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¿De presidiario a presidente?

La llegada de Alberto Fujimori a Chile con intenciones de reconquistar el poder en Perú alborotó las relaciones de dos países que ya estaban en crisis.

12 de febrero de 2006

La posibilidad de que el? ex presidente Alberto Fujimori se postule como candidato a la presidencia del Perú, incluso desde una cárcel en Chile, puede parecer un escenario de política-ficción, pero sus allegados creen con fe ciega que esto ocurrirá y el mundo político en Lima ha encendido las alarmas ante esta perspectiva. 'El Chino', como se le conoce, alborotó el avispero el pasado fin de semana, al viajar de manera clandestina desde Japón -su refugio durante cinco años- a Santiago de Chile, donde no más tocar tierra admitió que era el primer paso para volver a la presidencia de su país. A lo largo del año había advertido varias veces sobre sus deseos de ser nuevamente presidente tras haber estado 10 años en el poder, entre 1990 y 2000, pero nadie creyó que hablara en serio, dado que en Perú le esperan 22 procesos judiciales y está inhabilitado políticamente por el Congreso hasta 2011. Sus abogados, sin embargo, creen que Fujimori podrá participar en la elección del 9 de abril de 2006 y para ello esbozan la tesis de la candidatura virtual. Es decir que aun si, como se prevé, las elecciones lo agarran detenido en una cárcel chilena, Fujimori podría inscribirse, hacer campaña y hacerse elegir a la distancia, y sólo volvería a Perú como presidente electo? y amnistiado. Para imaginar esta estrategia, la defensa de Fujimori argumenta que no ha habido hasta ahora una sentencia condenatoria contra el ex presidente, lo cual sí lo inhabilitaría. "La condición de procesado, de detenido, la condición de encontrarse en el extranjero no le impide presentar una candidatura, que ésta sea aceptada y finalmente el pueblo de Perú determinará si es merecedor nuevamente de su confianza", dijo esta semana en Santiago el jefe de sus abogados, César Nakasaki. En cuanto a la inhabilitación en el Congreso, los abogados indican que esa medida, tomada en 2000, es ilegal y que al final será el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máxima autoridad electoral, el encargado de determinar si Fujimori puede o no ser candidato. El exceso de optimismo en el campo fujimorista se vio sin embargo menguado por la rapidez de su detención en Santiago y la negativa de las autoridades a otorgarle una libertad condicional. Según sus detractores, el ex presidente calculó erróneamente que podría realizar su campaña desde el Hotel Marriott, donde alcanzó a estar unas 10 horas antes de ser detenido y enviado a una celda de nueve metros cuadrados en un centro de formación policial. Como dijo un funcionario del gobierno chileno a SEMANA, ese país no se puede dar el lujo de permitir a Fujimori hacer campaña electoral desde su territorio, aunque también señaló la ironía de la situación, pues las autoridades están obligadas a dar trato de presidiario a alguien que el próximo año se puede convertir en presidente. En Perú los analistas políticos consideran que el gran éxito del ex presidente fue haber 'fujimorizado' la naciente campaña electoral peruana, pero dudan que pueda participar y, mucho menos, ganar. "En el corto plazo, la estancia chilena de Fujimori ha contribuido a reactivar las huestes de su partido. Su audaz periplo les debe haber transmitido a sus partidarios la sensación de que su líder está nuevamente en la batalla electoral", señaló a SEMANA el analista Augusto Álvarez. Lo que el ex presidente está logrando es "fujimorizar' la agenda electoral, al meterse como una tromba, de tal modo que cope el escenario partiéndolo en dos, él por un lado y el resto de candidatos por el otro", agrega. En la última encuesta en que fue incluido, en mayo pasado, Fujimori tenía la mayor intención de voto, 19 por ciento, seguido muy de cerca por la derechista Lourdes Flores y los ex presidentes Alan García y Valentín Paniagua. Ese 19 por ciento no puede ser ignorado por los otros candidatos, ninguno de los cuales genera adhesiones espectaculares. Por ahora lidera Lourdes Flores (con 30 por ciento), una aspirante considerada honesta y trabajadora, pero con una candidatura que se considera frágil. Para ella, como