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| 10/15/2009 12:00:00 AM

Demandan a presidente de Ecuador por inseguridad en el país

Un juzgado de guayaquil aceptá la demanda y citó a Correa para que se presente a una audiencia el viernes.

La mujer de un odontólogo que fue asesinado recientemente presentó una demanda contra el presidente Rafael Correa, acusándolo de ser el responsable por no garantizar la seguridad en el país, en un hecho sin precedentes en Ecuador, se informó el martes.

Ni el juez que lleva la causa, ni la Presidencia se pronunciaron de inmediato sobre el caso.

Un juzgado de la provincia del Guayas, cuya capital es Guayaquil, la ciudad más poblada del país, aceptó la demanda y citó a Correa, y al procurador o abogado del estado, Diego García, a una audiencia el viernes.

El presidente de acuerdo con la Constitución, goza de fuero de corte.

"Antes aquí no había sicariato. Ahora matan todos los días, diariamente a uno, a dos, a tres ecuatorianos. Esto no puede ser y esto es en el gobierno de Rafael Correa", sostuvo en el canal Ecuavisa, Luz María Pico, abogada de Sara Bermeo Zambrano, conviviente de Alberto Arias.

El hombre murió cuando recibió disparos de desconocidos desde una motocicleta mientras transitaba por un barrio al norte de Guayaquil, 280 kilómetros al suroeste de Quito.

Según señala el texto de la demanda citado por el canal de televisión, la demandante argumenta que "es él (el presidente Rafael Correa) quien está llamado a establecer las políticas adecuadas para la seguridad de los ciudadanos de nuestro país, lo cual no ha hecho y ha dado como resultado la trágicamente muerte ... del Doctor Alberto Arias".

Pico señala que la demanda busca garantizar los estudios del hijo de Arias, de 9 años.
"Que se cuide, que se le provea de los estudios primarios, secundarios y universitarios. No estamos hablando de un monto económico, estamos hablando de lo que el estado debe hacer por el menor".

El gobierno decretó a inicios de este mes el estado de excepción en Guayaquil, Quito y Manta, las tres más importantes ciudades del país. La decisión presidencial implica presencia de militares en las calles de esas urbes durante 60 días para apoyar las tareas de la policía ante el incremento de la inseguridad.

AP.

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