aun si la oposición participara. Utiliza los medios de comunicación, públicos o privados, para masificar el mensaje de participación. Desde ya amenaza a trabajadores públicos de votar so pena de consecuencias. Reparte listas para registro electoral de movilización y “fichaje” de personas. Activó un sistema de control a través de mensajería de texto donde los dependientes del Estado deben, obligatoriamente, participar.

Y su Consejo Nacional Electoral (CNE) se la puso fácil. Por una parte, al violar el principio de representatividad en las votaciones –un municipio con 1.200 electores escogerá un asambleísta, y un municipio de 800.000 también– y al construir listas sectoriales inauditables. Y por la otra, militarizó aún más el proceso y convirtió los centros de votaciones en “zonas de seguridad”.

Pero lo que más preocupa al gobierno es la foto, que la participación luzca masiva. Por eso el CNE activará el 30 de julio los 14.515 centros utilizados para las parlamentarias de 2015, pero redujo la cantidad de mesas electorales de 40.601 a 24.138. Así, buscarían generar un efecto embudo que alargue colas y muestre cierta congestión.

¿Y los uniformados qué?

Henrique Capriles dice que “dentro de la Fuerza Armada además hay una completa división” con respecto a la constituyente. El exministro de Interior y militar retirado Miguel Rodríguez Torres ha dicho que la ANC “rompió la unidad monolítica de la Fuerza Armada” (FAN).

Maduro ha hecho todo lo posible para asegurarse apoyos castrenses. En junio, obligó a las diez promociones más jóvenes de la FAN a escuchar charlas que ensalzaban la iniciativa. Más adelante, incluso, invitó a algunos de estos oficiales a almuerzos y les ofreció vehículos y vivienda, reveló el periodista Javier Ignacio Mayorca.

Por otra parte, el Ministerio de la Defensa entrena tropas para activar la Operación Flecha, una fase más letal del Plan República que resguarda eventos electorales, según documentos publicados por El Estímulo. Entretanto, el 5 de julio, un grupo de generales de los cuatro componentes remitió al secretario general de la OEA una misiva en la que sugieren que no acatarían la orden de ir contra la población civil, en el caso en que lo ordene el presidente Maduro. Y continúan las detenciones de oficiales generales, superiores y subalternos que han expresado su rechazo a la iniciativa constituyente.

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, ha reiterado que los militares defenderán la constituyente y llamó a participar en su elección. Ello a pesar de que la pregunta más votada en la consulta popular fue, justamente, la que emplaza a la Fuerza Armada a defender la Constitución vigente y acatar las decisiones de la Asamblea Nacional.

Mientras tanto, la represión no amaina. Este jueves 20, durante un paro nacional, se registró la mayor arremetida: 367 detenciones, 34 heridos de gravedad –15 por balas– y 4 muertos en una sola jornada.

El riesgo de dejarse medir

El domingo 16 de julio esa rebelión se contabilizó: 7,5 millones de personas participaron en una jornada de protesta, una consulta popular convocada por la Asamblea Nacional, de carácter no vinculante y sin participación del Poder Electoral. Respondió a tres preguntas: el rechazo a la constituyente, un llamado a la Fuerza Armada a respaldar al Legislativo y la exigencia de elecciones y la conformación de un gobierno de unidad nacional.

La historiadora Margarita López Maya cree que “los costos políticos de desobedecer el mandato popular para los actores atrincherados en el poder se van a hacer cada vez más altos”. Recuerda que, para la comunidad internacional, “el gobierno de Maduro es un actor incómodo, aislado, criticado”, y por eso las presiones aumentan.

El abogado especialista en derecho internacional y relaciones internacionales Mariano de Alba ha estudiado esas presiones (ver recuadro). Hasta ahora al menos 12 países han pedido suspender la constituyente. Pero la respuesta de Venezuela fue acelerar el paso, asumir la constituyente como una acción principista contra el imperialismo. No es la primera vez que Caracas asumiría ignorar a la comunidad internacional, siguiendo la actitud mostrada en la Organización de Estados Americanos cuando optó por el retiro.

