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| 8/8/2015 10:00:00 AM

Ecuador se resiente por precios del petróleo

Tras altos niveles de aceptación, el desplome del precio del crudo, la desaceleración de la economía China y el descontento popular tienen a Rafael Correa a la defensiva.

Para un líder como el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que se ha proclamado el vocero de la voluntad popular, las manifestaciones no pueden ser más que un complot orquestado por sus enemigos para impedirle consolidar su agenda progresista. Sin embargo, una marcha como la que partió el domingo de la provincia amazónica Zamora Chinchipe –una de las más pobres del país– no es una protesta cualquiera y ha hecho sonar todas las alarmas en su gobierno.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) organiza la movilización, que recorrerá los 800 kilómetros que separan a esa región de Quito. Allí tiene previsto lanzar el jueves la huelga general que ha convocado junto con el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), a la que se han vinculado otros grupos indígenas, varias centrales sindicales y organizaciones de estudiantes, médicos, campesinos y jubilados. “Este es un paro indefinido que tiene fecha de inicio, pero no de fin”, dijo en rueda de prensa Severino Sharupi, director de territorios de la Conaie.

El solo anuncio del paro ha puesto a girar la política en torno a sus consecuencias. Como dijo a SEMANA Adrián Bonilla, secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), “en Ecuador está muy presente el recuerdo del caos políticode hace unos años, cuando en una década se destituyeron seis gobiernos. Y aunque nadie ha pedido la renuncia de Correa, es claro que esta es la primera vez que el mandatario afronta movilizaciones de esa magnitud”. En efecto, el presidente no se ha venido con sutilezas y ha declarado el paro “absolutamente ilegal e infundado” y ha advertido que sus promotores “buscan generar violencia y pánico económico”. Por su parte, sus voceros han hablado de un “golpe blando” contra el gobierno.

El descontento se explica por la coyuntura política y económica por la que atraviesa el país. Tras una década de exitosa lucha contra la pobreza en uno de los países más desiguales del continente, en 2015 Correa se ha enfrentado a un horizonte adverso que se ha reflejado en una fuerte disminución de sus niveles de aprobación. Si en 2013 y en 2014 su popularidad solía ubicarse en niveles superiores al 70 por ciento, las últimas mediciones le dan una aceptación inferior al 50 por ciento. Y aunque ese registro no llama la atención si se lo compara con el de los otros mandatarios de América –donde los bajos precios del petróleo y la desaceleración de China han generalizado el rechazo a los gobernantes–, es claro que la descolgada de Correa es una de las más fuertes. Y nada augura que vaya a ser sencillo recuperar el respaldo con el que había contado desde que se posesionó en 2007.

Para comenzar, a la importancia que tiene el petróleo para Ecuador –representa casi el 60 por ciento de sus exportaciones– se suman las dificultades que significan para su comercio la apreciación del dólar, la moneda que el país adoptó a finales de 1999, y sobre la cual no tiene control. Esa situación ha debilitado sus exportaciones al tiempo que ha favorecido la llegada de productos de países vecinos, como Colombia y Perú, cuyas monedas sí se han revaluado y sus productos se han vuelto mucho más competitivos en el mercado ecuatoriano.

A su vez, el gobierno ha tenido dificultades para pagar la creciente nómina estatal, y ha evocado la posibilidad de emitir una moneda electrónica para pagar el salario de sus empleados, que en principio podrían cambiar los montos cancelados por dólares físicos. El anuncio, sin embargo, ha sido recibido con suspicacia, pues se ha sumado a rumores según los cuales los bancos tienen un bajo nivel de capitalización y no podrían responder a un eventual aumento de las demandas de efectivo.

En la misma línea, el impacto de la desaceleración china se ha sentido más en Ecuador que en otras zonas del continente. Desde la llegada de Correa al palacio de Carondelet, Beijing se ha convertido en el principal prestamista de su gobierno, por lo que el fin de la era del crecimiento rápido del gigante asiático ha significado un golpe para esa línea de crédito. Del mismo modo, la debilidad del consumo en China ha afectado las exportaciones de sectores diferentes del minero, en particular el pesquero y el agrícola, que no han podido colocar en ese mercado las cantidades esperadas.

En efecto, a corto y mediano plazo las perspectivas de crecimiento son malas, y economistas independientes hablan incluso de una contracción para este año y para 2016 también. Como le dijo a esta revista Santiago Basabe, coautor del libro Instituciones e institucionalismo en América Latina, “el modelo económico que ha seguido Ecuador se ha basado en el crecimiento del tamaño del Estado y en la generación de capital desde lo público. Al mismo tiempo, los incentivos para el sector privado han sido casi nulos. Y ahora que el gobierno no tiene dinero y que no se puede esperar una activación desde lo privado, la situación se va a tornar insostenible. Solo quedan dos opciones: o el gobierno cambia de política económica, o tendrá que seguir endeudándose. Y no es seguro que encuentre quién le preste los montos que necesita”.

A su vez, diversas medidas gubernamentales han disparado la crispación social. La primera, el anuncio de dos controvertidas leyes para gravar las herencias hasta en un 77,5 por ciento y las plusvalías en un 75 por ciento. Aunque ambas medidas se suspendieron “temporalmente” por la visita del papa, los 350.000 manifestantes que salieron a las calles el 25 de junio en Guayaquil y otras ciudades son un síntoma del rechazo hacia la medida. Una encuesta elaborada en julio por la empresa Gallup reveló que más del 70 por ciento de los ecuatorianos la rechaza.

La segunda es la aprobación en la Asamblea de una ley promovida por el oficialista Alianza País –al que pertenece el 73 por ciento de los escaños–, que les impone a los legisladores manejar “información veraz, verificada, oportuna, contextualizada” y “observar de manera estricta el derecho al honor y buen nombre de las personas”. Pero esa resolución, que contradice la Carta Política, busca en realidad obstaculizar la expresión de los opositores e impedir las críticas al presidente. De hecho, la norma la motivó un discurso crítico con el mandatario pronunciado por Cynthia Viteri, parlamentaria opositora, que ha dicho que se les está aplicando una ‘ley mordaza’.

Diversos organismos han usado ese nombre para denunciar la Ley de Comunicación, “una de las más restrictivas de América” según el Comité para la Protección de los Periodistas. Esta se ha caracterizado por las millonarias multas impuestas a los diarios críticos del gobierno, que han optado por la autocensura para sobrevivir. La explosión de dos petardos con comunicados amenazantes en los diarios El Telégrafo y El Universo de Guayaquil, y las continuas agresiones físicas y verbales a los periodistas han enturbiado aún más las relaciones entre la prensa y el gobierno.

Sin embargo, el denominador común del descontento es la intención de Correa de reelegirse por tercera vez en 2017, con lo que su mandato se extendería hasta 2021. Si la huelga convocada para este jueves fracasa, lo más probable es que el discurso oficial se radicalice y que la Asamblea apruebe la enmienda constitucional que se lo permitiría. Entonces, Correa terminaría por confirmar las denuncias de caudillismo que esgrimen sus críticos. Y pese a sus innegables aciertos sociales, Ecuador se convertiría en una caricatura a escala de la debacle de Venezuela.
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