Crisis política tras imputación a Cristina Fernández

Con la imputación de la presidenta Cristina Fernández por el supuesto encubrimiento de iraníes en el atentado de la mutual judía AMIA en 1994, que dejó 85 muertos, el fiscal Alberto Nisman habló desde la tumba. De la mano del fiscal Gerardo Pollicita, su última voluntad se ha cumplido contra la presidenta, el canciller Héctor Timerman, y otros dirigentes políticos ligados al oficialismo, lo que agrava la tormenta política desatada sobre el gobierno desde el 14 de enero, cuando Nisman presentó la denuncia antes de morir violentamente cuatro días después.

Pollicita retoma el trabajo del fiscal muerto y denuncia “la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa, para que eludan la investigación”, señalando que habría sido una “decisión deliberada”, tomada por Cristina Fernández y aplicada por los demás acusados, y que, además, “mientras transcurrían las negociaciones diplomáticas, el plan de impunidad avanzaba solapadamente a través de canales paralelos de comunicación y negociación con Irán, gestándose en aquel momento un aspecto fundamental del plan criminal”.

Los delitos que se imputan a la presidenta y a los demás acusados son de “impedimento o estorbo del acto funcional”, porque sería un atentado contra la libertad en el ejercicio de la actividad jurisdiccional en torno al caso AMIA, y de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La denuncia se apoya en más de 900 horas de grabaciones telefónicas.

Por ahora, Pollicita reclama una serie de medidas, pero no pide la indagatoria de los acusados, ni tampoco la detención de Cristina, como había evaluado Nisman en un borrador que fue encontrado en su apartamento tras su muerte.

El viernes, el gobierno presentó un escrito para refutar la acusación de Pollicita y Nisman, en el cual señala que no existe delito, por cuanto la denuncia se basa en indicios y escuchas telefónicas de otras personas, pero no de la presidenta ni del canciller; que nunca se pidió a Interpol levantar las ‘circulares rojas’, es decir, las órdenes de captura internacionales contra los acusados iraníes; que el mismo juez que investiga el atentado de la AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, señaló que “las escuchas telefónicas en las que Nisman basó su acusación, no fueron realizadas por órdenes suyas”, y que por eso, “es dudoso desde la legalidad, si el fiscal se arrogó facultades para investigar otras cosas que escuchas ordenadas por mí”. Tampoco es cierto, dice la defensa del gobierno, que haya habido un acuerdo de intercambiar granos por petróleo, por cuanto no existió ningún aumento del comercio con Irán después del Memorándum. Por lo tanto, concluye, “no existe prueba alguna, si quiera de carácter indiciario, que demuestre la existencia de conductas atribuibles a la presidenta de la nación o a los funcionarios del gobierno nacional, susceptibles de ser encuadradas en los ilícitos penales”.

“Golpismo judicial activo”, dijo Jorge Capitanich, el jefe de gabinete, al conocerse la imputación contra Cristina Fernández; “una maniobra de desestabilización”, dijo Aníbal Fernández, secretario general de la Presidencia, lamentando la “fabulosa y deleznable utilización” de la muerte del fiscal. “De suma gravedad institucional”, fue la fórmula utilizada por la mayoría de los voceros de los distintos partidos opositores, para referirse a la imputación. “Que un jefe de Estado sea imputado judicialmente por encubrimiento del terrorismo es una cosa muy grave”, sostuvo la Unión Cívica Radical en un comunicado. Como si fuera poco, se agrega la situación del vicepresidente Amado Boudou, que ha sido procesado por la falsificación de documentos e investigado por un escándalo de corrupción.

El atentado de la AMIA ha sido el mayor acto del terrorismo internacional en América Latina, y hasta el día de hoy no existe ningún condenado. Después de un escandaloso proceso que fue declarado nulo, el gobierno de Néstor Kirchner nombró a Nisman a cargo de la investigación. El fiscal rápidamente acusó a Irán en 2006 y logro que Interpol librara, en 2007, órdenes de captura internacionales contra cinco acusados iraníes, las famosas ‘circulares rojas’.

Pero en 2013, el gobierno argentino firmó con Irán un Memorándum de Entendimiento para establecer una Comisión de la Verdad que debía viajar a Teherán e indagar a los acusados iraníes de haber organizado el atentado. Nisman en su escrito acusó a la presidenta y al canciller de buscar levantar las órdenes de detención internacional de Interpol, conocidas como ‘circulares rojas’, a cambio de supuestas negociaciones comerciales con Irán, para intercambiar granos por petróleo, y habló de un acuerdo secreto con Irán.

El Memorándum nunca se aplicó, porque el Parlamento iraní no lo ratificó, y posteriormente, la justicia argentina lo declaró inconstitucional.

Todavía es muy temprano para saber las consecuencias jurídicas de la imputación. El requerimiento de Pollicita pasará ahora a manos del juez Daniel Rafecas, quien podrá darle curso a la investigación o rechazar sus argumentos, y habrá que esperar a ver qué medidas toma, y en qué plazos. Pero si bien la imputación es solo el comienzo de la investigación, lo grave es que profundiza la crisis en la que se ha sumido el gobierno desde enero, en el último año de su mandato, en medio del inicio de la campaña electoral.

Fernández ha reaccionado erráticamente ante la muerte violenta de Nisman: hasta el día de hoy, la presidenta no ofreció sus condolencias a la familia del fiscal, ni decretó ninguna medida de duelo nacional, avalando primero la teoría del suicidio y luego la del asesinato, sugiriendo sospechosos y dando datos que después se revelaban como falsos, en medio de una caída de credibilidad del gobierno.

El último paso en falso fue la reacción presidencial a la Marcha del Silencio convocada por los fiscales compañeros de Nisman para el miércoles 18 de febrero que promete ser multitudinaria. Ensayando pasitos de baile frente a los militantes que la rodeaban en la Casa Rosada, Cristina señaló: “Nosotros nos quedamos con el canto de ‘viva la patria’ y la alegría; que ellos se queden con el silencio”.

Todo esto, en medio de la guerra de espías que se desató en diciembre, cuando el gobierno descabezó la Secretaría de Inteligencia y sacó al jefe de operaciones, Antonio Jaime Stiuso, quien era la mano derecha de Nisman en la investigación de la AMIA, y que era el principal referente de la CIA y el Mossad en Argentina. Tras la muerte de Nisman, Cristina disolvió la Secretaría de Inteligencia, impulsa en el Congreso una nueva ley ‘a libro cerrado’ para crear la Agencia Federal de Inteligencia, que cuenta con el rechazo de toda la oposición, y busca acusar indirectamente a Stiuso de estar comprometido con la muerte dudosa del fiscal.

Para escapar de la tormenta perfecta en Buenos Aires, la presidenta viajó a Calafate, su “lugar en el mundo”, para celebrar sus cumpleaños, y estar lejos de la “ruidosa” marcha silenciosa del miércoles. Pero todo indica que la crisis está lejos de amainar.