¿Cuánto vales?

Tras cuatro años de batallas legales, el accidente industrial más grande de la historia acaba de producir la transacción por daños y perjuicios más cuantiosa de que se tenga noticia. El episodio, que ocurrió el 3 de diciembre de 1984, se originó cuando un gas tóxico, el metilisocianato, comenzó a escapar de un tanque de almacenamiento subterráneo perteneciente a la planta de insecticidas de la compañía norteamericana Union Carbide en Bhopal, una ciudad de la India de más de 900 mil habitantes. La nube venenosa se extendió por los sectores que rodean la fábrica, que correspondían a barrios tuguriales. Pronto, miles de personas morían en sus camas o, en el mejor de los casos, corrían por las calles presas del pánico.
Mientras la Union Carbide alegó que el desastre fue ocasionado por el sabotaje de un empleado recíentemente despedido, el gobierno de la India afirmó que la planta había recibido un mantenimiento mediocre como base para aspirar a una indemnización de US$3 mil millones. Al fin y al cabo, el resultado del accidente, cualquiera que fuera la causa, había sido la muerte de 3.500 personas, lesiones permanentes para otras 200 mil y daños sicológicos indeterminados, cuyas secuelas aún se sienten.
Pero a pesar de la cuantía de sus aspiraciones, la semana pasada el gobierno indio firmó una transacción judicial por US$470 millones, que aunque está muy por debajo de aquellas, es el acuerdo judicial más elevado de la historia. Como parte del compromiso, se levantaron los cargos penales que pesaban contra los principales ejecutivos de la firma en la India, entre los que estaba su presidente, Warren Anderson.
Las autoridades de la India habían iniciado una demanda similar en las cortes de los Estados Unidos, sobre la idea, que luego resultó confirmada, de que allí podrían obtener una compensación mayor. Pero el 12 de mayo de 1986, un juez federal tomó una decisión histórica al resolver que la única jurisdicción aplicable era la india.
Allí, la Corte Suprema promovió el acuerdo, en una actitud que ya está ocasionando toda clase de protestas, según las cuales, la indemnización que recibirá cada uno de los 500 mil reclamantes resultaría irrisoria en los Estados Unidos, sin contar con que aún no se sabe cuál será el procedimiento de distribución de los dineros. Las explicaciones técnicas, que apuntan a la difícil aplicación del fallo de haberse llevado el proceso hasta las últimas consecuencias, no parecen convencer a los afectados, que alegan ser tratados como seres humanos de segunda. Pero, por lo que parece, el asunto es cosa juzgada.