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| 3/21/2015 10:00:00 PM

Dilma tiene el Cristo de espaldas

Dilma Rousseff afronta una crisis económica, social y política de proporciones mayúsculas. Si el presente es incierto, el futuro luce aún peor.

En Brasil todo es enorme. Desde las porciones de los almuerzos, pasando por las distancias entre las ciudades, hasta el tamaño de sus regiones, más extensas que la mayoría de los países. Lo es, a su vez, su ambición de jugar en las grandes ligas, de entrar de una vez por todas al primer mundo y de convertirse en el motor de América Latina. Pero también son gigantescas sus crisis y sus derrotas.

Esa verdad se comprobó una vez más la semana pasada, cuando una marea humana se tomó las principales avenidas de sus ciudades para manifestarse contra el gobierno. En São Paulo, la metrópolis más poblada y extensa de Suramérica, las protestas alcanzaron el gigantismo. Allí, varios cientos de miles de personas (algunas fuentes hablan de un millón) marcharon el domingo por los tres kilómetros de su avenida Paulista, lo más parecido a la Quinta Avenida al sur de la línea ecuatorial. Concentraciones similares se vieron frente al Congreso en Brasilia, en el amplísimo malecón de Río de Janeiro y en otras 200 localidades del país.

Y aunque la magnitud de la protesta sorprendió tanto a sus organizadores como al gobierno, el descontento popular actual responde al mismo hastío con la corrupción y con los políticos que en 2013 volcó a las calles a decenas de miles de brasileños durante la Copa Confederaciones de fútbol. Solo que ahora las demandas de los manifestantes tienen un nombre y una exigencia: la presidenta Rousseff debe apartarse del poder (Fora Dilma, es el lema más frecuente en las campañas). Esa consigna se refleja en el descalabro de la popularidad de la presidenta, que pasó de tener una aprobación del 42 por ciento en diciembre a 23 por ciento en febrero. A su vez, la palabra que más se ha escuchado en los medios de ese país es impeachment. O sea ‘destitución’, una medida que algunos manifestantes subrayaron con invitaciones a las Fuerzas Armadas a dar golpe de Estado.

Lo cierto es que el segundo periodo de la Presidencia de Rousseff arranca con una especie de tormenta perfecta, con crisis económicas, políticas y sociales que se refuerzan mutuamente. Para comenzar, los indicadores económicos son malos y están empeorando. Tras un crecimiento anual del 4 por ciento durante la década pasada, entre 2010 y 2014 la economía brasileña se expandió apenas un 1,2 por ciento y se espera que este año entre en recesión. Por su parte, el fantasma de la inflación –que tras alcanzar el 2.000 por ciento en los años noventa es un verdadero coco para Brasilia– fue del 7,1 por ciento en enero: muy por encima de la meta del 4,5 por ciento fijada por el propio gobierno. A su vez, el real se ha depreciado un 30 por ciento con respecto al dólar desde mayo de 2013, lo que disparó las deudas del Estado, pero también las de quienes pidieron prestado en el extranjero cuando la moneda brasileña estaba fuerte. Y para el ciudadano de a pie, esa mala coyuntura se ha traducido en un repunte del desempleo, en un inminente aumento de los precios de la gasolina y en el congelamiento del salario mínimo.

Esa mala coyuntura ocurre además a la sombra del petrolão (el ‘petrolazo’), un descomunal escándalo de corrupción en el seno de la gigantesca petrolera público-privada Petrobras. Se presume que en ese contexto se desviaron 3.700 millones de dólares en “pagos sospechosos” por los que las autoridades investigan a docenas de empresarios y políticos de todos los partidos, entre ellos los presidentes del Senado y del Congreso. Consecuentemente, las acciones de los socios minoritarios de esa empresa han perdido un 80 por ciento de su valor y la compañía no es ni la sombra de lo que fue hace unos años, cuando el precio del crudo superaba los 100 dólares por barril.

Como le dijo a SEMANA Matthew Taylor, investigador del Brazil Institute del Woodrow Wilson Center, “Petrobras ha perdido cerca de 260.000 millones de dólares en términos de capitalización bursátil desde su nivel más alto en 2008, lo que equivale a cerca del 70 por ciento del PIB colombiano”. Según la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp) la corrupción le cuesta a su país cerca del 2 por ciento del PIB y se calcula que el petrolão le podría costar este año a Brasil un punto adicional.

Sin embargo, el impacto de ese escándalo no es solo económico, pues al implicar a varios directivos de las principales constructoras brasileñas les ha cortado las líneas de crédito a sus empresas. Por eso su actividad se ha paralizado e incluso ha amenazado la continuidad de las obras de infraestructura para las Olimpiadas de Río en 2016. A su vez, miles de trabajadores han resultado despedidos, lo que agudiza la crisis social producida por la mala coyuntura económica. Para Rousseff, que fue tanto presidenta de Petrobras como ministra de Energía durante los años del escándalo, esto ha sido nefasto y ha contribuido a su descrédito político. Y aunque no ha sido penalmente vinculada al proceso, las repercusiones políticas del millonario robo se han centrado en ella y en el oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

Durante los años de la bonanza petrolera de la década pasada, Petrobras se convirtió en la punta de lanza de la política social del PT. Bajo el liderazgo del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la compañía emprendió una expansión industrial en regiones apartadas, en particular del atrasado nordeste, donde se generaron 74.000 nuevos empleos, y se construyeron o modernizaron varias refinerías y puertos. “Creamos un inmensa industria”, dijo Rousseff en su campaña reeleccionista. Y aunque no cabe duda de que esa política contribuyó a la espectacular reducción de la pobreza por la que el mundo admiró la gestión del PT, hoy está en entredicho su modelo.

Aunque, al descubrir los yacimientos submarinos de crudo en las costas brasileñas fue fácil presentar la idea de que Petrobras debía tener un amplio monopolio en la extracción y comercialización del oro negro, el petrolão ha puesto en evidencia que las fortunas que circularon sin mayores controles administrativos –pero con fines políticos muy claros– ofrecieron el terreno idóneo para que floreciera la corrupción. En la actualidad, muchos electores se sienten traicionados por el ‘país de las maravillas’ que les pintó Rousseff durante las elecciones. Y le exigen realismo.

Pero aunque la presidenta ha dicho desde 2013 que ha escuchado el mensaje de la calle, lo cierto es que no tiene mayor margen de maniobra y, más grave aún, tampoco ofrece ideas para superar la crisis. Como le dijo a SEMANA Valter Duarte Ferreira Filho, profesor de política brasileña contemporánea de la Universidad Federal de Río de Janeiro, “la prioridad parece ser juntar dinero, para luego recuperar la gobernabilidad”. De ahí el nombramiento en la cartera de Hacienda del economista Joaquim Levy, conocido como ‘Manos de tijera’ por su políticas de austeridad.

Todo lo anterior, sin embargo, no opaca un hecho clave de la encrucijada brasileña: que el Ministerio Público está actuando con la independencia que le confiere la Constitución de 1988 y cumpliendo vigorosamente su función. En ese sentido, aunque sus acciones puedan crear una tormenta política y afectar la economía del país, lo cierto es que los responsables de destapar el petrolão tienen muy claro el objetivo de su trabajo y la gravedad de lo que está en juego, lo que ciertamente es una luz de esperanza para la democracia brasileña. Porque, como dijo el procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, “la corrupción mata”.
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