Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1989/10/23 00:00

EL ASALTO FINAL

El gobierno de Felipe González parece decidido a borrar la ETA del mapa.

EL ASALTO FINAL

Si el asesinato de Luis Carlos Galán por parte del narcoterrorismo fue la gota que rebasó la copa en Colombia, el crimen cometido la semana antepasada por el grupo terrorista español ETA contra la fiscal Carmen Tagle lo fue para el gobierno de Felipe González. En una clara respuesta al grupo terrorista, las autoridades españolas desmantelaron el sábado 16 de septiembre a uno de los principales comandos etarras, a cuyo cargo estaban las principales acciones ocurridas en Madrid durante los últimos meses.

En un retén en la autopista que va de Bilbao a Behobia, en la población de Irún, una patrulla de la guardia civil interceptó un camión en el que viajaba prácticamente la cúpula del comando "Araba" y en medio de un intenso tiroteo resultaron muertos los reconocidos jefes terroristas Manuel Urionaparrenechea Betanzos, alias "Manú" y Juan María Oyarbide Aramburu, alias "Txiribita". Según las versiones oficiales, en el momento en que el camión fue detenido, de su interior salió una granada, lo cual obligó a la guardia civil a responder.

Pero los golpes contra ETA continuaron. Al día siguiente se informaba en la prensa española la detención de 12 personas más, en la población de Alaba, 8 en Guipúzcoa y 4 en Vizcaya. Se incautó gran cantidad de armamento entre el que se encontraban subfusiles, cetmes, pistolas, granadas y por lo menos 225 kilos de material explosivo, así como documentos de identidad falsos, pelucas, pasamontañas y un buen número de artículos.

Los familiares de las víctimas y las organizaciones de izquierda vascas como la coordinadora Abertzale Sozialista (KAS) y Herri Batasuna no aceptan la versión oficial y han llegado a calificar los episodios de Irún como "puros y simples fusilamientos" y "emboscada asesina". Afirman que los policías que participaron en la operación "los estaban esperando y tiraron a matar" y que los hechos son la consecuencia de la política que Felipe González dejó ver al día siguiente del asesinato de la juez Tagle, cuando afirmó: "Hay que buscar un nuevo consenso antiterrorista". Según ellos, familiares, militantes vascos y funcionarios públicos de las poblaciones de las Gestoras por Amnistía, lo que el gobierno español quería decir fue algo así como "vamos a acabarlos".

Pero como para que no quedara duda de que el gobierno español estaba dispuesto a ponerle un tatequieto a la ETA, al día siguiente la prensa española informó sobre la autorización de la justicia francesa de extraditar al etarra Juan Lorenso Lasa Mitselena, alias "Txikierdi", hacia España. El tribunal de apelaciones de Tolouse, atendiendo un llamado expreso hecho por Felipe González después del asesinato de la juez, en el sentido de solicitar la extradición de los miembros de ETA, aceptó la entrega del etarra y al parecer este puede ser extraditado en cualquier momento. Así mismo, la Audiencia Nacional ha comenzado a adelantar los trámites para solicitar la extradición de los miembros del Comando de Madrid, Belén González Peñalva, Juan Manuel Soares Gamboa e Ignacio Arakama Mendia, quienes fueron deportados desde Argel y se encuentran actualmente en la República Dominicana.

La ofensiva del gobierno parece ser el comienzo de una acción que va destinada a acabar de una vez por todas el problema. Y mientras las muertes de los integrantes del comando "Araba" han servido para que las voces prodiálogo se hayan levantado con vehemencia, inclusive fustigando a ETA, las autoridades españolas parecen querer no dialogar sin antes haber disminuido la capacidad militar de la organización terrorista. Menos aún cuando la respuesta de ETA fue la de enviar mensajes en los que amenaza a los funcionarios de gobierno y de justicia que "sigan colaborando en los ataques contra los presos políticos" y los advierte de que "seguirán siendo objetivo de nuestras acciones militares".

El comunicado, publicado en el diario Egin (que comparte las tesis nacionalistas de ETA) reivindicaba el atentado a la juez Carmen Tagle "en justo pago por su condición de representante muy signifcativa de una Audiencia Nacional que se ha convertido en símbolo de represión directa contra los patriotas y otros revolucionarios del Estado". Por su parte, la Audiencia Nacional también respondió y ante el rumor de que esta había decidido suspender los juicios contra ETA, hizo público un comunicado en el que señala que se celebrarán todos los juicios. De hecho, al dia siguiente reanudó el juicio contra el etarra Pedro María Fernández, para quien el fiscal pidió 26 años de prisión.--

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.