Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 1987/08/24 00:00

EL CASO BANTEQUENDAMA

30 días para decidir si se repone el capital perdido o si se va a la liquidación.

EL CASO BANTEQUENDAMA

Una agencia de un banco no puede quebrar si el banco está bien, pues estaría obligado a sanearla, y este es el caso del Banco Tequendama en Venezuela. Mientras el Banco Tequendama en Colombia "ha recibido la inyección de recursos por unos 8. 600 millones de pesos, equivalentes a unos 860 millones de bolívares para recuperar la institución que está intervenida, no se concibe que no utilice recursos para sanear también sus sucursales en Venezuela", afirmó el pasado miércoles 22 un analista del periódico El Universal de Caracas.
"La historia de la representación en Venezuela del Banco de Tequendama puede llamarse una historia de malas administraciones. Los problemas financieros de esa institución fueron agudizándose" resumió el superintendente de bancos de Venezuela, en el momento de dar a conocer la resolución del ministro de Hacienda por medio de la cual se resolvió intervenir en las sucursales del Banco en Caracas y San Antonio del Táchira el pasado 20 de julio. Esta misma resolución nombró a los dos miembros de la junta interventora, les asignó funciones y señaló que el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria garantizará los depósitos del público.
Ante este hecho, la administración central del Banco en Bogotá reconoció el desacertado manejo administrativo, el cual es materia de investigación penal solicitada por ellos mismos, y precisó que "hará frente a las responsabilidades que conforme a la ley venezolana le corresponden y especialmente en cuanto a la seguridad para los depositantes". En previsión de un déficit de las sucursales, la administración central había solicitado apoyo en términos de inversión o préstamo al Fondo de Garantías de Venezuela en dos ocasiones: la primera en noviembre pasado por 120 millones de bolívares (1.200 millones de pesos) la cual fue negada, y luego por 800 millones de bolívares, los cualés también fueron negados. Por otra parte, la Superintendencia de Bancos de Venezuela había solicitado en reiteradas oportunidades la reposición del capital perdido, dando un plazo de sesenta días para ello, los cuales se cumplieron el 11 de julio sin haber recibido respuesta. Ante este hecho, el único camino era intervenir las sucursales.
Ahora, la administración del Banco tiene un plazo de treinta días para decidir si se repone el capital perdido o si se va a la liquidación. El costo de la primera vía es de 100 millones de bolívares (mil millones de pesos) para absorber las pérdidas y reponer el capital, y debe ser aportado por Colombia, puesto que el organismo competente de Venezuela enfáticamente ha negado su participación.
Pero el Banco Tequendama no atraviesa por su mejor momento. Fue oficializado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras el año pasado, a raíz de problemas que presentó desde 1984, año en el cual tuvo la mitad de las pérdidas de la banca mixta (aquella con capital extranjero) y que aumentaron en cuatro veces para el año siguiente.
Para el segundo semestre de 1986 se había recuperado según algunos indicadores de comportamiento financiero como lo analiza la revista Estrategia, pero mostraba la peor relación de deudas de dudoso recaudo y bienes recibidos en pago con relación a la cartera vigente. La relación de cartera de difícil cobro a cartera vigente, era asimismo la peor del sistema bancario, siendo cuatro veces la del banco siguiente, el Banco de Colombia.
La noticia de la llamada crisis quiebra, liquidación o estrictamente intervención del gobierno venezolano en las sucursales del banco ha sido objeto de preocupación por parte de la opinión pública y la prensa de Colombia pero no así en Venezuela. Tres elementos saltan de este episodio: que al otro lado de la frontera sí hay quiebras de los bancos y que el gobierno interviene para garantizar los depósitos del publico, pero no los malos negocios de los administradores; que el gobierno colombiano tendría que responder por el mal manejo de los bancos no sólo en el país, sino en las sucursales que ellos tengan en el exterior; y que a la intervención estatal directa en este caso le falta agilidad.







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