Martes, 24 de enero de 2017

| 1983/02/21 00:00

DURO COMIENZO DE AÑO

El 56.6% de las entidades financieras del país son intervenidas por el gobierno, mientras aumentan las deudas con el FMI.

DURO COMIENZO DE AÑO

La crisis financiera que se veía venir por momentos, terminó por precisarse el 13 de enero, cuando nueve bancos y una financiera --o sea el 56.6% de los activos del sistema financiero privado-fueron intervenidos por un decreto del gobierno, provocando un fuerte impacto en todos los sectores del país.
La medida fue tomada tan solo tres días después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobara en Washington un nuevo préstamo de 875 millones de dólares para Chile.
"Son dos decisiones absolutamente distintas"--declaró Jaime Chocano vicepresidente del Bank of América- aludiendo a la visible conexión entre ambos hechos. "No conozco ninguna parte del acuerdo firmado que exija este tipo de condiciones" agregó. Sin embargo, admitio que la intervención crearía desajustes económicos y que era mejor "intervenir cuando hay dinero en las arcas que cuando no lo hay", refiriéndose al dinero que entrará al país por el préstamo del FMI .
Chile tiene en estos momentos una deuda con el FMI superior a los 15 mil millones de dólares (la población es de algo más de 11 millones) y uno de los índices más altos de desempleo en América Latina. Su índice anual de inflación es de 25 % .
La medida estatal afectó al Banco de Chile, el Banco de Santiago, el Banco del Comercio y la Colocadora Nacional de Valores, los cuales quedaron intervenidos.
Otras instituciones, como el Banco Hipotecario de Fomento de Chile (BHC), el Banco Unido de Fomento (BUF), y la sociedad financiera CIGA, se hallan en quiebra y liquidación. A otras organizaciones del sector, como el Banco Nacional y el Banco Hipotecario Industrial y de Fomento, el gobierno les nombró inspectores delegados.
El solo consorcio del BHC entre diciembre de 1980 y octubre de 1982, vió reducirse sus patrimonios bursátiles en un 75% y llegó a contraer una deuda con el Banco de Chile superior a los 19 mil millones de pesos.
Por otra parte, una disposición que en Chile se denomina "orden de arraigo", que prohibe la salida del país de personas, ha sido dictada contra todos los ejecutivos de esas instituciones.
En consecuencia, un feriado bancario fue dispuesto por las autoridades el viernes 14 de enero, paralizando las actividades financieras del país.
El ministro secretario general de gobierno, Hernán Felipe Errazuriz, informó que el jefe de Estado había tenido que interrumpir sus vacaciones el 17 de enero para tomar conocimiento de las novedades en torno a la intervención, al mismo tiempo que ahorradores y depositantes de las mayores entidades intervenidas protagonizaban confusas escenas en demanda de explicaciones, especialmente en las tres instituciones en liquidación, ya que en ellas no rige la ley aprobada el 15 de enero, la cual establece un seguro estatal que garantiza la totalidad de los depósitos en moneda corriente existentes al 13 de enero .
Ese seguro beneficiaría a todos los depositos siempre que ellos no sean retirados de las respectivas entidades y tiene una garantía que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre próximo.
El ministro de Economia y Hacienda, Rolf Luders, quien anunció la medida del 13 de enero, aclaró la situación de la deuda externa de los bancos intervenidos, señalando que cada institución debe tomar las medidas que les competen y subrayó que las condiciones impuestas por el FMI para otorgar el prestamo "no son limitantes", respondiendo así a los reparos formulados por diversos sectores empresariales.
Uno de los críticos del nuevo préstamo del FMI ha sido el diario progubernamental "La Tercera", que afirmó que el conjunto de restricciones que envuelve el convenio con el FMI "conducirá a una cadena de quiebras en los próximos meses, con su secuela de desempleo, desmantelamiento de empresas y destrucción de la base industrial del país". Sin embargo, el mismo tabloide saludó la intervención de las instituciones financieras, diciendo que ella contribuiría a ampliar el acceso al crédito y fortalecerá el desarrollo del país.
Una semana después de la intervención estatal en las 10 instituciones financieras, cuatro empresas de las denominadas "con chimeneas" (industrias) y otras siete "sociedades de papel" (financieras) entraron en cesación de pagos. Entre ellas figuran la Compañia de Cervecerias Unidas (CCU), la Compañía Tecno Industrial, Aceitales y Alcoholes Patria, Hoteles del Sol, Inversiones Huelen y Seguros Generales BHC. Todas ellas estan estrechamente vinculadas al BHC y al BUF.
Por su parte, la oposición democristiana, por intermedio de Gabriel Valdés, ex canciller del gobierno de Eduardo Frei, insistió en que la intervención del 13 demostraba "el fracaso del modelo económico neoliberal" y que, además, "no ayudaría a superar la crisis".
Sin ser afectados por la medida gubernamental, otros 15 bancos privados siguen funcionando regularmente, al igual que los 16 bancos extranjeros que operan en Chile. -

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