Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1996/06/24 00:00

DESCONCIERTO GENERAL

ANTE LA DETENCION DE UN ALTO OFICIAL DE LA GUARDIA CIVIL ACUSADO DE TERRORISMO DE ESTADO, SUS JEFES POLITICOS ASUMEN SU RESPONSABILIDAD COMO PROPIA.

DESCONCIERTO GENERAL

Si en Italia la opinión pública recibió con regocijo la captura de un jefe terrorista, en España los ciudadanos se encontraron la semana pasada con una noticia menos fácil de digerir: la detención del general Enrique Rodríguez Galindo, a quien la mayoría de los españoles ve como un verdadero héroe de la lucha antiterrorista. Rodríguez Galindo fue apresado por su presunta participación en la 'guerra sucia' que aparentemente libraron en los años 80 las fuerzas de seguridad, a veces mediante el pago de asesinos a sueldo, contra el grupo terrorista y separatista vasco ETA. Concretamente, el general habría sido responsable de la detención ilegal, tortura y asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, cuando el uniformado era jefe del cuartel de Intxaurrondo, en el País Vasco, y de la muerte, en un caso separado, de Ramón Onaederra, todos los cuales supuestamente eran miembros de ETA. El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, dijo que el último episodio del 'caso Gal' no ha sido un asunto derivado de la actuación del nuevo gobierno centro-derechista de José María Aznar, y señaló que la detención del general "no es una guerra ni una victoria, ni una derrota ante ETA" (como señaló el abogado del general) "sino una decisión judicial" autónoma. Sin embargo, lo cierto es que el asunto tiene ingredientes políticos insoslayables, sobre todo porque las frecuentes denuncias del Partido Popular de Aznar contribuyeron a la convocatoria anticipada de las elecciones del mes pasado, que dieron como resultado la derrota del gobierno socialista de Felipe González. Puesto ahora en el extremo opuesto del juego del poder, el gobierno centro-derechista se ha encontrado con la impopularidad de medidas como la detención de un general cuya única ejecutoria comprobada contra ETA es la detención de 250 terroristas. De ahí que Mayor Oreja sostenga, como arrepentido, que la detención de Rodríguez Galindo le produce "tristeza, dolor y preocupación". Es claro que Aznar preferiría echar tierra sobre todo el asunto, pues ahora no sólo no le sirve como bandera electoral, sino que puede convertirse en un factor de desmoralización para la Guardia Civil y de fortaleza para ETA. Pero no puede hacerlo, porque en ese caso se enfrentaría con los partidos autonomistas que son cruciales para su mayoría parlamentaria, el catalán Convergencia i Unió , y sobre todo el Partido Nacionalista Vasco. La portavoz de éste, Joseba Eguibar, dijo que la decisión de Gómez Liaño "es la confirmación de lo que para el PNV ha sido una convicción política". El viernes, sin embargo, el gobierno pareció tomar partido al destituir a Rodríguez de su cargo de asesor del Ministerio del Interior. La víspera, los jefes civiles del general acudían a la prensa para asumir sus responsabilidades. En una actitud que contrastó con la de González, muy callado desde sus vacaciones en Uruguay, los ex ministros del Interior, José Barrionuevo y José Luis Corcuera, y el ex secretario de estado para la seguridad Rafael Vera, pidieron ir a la cárcel con Rodríguez Galindo y se responsabilizaron de todos los hechos que se le imputan a él y a sus subordinados apresados también en los últimos días, ya que "siempre actuaron cumpliendo fiel y estrictamente nuestras órdenes" , las cuales, por lo demás, "nunca se salieron del marco de la ley". Esa actitud puede representar cárcel para esos ex funcionarios, sobre todo si el nuevo gobierno acepta levantar el secreto impuesto por el anterior sobre 18 notas que tendrían la clave del caso GAL. Pero su actitud ha dejado una estela de admiración en todo el país, como ejemplo de la verticalidad que deben tener los funcionarios públicos en relación con sus actos.

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