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“Los organismos multilaterales no están en su mejor momento y Caracas está sacando ventaja de esas tensiones”, expone el internacionalista Carlos Romero. Ello obliga a prestar más atención a los efectos de la condena internacional (ver recuadro) y de las sanciones unilaterales, como las que anunció el gobierno de Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, afirmó el jueves que “Estados Unidos tomará fuertes y rápidas acciones económicas” si se impone la ANC.

Se trata de medidas que afectarían el corazón del negocio petrolero, la savia fundamental de la revolución bolivariana, y marcar las relaciones con otras naciones. Si Washington afecta la compra de crudo, siendo de los pocos clientes que paga puntualmente, la estatal PDVSA podría declararse en default y no cumplir sus compromisos adquiridos.

El analista económico y director de Econométrica, Henkel García, da por descontado que el país caería en cesación de pagos para poder hacer frente a las importaciones, que se contraerían aún más. En el primer cuatrimestre de este año, las adquisiciones totalizaron 3.000 millones de dólares, 30 por ciento menos que en igual lapso de 2016, de acuerdo con datos de Torino Capital. Tomando en cuenta que buena parte del ingreso del país se destina a pagar la deuda, la escasez de productos para el mercado interno se agravaría.

Las amenazas de sanciones de Trump además se registran en una etapa en la que el envío diario de barriles a Estados Unidos ha aumentado. Las cifras de USA Trade Census Bureau muestran en los tres primeros meses de 2017 un aumento de 88,91 por ciento en comparación con el primer trimestre de 2016.

Y la tendencia se mantiene: solo Estados Unidos paga en efectivo la compra del oro negro. Desviar el negocio hacia China, el segundo gran comprador de Venezuela, significaría entregar efectivo que los asiáticos usarían para amortizar sus créditos.

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De hecho, los ingresos de PDVSA han caído por la baja en la producción, que está en 2,1 millones de barriles diarios con un precio promedio de 43 dólares. La contracción se refleja en el saldo de las reservas internacionales que se encuentran en 9.900 millones de dólares, un nivel históricamente bajo. El propio Diosdado Cabello dijo el jueves que ya Estados Unidos ha bloqueado “toda posibilidad de financiación a la revolución”.

Y aunque dentro del país se imponga la tesis de que la presión foránea no tiene efectos ciertos, “allí están las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al igual que sus detallados informes. También las dos Evaluaciones Periódicas Universales que han hecho las Naciones Unidas a Venezuela y los tres informes presentados por el secretario general de la OEA, así como las denuncias que vienen alimentando expedientes en la Corte Penal Internacional”, enumera la también internacionalista Elsa Cardozo, en entrevista para El Estímulo.

La apuesta de Maduro es fuerte y no tiene marcha atrás. Con un pueblo que ya demostró que no lo quiere, con el chavismo resquebrajado y con una oposición en condiciones de paralizar el país, la única salida que le queda a su régimen es reprimir los escenarios de expresión democrática y militarizar aún más el gobierno. La gran pregunta es hasta cuándo seguirá teniendo el apoyo de las Fuerzas, hoy por hoy el mayor pilar de su régimen. n

Los timoneles de la oposición

Las dos figuras fundamentales están inhabilitadas y la coalición se compromete a buscar una figura de consenso para la transición.

Los dos líderes mejor valorados del antichavismo no pueden competir en elecciones. Henrique Capriles está inhabilitado por la Contraloría General, y Leopoldo López al ser un condenado a prisión tampoco puede presentarse a votaciones. Pero sus números siguen siendo guía para determinar fortalezas. En cualquier caso, Capriles ha dicho que “no estamos ni siquiera en tiempos de pensar en eso, pues la amenaza es perder el voto como derecho y el país como república”.

Otras figuras tienen peso fuerte en la oposición, como Henry Ramos Allup, Julio Borges, María Corina Machado, Henri Falcón o incluso Manuel Rosales, ahora muy silencioso pero decisivo en las acciones del partido Un Nuevo Tiempo de la alianza opositora, juegan en una segunda línea.

