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| 2/22/2011 12:00:00 AM

Denuncian en Venezuela un "alarmante nivel de deterioro" de los derechos humanos

La organización Venezuela Awareness Foundation aseguró que en Venezuela se criminaliza la protesta, porque quien se atreve a manifestar puede ser detenido, enjuiciado y encarcelado en juicios de carácter político.

Por causas políticas, la situación de los derechos humanos en Venezuela registró un "alarmante nivel de deterioro" en 2010 al no existir un poder judicial independiente que garantice el debido proceso, señaló la organización Venezuela Awareness Foundation (VAF).
 
El grupo de derechos humanos afirmó que el año pasado contabilizó 27 presos políticos, un número menor con respecto a 2009 cuando se ubicaron en 32, pero los detenidos sufrieron con más rigor "la violación de sus derechos", según su informe anual.

"Aunque pudiéramos decir que la cifra de 2010 es más baja comparada con 2009, la realidad es que las imputaciones y las penas fueron mucho más severas el año pasado", dijo Patricia Andrade, presidente de la VAF, con sede en Miami.

Precisó que se realizaron juicios "arbitrarios" que negaron los derechos constitucionales, se emitieron "largas" condenas obviando procedimientos legales básicos, ignorando las pruebas y siguiendo "falsas presunciones o los dictados del Ejecutivo".

Tampoco se otorgaron medidas sustitutivas de libertad a quienes se les encarceló por ejercer su derecho a la protesta y a la huelga, como fue el caso de algunos dirigentes sindicales, además de castigarse el derecho a opinar, de acuerdo con el reporte.

El informe se divulgó cuando 68 personas, entre ellas estudiantes, realizan una huelga de hambre en varias ciudades venezolanas como medida de presión para que liberen a los presos políticos y se respeten los derechos humanos.

La VAF aseguró que en Venezuela se criminaliza la protesta, porque quien se atreve a manifestar puede ser detenido, enjuiciado y encarcelado en juicios de carácter político, que tienen como "propósito silenciar y desanimar a los venezolanos para que no reclamen sus derechos".

La persona que protesta, añadió, pudiera ser vista como un "conspirador" e "instigador".

Del total de presos políticos solo dos permanecen en sus casas en vez de cumplir la pena en la cárcel: el diputado Biagio Pilieri, quien se encuentra en "desobediencia legítima democrática" en su residencia, y la jueza María Lourdes Afiuni por "razones de salud".

En el informe, la VAF destacó que el sistema judicial con jueces que "obedecen órdenes" del presidente venezolano, Hugo Chávez, provoca el retardo procesal.

"La influencia y el control del poder Ejecutivo, en muchos casos, expresada públicamente por Chávez en cadena de radio y televisión dando órdenes al poder judicial para perseguir o encarcelar a sus adversarios políticos, ha llegado a límites alarmantes", se indicó.

En 2010 surgió, además, la figura del "juicio express": procesos judiciales que, "incumpliendo" con lapsos procesales y decisiones de instancias superiores, "por un alto interés de carácter estrictamente político", se realizan en forma rápida y "maratónica".

Los allanamientos a civiles se han "propagado" bajo lo que la VAF calificó como la figura "ilegal" de "visita" y se violó la inmunidad parlamentaria de algunos presos políticos que resultaron electos diputados.

Afirmó que se viola el debido proceso al negarse reiteradamente las solicitudes, diligencias y medidas de la defensa; al existir tiempo ilegal prolongado en prisión de los detenidos y violación al principio de presunción de inocencia.

Así mismo, indicó que "existe un marcado deterioro de la salud de los presos políticos con más tiempo en prisión, por no haber sido atendidos por especialistas, ya sea por omisión del Estado venezolano o porque la autoridad en custodia (juez encargo del caso) no lo autoriza".

"Podemos afirmar que la violación a los derechos humanos en el 2010 afectó a todos los estratos sociales en Venezuela. Nadie puede decir que se encuentra a salvo, y no hay ley que pueda permitir a un venezolano gozar de su protección", según la VAF.
 
EFE
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