¿Dictadura en Quito?

El presidente ecuato-riano Lucio Gutiérrez vuelve a tambalear, aunque la realidad es que está en la cuerda floja desde hace poco más de un año, cuando decidió romper su alianza con los indígenas agrupados en el movimiento Pachakutik que lo llevaron al poder. Ahora, varios hechos indican que el país está al borde de la dictadura y el jefe de Estado -que lideró el golpe que derrocó al presidente Jamil Mahuad el 21 de enero de 2000- cuenta con muy poco apoyo popular. En pocas palabras, la situación es muy grave.

Es muy diciente que en su última alocución pública, Gutiérrez apareció por primera vez usando un chaleco antibalas y rodeado de no menos de 15 policías de civil y un número similar de uniformados francotiradores. Fuentes militares revelaron a esta revista que un conjunto de informaciones anticipan que "habrá un ataque" contra Gutiérrez, pero rechazaron dar pruebas de esta denuncia. "No podemos dejar de lado las informaciones de nuestros organismos de inteligencia que señalan intentos de liquidar físicamente a nuestro Presidente", sostuvo el informante. "Por razones elementales de investigación no vamos a dar a conocer los detalles, pero en la actual situación pueden ocurrir muchas cosas", agregó la fuente.

Gutiérrez, cuya gestión es desaprobada por el 62,5 por ciento de los ecuatorianos, está siendo calificado de dictador desde que, apoyado en la bancada de los partidos del ex presidente Abdalá Bucaram y del que fuera su contincante en las elecciones, Álvaro Noboa, reestructuró la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los tribunales Constitucional (TC) y Supremo Electoral (TSE). Por ese despliegue de fuerza parlamentaria, el gobernante ha sido acusado de concentrar los poderes del Estado en contra de la Constitución.

Según analistas independientes, todo indica que el gobierno quiere exonerar a Bucaram, quien se encuentra asilado en Panamá y tiene en su contra varios juicios, para que regrese al país. Curiosamente, el presidente de la CSJ, Guillermo Castro -íntimo de Bucaram-, es quien debe dar su dictamen en esos casos. Además, recuerdan los observadores, Gutiérrez fue edecán de Bucaram cuando éste era presidente "y sigue siendo obediente a él, pues hace lo que el ex mandatario le ordena.

Gutiérrez está dando un fujimorazo", sostienen sus opositores, que en las dos principales ciudades del país, Quito y Guayaquil, realizaron recientemente multitudinarias marchas de protesta contra el régimen. En cada una desfilaron por lo menos 200.000 personas. El gobierno, por su parte, colocó también a sus huestes en sendas contramarchas en las dos ciudades, a las que trajo desde comunidades rurales en unos 2.500 buses interprovinciales, para que le demostraran respaldo.

Los efectos de los cambios en la Corte comenzaron a sentirse la semana pasada: por un lado, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU anunció que su relator especial Leandro Despouy visitará Quito "a raíz de la grave crisis que atraviesa el poder judicial ecuatoriano". Por el otro, la embajadora de Estados Unidos, Kristie Kenney, dijo que "hay inquietud en Washington por lo que ocurre en Ecuador". Pero, como dijo a SEMANA el analista internacional Michel Rowland, "al gobierno de Estados Unidos no le interesa la salida de Gutiérrez, por su apoyo al Plan Colombia, para mantener la presencia de sus militares en la base aérea de Manta, y por la inminente firma del tratado de libre comercio".

Esas son precisamente las razones que aducen sus opositores, quienes señalan que Gutiérrez llegó al poder con una alianza con los indígenas y los movimientos sociales, las banderas de independencia económica y de convertirse en un nuevo Hugo Chávez, pero pronto las olvidó. Lejos de cumplir las promesas, se dedicó a aceptar las demandas del Fondo Monetario Internacional, con lo que la situación de la mayoría de los ecuatorianos empeoró, y a alinear a su gobierno con Estados Unidos, incluso frente al problema colombiano. Todo ello, en ausencia de una política definida, buscando cualquier cosa para mantenerse en el poder, hasta una alianza con personajes tan impopulares como Bucaram y Noboa.

Muchos sostienen que el gobierno ha desplegado una campaña de violencia contra los opositores. Tras denunciar que Lucio se reunió con las Farc siendo candidato, el ex ministro Patricio Acosta comenzó a ser hostigado por supuestos agentes de inteligencia y ahora permanece en la clandestinidad, desde donde acusa al gobierno de querer "desaparecerlo". El ex presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Leonidas Iza fue baleado, así como las oficinas del presidente de las Cámaras de la Producción, Blasco Peñaherrera. El ex vicepresidente León Roldós recibió una paliza mientras dictaba una conferencia en la Universidad Central en Quito sobre su proyecto de consulta popular para solucionar la crisis. La casa del concejal de Quito Antonio Ricaurte, del movimiento Pachakutik, fue abaleada y el político culpó directamente al gobierno.

Una bomba que estalló en la puerta principal del Ministerio de Relaciones Exteriores no causó mayores daños pero dio pie al gobierno para lanzar acusaciones de terrorismo. Al respecto, el canciller Patricio Zuquilanda dijo a SEMANA que "esta fue una bomba totalmente dirigida, las personas que hicieron eso sabían lo que iban a destruir, tenemos también que pensar en amenazas externas, innobles, que tratan de dividir a la sociedad ecuatoriana".

Lo cierto es que Gutiérrez está en la encrucijada, pues como dijo Rowland, "si se da un cambio respecto al tema de la Corte Suprema, recuperará credibilidad ante la oposición, pero a su vez perderá el soporte de sus aliados circunstanciales. Y su caída sería un desastre para la institucionalidad del país".

Seré "dictócrata", o sea "dictador con los pillos y demócrata con los pobres", explica el mandatario, quien, copiando al cineasta Pedro Almodóvar, reitera cada vez que puede su famosa frase: "O cambio al Ecuador o muero en el intento". Pero las posibilidades de que termine su mandato son cada vez más inciertas.