El Alba después

El día en el que el Congreso de Paraguay removió de su cargo al presidente Fernando Lugo hubo poco ruido dentro de ese país suramericano. El depuesto mandatario, si bien en desacuerdo con la decisión, la aceptó públicamente, se refirió a su sucesor como "el presidente" y se retiró sonriente diciendo que salía por la puerta grande. Apenas 5.000 personas protestaron en la calle. Pero un alba después, las cosas cambiaron, y hoy el nuevo gobierno se enfrenta a un aislamiento internacional.

El sábado, al día siguiente del juicio relámpago mediante el cual el Congreso destituyó al presidente, empezaron los pronunciamientos externos. El presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció que lo ocurrido en Paraguay era un golpe de Estado. Tras eso, los demás países miembros del Alba condenaron el hecho. El domingo, Lugo, envalentonado, echó reversa: declaró "inconstitucional" su destitución, negó la legitimidad del gobierno de Franco, definió lo sucedido como un golpe de Estado y empezó a turbar los ánimos en el interior de su país.

Ricardo Canese, secretario general del Frente Guasú, partido político con el que Lugo llegó a la Presidencia, anunció: "Haremos cortes de rutas intermitentes y manifestaciones en plazas públicas. La resistencia será permanente hasta que se restablezca el Estado de derecho". Y el expresidente anunció que no descarta lanzarse nuevamente a la Presidencia, aunque la reelección está prohibida.

Con un ambiente internacional cada vez más adverso y un país cada vez más dividido, la atención estaba centrada en la cumbre de Mercosur del pasado viernes en Mendoza (Argentina). Tras horas de expectativas y deliberaciones, el seno de esta organización decidió suspender a Paraguay y retirarle sus derechos participativos hasta abril de 2013, cuando deben realizarse las elecciones presidenciales ordinarias. Además, Unasur determinó que sus observadores supervisarán el proceso electoral, lo que equivale a aceptar que el nuevo gobierno llegará hasta abril. Pese a la gravedad de lo ocurrido, el Mercosur se abstuvo de decretar sanciones económicas, porque, como afirmó la líder de la cumbre y presidenta argentina, Cristina Fernández, "nunca la pagan los gobiernos, la paga el pueblo". La OEA no ha tomado posición.

Aunque el castigo no fue severo, lo cierto es que hay una fuerte postura de los gobiernos de izquierda en rechazo a lo ocurrido con Lugo, pues, como explicó a SEMANA Carlos Cordero, analista político experto en gobernabilidad y legislación: "Los países de Unasur y del Alba defienden el gobierno de Lugo porque al mismo tiempo previenen crisis políticas en sus propios Estados. Temen que la caída de Lugo signifique el lento desmoronamiento de sus propios gobiernos". Por ello, Hugo Chávez anunció que frenará el envío de petróleo a Paraguay y Rafael Correa, de Ecuador, pidió "decisiones firmes" y dijo que de todos modos no reconocería al gobierno "espurio" de Franco.

Por su parte, la mayoría de países latinoamericanos retiró o llamó a consulta a sus embajadores e incluso algunos miembros del Parlamento de la Unión Europea pidieron que se suspendan los tratados comerciales hasta que se restablezca el orden democrático. Y hasta la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's rebajó la nota del país.

El nuevo gobierno de Federico Franco tiene mayorías parlamentarias, aprobación de la Iglesia Católica y el respaldo de muchos sectores populares desencantados con Lugo, sin contar con que la destitución no violó formalmente la Constitución. Pero su margen de maniobra estará muy limitado por las presiones externas. Si los países del Alba consiguen escalar la presión, el nuevo presidente se verá en aprietos y la situación interna de Paraguay podría tornarse explosiva.