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| 6/13/1988 12:00:00 AM

EL AMERICANO FEO

Presiones para destituir a Elliot Abrams, responsable de los fracasos de Reagan en Latinoamérica.

"En Washington todo el mundo adora odiar a Elliot A brams", decía una joven funcionaria oficial en un restaurante de la capital norteamericana la semana pasada. Su frase, que recordaba más la chismografía hollywoodense que el frío ambiente burocrático de la ciudad, refleja la animadversión que el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos ha llegado a despertar entre sus compañeros de la administración. La razón no es ningún misterio. Abrams, como encargado de la política exterior norteamericana para el resto del continente, no sólo es el ejecutor del dirty work--trabajo sucio--de los norteamericanos en Nicaragua y Panamá, sino su inspirador principal y su más entusiasta defensor.

Para algunos círculos, como el de la dama de la declaración, lo que más repugna de Abrams es su capacidad para justificar olímpicamente los medios por el fin. En círculos más elevados, sin embargo, lo que produce rechazo no es sólo la dudosa moral del funcionario, sino su ineficacia en el manejo de las delicadas relaciones de los Estadgs Unidos con sus vecinos.

Dentro de esos medios más encumbrados ha surgido incluso un movimiento destinado a convencer a Ronald Reagan de sacar a Abrams de su puesto. Según el diario Miami Herald, esa especie de conjura palaciega está encabezada por Howard Baker, quien ocupa un cargo que en Colombia sería la Secretaria General de la Presidencia, y por el consejero nacional de Seguridad, Colin Powell.
La tempestad de críticas contra el desempeño de Abrams comenzó desde el año pasado, cuando mintió ante el Senado con ocasión del escándalo de la venta de armas a Irán para financiar la ayuda a los contras nicaraguenses. Aunque el papel del subsecretario se diluyó en medio de personajes de la talla del fallecido William Casey y del teniente coronel Oliver North, las dificultades de Abrams nunca le abandonaron del todo. Sin embargo, solamente cuando comenzó el vía crucis de la administración Reagan contra el hombre fuerte de Panamá, volvió Abrams a estar en el foco de las críticas.

Desde el 4 de febrero pasado, cuando se presentaron cargos ante juzgados de Miami y Tampa, que acusaban al general Manuel Antonio Noriega de participación en el tráfico de drogas, Abrams orquestó una campaña para sacarlo del poder efectivo de la nación centroamericana. Esa campaña, que incluyó fuertes sanciones fiscales, embargos comerciales y hasta la prohibición a ciudadanos y empresas de Estados Unidos de pagar cualquier tarifa o impuesto a lavor del gobierno panameño, no solo no logró su objetivo, sino que, al estrangular la economía del panameño raso, consiguió que los Estados Unidos se vieran en el papel de malos de la película y que Noriega, aun con sus oscuros antecedentes, pasara de villano a victima, para convertirse en algo asi como el simbolo de la resistencia de los pueblos oprimidos contra el imperialismo. Y para cerrar con broche de oro, produjo la crítica más inusual pero también la más acérrima, cuando propuso utilizar las fuerzas estacionadas en el Canal de Panamá para tumbar a Noriega. Voceros del Pentágono expresaron su estupefacción ante semejante propuesta, a la que llamaron "descabellada".
Semejante resultado, no podía menos que crear un enorme malestar en medios políticos del país del norte, que ya habían empezado a mirar con recelo a Abrams desde su desastroso manejo del proceso de paz nicaraguense. A mediados del año pasado, Abrams llegó a predecir con toda seguridad que el presidente Daniel Ortega no aceptaría el plan de paz diseñado por el costarricense Oscar Arias, algo que sucedió sólo algunos días más tarde. Como si eso fuera poco, el subsecretario no tuvo la habilidad de predecir que sandinistas y contras firmarían un acuerdo de paz en desarrollo del plan Arias y cuando lo hicieron, declaró que estaba convencido de que los sandinistas no cumplirían sus compromisos, en lo que se equivocó de nuevo.

Semejantes fallas han llevado a que un sector de la administración, haya comenzado de hecho a asumir responsabilidades tradicionalmente asignadas al puesto de Abrams. En cuanto al asunto de Panamá, los propios Baker y Powell asumieron el control, y han cambiado fundamentalmente la aproximación al problema, con una politica que muchos observadores consideran mas realista, y que reconoció al Grupo de los Ocho como mediador legítimo. En cuanto a Nicaragua, las labores de Abrams son compartidas con tres funcionarios que, de hecho, actúan como sus supervisores: John Negroponte, antiguo embajador en Honduras y actual subdirector del Consejo Nacional de Seguridad, y John Whitehead y Michael Armacost altos funcionarios del Departamento de Estado.

Pero a pesar de la evidente pérdida de protagonismo que sufre día a día la imagen de Abrams, muchos observadores políticos norteamericanos creen que en esta ocasion, como en las anteriores, éste podrá capear el temporal y permanecer en su puesto.
La razón es que la continuidad del funcionario en la administración dependeria más de razones políticas que de su efectividad en el desempeño del cargo. En efecto, críticos y detractores coinciden en que la destitución o la renuncia de Abrams seria vista como el abandono de los contras por parte del gobierno de Ronald Reagan, y por lo tanto como el más serio revés de su política centroamericana, en un momento en que el otro dolor de cabeza, el asunto de Panamá, toma un giro especialmente molesto para la imagen norteamericana en el resto del continente. Según los observadores, su permanencia sería otra demostración de que en éste, como en otros aspectos de la administración Reagan, el fin podría justificar los medios. --
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