Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 1998/06/08 00:00

ECUADOR EN ASCUAS

Con las elecciones a la vuelta de la esquina la crisis institucional tiene en vilo al Estado ecuatoriano.

ECUADOR EN ASCUAS

Un alto funcionario del Tribunal Electoral del Ecuador hizo hace poco una descripción gráfica de lo que sucede en ese país: "No se sabe qué es peor para el proceso de elecciones en el Ecuador: si el fenómeno de 'El Niño' o el desencanto de los electores que ante esta pugna de poderes han dejado de creer en la política". Traer acuento un fenómeno que ha causado pérdidas por 1.925 millones de dólares para compararlo con el problema institucional podría parecer exagerado. Pero para muchos analistas ecuatorianos el pugilato entre la Asamblea Constitucional, el Congreso y la Presidencia tiene costos que van mucho más allá de la cuantificación económica. Porque, dicen, la credibilidad de las instituciones es tal vez más difícil de reconstruir que la infraestructura física del país.

El origen
Los problemas comenzaron en febrero del año pasado cuando el Congreso declaró vacante la presidencia por "incapacidad mental" del 'Loco' Abdalá Bucaram. Durante varios días el país presenció el espectáculo de tres personas que afirmaban ser el presidente: el propio Bucaram, quien pedía el derecho a un debido proceso su vicepresidenta, Rosalía Arteaga, aunque una 'recodificación constitucional' le había quitado la facultad de reemplazar al mandatario; y el presidente del Congreso, Fabián Alarcón, quien fue elegido por ese cuerpo a pesar de que no existía una norma que le atribuyera esa potestad.
El impasse se resolvió a favor de Alarcón, inicialmente por el respaldo que recibió de las fuerzas armadas y luego por la ratificación de una consulta popular celebrada el 25 de mayo pasado. En el mismo acto los ecuatorianos decidieron convocar una constituyente ante la evidencia de que no podía repetirse una situación tan confusa como la de febrero. El 27 de noviembre fueron elegidos los 70 asambleístas y las deliberaciones comenzaron el 20 de noviembre, en el entendido de que se prolongarían hasta el 30 de abril.
Pero, lejos de convertirse en un foro integrador, la Constituyente nació marcada ya por el conflicto con los demás poderes. Como dijo a SEMANA el politólogo quiteño Felipe Burbano de Lara, "pocos días antes de su instalación el Congreso resolvió reformar la Carta y, entre otras cosas, eliminar las áreas estratégicas reservadas que impedían que ciertas actividades como petróleo, telecomunicaciones y energía eléctrica fueran privatizadas". El presidente del Congreso, Heinz Moeller, abrió hostilidades muy temprano al afirmar ese mismo día que ese organismo no aceptaría ninguna modificación que hiciera la Asamblea a esa reforma.

La crisis
Desde entonces quedó marcado un ambiente de pugnacidad caracterizado por las intrigas de múltiples grupos en favor de sus intereses particulares, lo que el diario El Comercio llamó la "cultura del fraccionamiento". La Asamblea Constituyente inició sus deliberaciones en la Escuela Superior de Guerra en medio de una cierta indiferencia popular. No era para menos, pues en el ambiente flotaba una serie de acusaciones de corrupción contra el presidente interino. A pesar de todo, y en medio de las amenazas de desconocer su trabajo, la Asamblea siguió su tarea. Pero al llegar la fecha límite del 30 de abril su decisión de prorrogar sus deliberaciones hasta el 8 de mayo hizo que la crisis estallara.
Alarcón se negó a publicar en el Registro Oficial lo deliberado después del límite, preocupado según algunos por las normas adoptadas para la lucha anticorrupción. Moeller, por su parte, lo amenazó con un juicio político si cambiaba de opinión, enfurecido al parecer, entre otras, por una norma 'candado' que prohibía al Congreso reformar lo actuado por la Asamblea por lo menos por un año. Lo cierto es que el arrendamiento de la Escuela expiró y los asambleístas fueron lanzados. Terminaron en la Universidad Andina Simón Bolívar, protegidos por un contingente de indígenas, los más beneficiados por las reformas.
Norman Wray, editor político del diario El Comercio, sostuvo a SEMANA que la Asamblea tuvo que desempeñarse desde el principio en un ambiente enrarecido, no sólo por el funcionamiento paralelo del Congreso, sino "porque sus últimos meses se cruzaron con los comicios del 31 de mayo, que no sólo abarcarán la primera vuelta presidencial sino la renovación del Congreso y otras autoridades".
Esa tesis es compartida por Burbano de Lara, quien señala, por ejemplo, que una explicación para la actitud de Alarcón y Moeller podría estar en el interés por socavar al virtual líder de la Asamblea, el ex presidente Oswaldo Hurtado, y de paso a su candidato de la Democracia Popular, el alcalde de Quito, Jamil Mahuad, quien encabeza las encuestas con amplio margen sobre el millonario Alvaro Noboa.
A pesar de todo, al final de la semana la crisis parecía superada, al menos por ahora, por dos factores principales: primero, por una proposición de Hurtado, según la cual la nueva Constitución sólo regiría a partir del 10 de agosto, esto es, que sólo sería publicada por el nuevo gobierno. Y segundo, por la decisión de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que exoneró a Alarcón del cargo más apremiante, relacionado con el manejo de fondos reservados, lo que le quitó presión a la actitud defensiva del mandatario interino.
El problema, sin embargo, es que la nueva Constitución seguirá en un limbo jurídico. No se sabe a ciencia cierta qué actitud asumirá el nuevo presidente aunque, como dijo a SEMANA el asambleísta Ernesto Albán, "las reformas son ampliamente favorables para el ejercicio presidencial en la medida en que clarifican sus relaciones con el Poder Legislativo y le dan la exclusiva iniciativa del gasto. Así que sería muy difícil que un nuevo presidente se negara a aceptar las nuevas reglas". Eso deja abierta, no obstante, la pregunta sobre qué hará al respecto el nuevo Congreso.
Por lo demás, según Albán, las nuevas disposiciones constitucionales tienen muchas cosas positivas, como la descentralización, la reforma judicial y los derechos de la comunidad indígena, entre otros. Pero el propio asambleísta advierte sobre los riesgos: "Lo malo es que muchos van a pensar que va a cambiar el país, y eso no es así, pues como lo hemos visto siguen las prácticas políticas de siempre. Si las personas que ahora se elijan no responden a las expectativas los males podrán quedar intocados. Y la responsabilidad histórica podría ser enorme".

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