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Francoise Rudetzk, presidenta de la asocación francesa de víctimas de terrorismo "SOS Attentats" llega al juicio contra el terrorista venezolano Ilich Ramírez Sánchez, 'Carlos', en el Tribunal de lo Criminal de París, Francia, el lunes. | Foto: EFE/Ian Langsdon

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El Chacal, "revolucionario de profesión", fue combativo en su primer día de juicio

'Carlos', que a sus 62 años lleva desde agosto de 1994 encarcelado en Francia y que cumple ya una pena de cadena perpetua por haber matado a tres hombres en 1975, mostró la radicalidad de su discurso.

7 de noviembre de 2011

El terrorista venezolano Ilich Ramírez Sánchez, alias 'Carlos' o 'Chacal', se mostró el lunes combativo en el primer día del juicio en su contra por cuatro atentados mortales en Francia en 1982 y 1983, en el que se definió como "revolucionario de profesión", en una jornada dedicada estrictamente a cuestiones de procedimiento.

Habló repetidamente -en ocasiones confusa y difícilmente comprensible por su acento al hablar francés- contra dos asociaciones francesas de víctimas del terrorismo que habían pedido constituirse en acusación particular en este proceso, que se va a prolongar hasta el 16 de diciembre en el Tribunal de lo Criminal de París.

A los directivos de Fenvac presentes -cuya demanda fue finalmente desestimada por el tribunal- los descalificó como "carroñeros sionistas (...) que contaminan este proceso", después de haber cargado contra "el Estado racista sionista de Israel", que a su juicio se ha apropiado de la simpatía internacional por las víctimas del Holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial.

En cuanto a la otra asociación, la de los familiares de los fallecidos en el atentado contra un avión de la compañía UTA que explotó cuando sobrevolaba el desierto del Teneré en 1989, afirmó que "no tienen nada que hacer" en su juicio, que no está relacionado con esa acción.

Ramírez Sánchez dijo ser "un anticolonialista de nacimiento, como todo venezolano" y consideró que "el neocolonialismo es peor que el colonialismo", al referirse a la presencia de aviones militares en diversas bases africanas mientras estaba comentando algunos detalles sobre el contexto en que se produjo esa acción contra la aeronave de la UTA, en la que murieron sus 170 ocupantes.

También aseguró que el atentado contra el avión de Pan Am que en 1998 explotó cuando sobrevolaba la localidad escocesa de Lockerbie "no tiene nada que ver con los libios", en una clara refutación de las conclusiones de la Justicia británica, que responsabilizó a un miembro de los servicios secretos del régimen de Muamar Gadafi.

La última parte de este primer día se dedicó al programa del proceso y en particular a la asignación de fechas para los distintos testigos, muchos de los cuales han hecho saber que no acudirán alegando su avanzada edad, su estado de salud delicado o sus obligaciones profesionales.

Allí el veterano terrorista reiteró su demanda para que declaren el expresidente francés Jacques Chirac y su esposa Bernadette, aunque ambos han escrito a los jueces para decir que no tienen intención de acudir.

'Carlos' justificó su requerimiento de Chirac porque, según sus palabras, era el objetivo de uno de los atentados por los que va a ser juzgado, el que se saldó con cinco muertos y 28 heridos al explotar una bomba en el tren "Capitole" que cubría el recorrido París-Toulouse el 29 de marzo de 1982.

Las otras tres acciones en las que también está acusado de "complicidad" en tanto que inspirador y dirigente del grupo que supuestamente los organizó, causaron otros seis muertos y decenas de heridos.

Ramírez Sánchez puso en evidencia su enfado con la embajada de Venezuela en Francia, y en particular con su titular, al acusar de "malversación" de 100.000 euros que había pedido a las autoridades de su país para poder garantizar su defensa y pagar desplazamientos para que algunos testigos puedan acudir a declarar ante el tribunal.

El presidente de la audiencia, ante la advertencia de los letrados del acusado de que si no disponían de medios no podrían realizar su misión, decidió que ejerzan como abogados de oficio, pagados por el Estado francés.
 
EFE