Este miércoles 19 de julio, la Unidad presentó un documento titulado ‘Compromiso Unitario para la Gobernabilidad’, donde dictan la línea de acción que tendrá un eventual gobierno de transición encabezado por un candidato presidencial electo por primarias. “Y una vez escogida, esta persona renunciará a su derecho a la reelección inmediata”. Es decir, una figura para la transición solamente. Analistas sugieren que entre los dirigentes de la oposición para ese rol pudieran optar el propio Ramos con sus 70 años, el encarcelado alcalde Antonio Ledezma y hasta el mismo Henri Falcón, proveniente del chavismo. Algunos no descartan que la fiscal Luisa Ortega Díaz pueda pensarlo.

Los bastiones del régimen

Maduro se erige como el único capaz de unificar al chavismo fiel a la revolución.

Nicolás Maduro, gran heredero del proyecto político de Hugo Chávez, sabe lo importante que es tener al lado a oficialistas chavistas de pura cepa. En momentos de crisis son ellos los que pueden, con poder e influencia, mantenerlo en el poder y, llegado el momento, reemplazarlo como cabeza de un chavismo criticado hasta la saciedad.

Dentro de los paladines del mandatario, el que funciona como su mano derecha es sin lugar a dudas Diosdado Cabello; tanto es así que hay opinadores que hablan de maduro-cabellismo. Las razones son dos: cercanía con los militares y su amplia red de amigos y familiares que ocupan altos puestos estatales. Además, después de haber sido presidente de la Asamblea Nacional, hoy en día sabe exactamente cómo criticarla y bloquearla, lo que ha sido clave para el gobierno de Maduro.

Otros miembros del chavismo hacen peso burocrático, pero no popular. Sus funciones son claves para no darle respiro a la oposición y para mantener a la revolución bolivariana en el poder. Por un lado, Tareck El Aissami, vicepresidente desde enero de 2017, tiene la tarea de disminuir la delincuencia y evitar posibles golpes de Estado (ha detenido a varios miembros de la oposición), y además su lengua es una de las más mortíferas en Twitter. Sin vacilación ha calificado a la oposición de “terrorista” y a políticos como Henrique Capriles de “asesino”. Por el otro lado, Elías Jaua, presidente de la comisión presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), es el estratega que tiene la misión de llevar hasta sus últimas consecuencias la constituyente, hecho que podría radicalizar la crisis democrática del país vecino.

Presión internacional

La constituyente podría aislar a Venezuela y enfrentarla aún más con las democracias de la región.

Antes y después de la consulta popular opositora que convocó a 7,5 millones de venezolanos en rechazo a la constituyente, las peticiones internacionales para suspenderla se sumaban. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha insistido en ello. El de Panamá, Juan Carlos Varela, dijo que “el único camino para lograr la paz social en Venezuela es suspender la constituyente, escuchar al pueblo y establecer el cronograma electoral”. La misma posición asumieron México y Canadá.

Pronunciamientos similares ocurrieron desde Alemania, España, Francia y Reino Unido en Europa. En América Latina lo han hecho además Argentina, Brasil, Costa Rica, Paraguay y Perú. Mercosur amenaza con expulsar a Venezuela del bloque regional. Entre los aliados de Maduro, Rusia y Cuba han hablado de diálogo y de bajar las tensiones, “aunque con un discurso que asume elementos dichos por el gobierno”, dice Mariano de Alba. China ha sido más prudente.

Según The Financial Times Juan Manuel Santos pasó a la acción de manera más fuerte y se reunió con Raúl Castro, para buscar una mediación internacional. Lo hizo con apoyo de Mauricio Macri y de Enrique Peña Nieto. Y al salir de la reunión dijo que el desmontaje de la constituyente “el mundo entero lo está pidiendo”. ¿Castro también? El experto Mariano de Alba recuerda que el dictador cubano no ha apoyado expresamente la constituyente venezolana “ni descalificó la consulta popular como Evo Morales”. Pero “el gobierno de Cuba, a pesar de ser muy influyente, no tiene la última palabra. Maduro y los grupos de poder son los que van a determinar hasta dónde llegan”. Apunta, no obstante, a que la Unión Europea y Estados Unidos pudieran emitir nuevas sanciones para funcionarios del régimen, y otros Estados decidirían acciones unilaterales como retirar sus embajadores.

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