para el resto de participantes en la campaña electoral, ese 19 por ciento es un botín crucial en caso de una segunda vuelta, que será casi inevitable. Por eso es que en la actual coyuntura, todos han preferido pasar de agache y no criticar demasiado al 'Chino'. De alguna manera se ven confrontados a una paradoja: por su popularidad, los candidatos ven a Fujimori como un peligroso rival potencial a quien deberían atacar; pero ante la posibilidad de que el ex presidente finalmente no pueda estar en las elecciones, saben que deben conquistar su electorado y, por tanto, no pueden atacarlo. Pero todos los cálculos legales y la popularidad del 'Chino' en un sector de la población no esconden la indignación mayoritaria del país ante su intento de volver a la presidencia. Fujimori no solamente abandonó su cargo presidencial (salió del país a una cumbre económica y se quedó en Japón, desde donde renunció por fax), sino que se han encontrado evidencias amplias de corrupción y -más flagrante- existen procesos de graves violaciones a los derechos humanos que incluyen el ajusticiamiento de 25 personas en dos matanzas atribuidas a un escuadrón paramilitar que habría actuado bajo su conocimiento. El día mismo en que 'El Chino' llegó a Santiago, el jefe de ministros peruano, Pedro Pablo Kuczynski, recordaba que en Perú el ex presidente es perseguido por "delitos por asociación ilícita para delinquir, falsedad ideológica, homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada de personas". De ahí que el gobierno peruano haya empezado a movilizarse para lograr la extradición de Fujimori en una carrera contra el reloj, pues tiene sólo dos meses para sustentar un pedido que sea sólido y logre convencer a las autoridades chilenas de que deben enviarlo a Perú. Lo cual no es evidente si se tiene en cuenta el antecedente del ex presidente argentino Carlos Menem que, en circunstancias similares a las del 'Chino', pudo al final permanecer en Chile. El propio abogado Nakasaki lo dijo: "Fujimori escogió Chile porque necesitaba estar en un lugar que le asegurase tranquilidad jurídica, y la justicia penal más segura de la región la administra Chile". Pero, para Chile Fujimori se ha convertido en un dolor de cabeza. O el protagonista de "una imprudencia", como calificó el canciller, Ignacio Walker. Esto es especialmente cierto por el hecho de que el mandatario llegó a Santiago al final de la semana más tensa en los últimos 30 años en la relación bilateral chileno-peruana, a causa de una ley aprobada por el Congreso en Lima, que pone en cuestión el límite marítimo que Chile considera inmodificable. Adicionalmente, Chile está sumergido en su campaña electoral, y los dos candidatos derechistas, Sebastián Piñera y Joaquín Lavín -en franca desventaja frente a la socialista Michelle Bachelet, candidata oficialista-, han aprovechado para criticar al gobierno por no haber detenido a Fujimori en el aeropuerto de Santiago, a pesar de la orden de captura internacional en su contra. Este error, reconocido por el gobierno, le obligó a despedir a dos funcionarios de inmigración. Un elemento adicional viene a enredar aún más la pita: Fujimori tiene la nacionalidad japonesa, y ese país le ha hecho saber al gobierno de Santiago que le interesa la suerte del detenido y de hecho ya le ha dado asistencia consular. Al mismo tiempo, el presidente Ricardo Lagos expresó su molestia de que Japón no hubiera alertado del viaje del personaje, mientras que el canciller chileno, Ignacio Walker, suspendió una visita oficial a Tokio. Todo esto en momentos en que Chile y Japón han hecho avances hacia un tratado de libre comercio. ¿Será extraditado Fujimori a Perú? Esa es la pregunta del millón dentro de este complicado escenario. Como dijo a esta revista el analista peruano Santiago Pedraglio, "aunque Fujimori ha sufrido un traspié con la decisión del juez chileno de ordenar su detención y rechazar el pedido de libertad, será ardua la pelea por conquistar la justicia, y también su derrota política". Lo paradójico del asunto es que Chile, como país que debe otorgar la extradición, será el encargado de determinar los cargos por los cuales Perú puede juzgar al ex presidente. Para una relación tan tormentosa como es la chileno-peruana, el asunto no deja de ser una fina ironía.