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| 5/2/1988 12:00:00 AM

¿EL COMIENZO DEL FIN ?

Dejar el poder sin salir del país, podría ser la fórmula ideal para Noriega

Cuando el buque portahelicópteros Okinawa, de la Marina de los Estados Unidos, cruzó el Canal de Panamá y ancló en la base naval Rodman, de esa vía interoceánica, muchos pensaron que el fin de la larga crisis panameña había llegado de la mano de una intervención norteamericana, al estilo de épocas pasadas. Esos presentimientos habían sido azuzados por las declaraciones del vocero presidencial Marlin Fitzwater, quien había dicho que "hay límites a nuestra paciencia".
El funcionario hablaba a raíz de la violenta ocupación por parte de fuerzas gubernamentales del Hotel Marriott de Panamá, en donde funcionaban algunas oficinas de la Cruzada Civilista, el movimiento empresarial que trata de sacar al general Manuel Antonio Noriega de su posición como hombre fuerte del país. La toma, que tuvo lugar el viernes 25, tenía, según un comunicado del Ministerio de Gobierno y Justicia de Panamá, el objetivo de poner tras las rejas a algunos líderes de oposición que, según la ley marcial imperante, se encontraban por fuera de la legalidad.
Pero aparentemente el asunto se salió de las manos de las autoridades, y varios periodistas extranjeros, entre ellos algunos norteamericanos, resultaron detenidos hasta el día siguiente, luego de recibir impresionantes golpizas que fueron registradas y difundidas por las cadenas de la televisión norteamericana.
Pero, por brutal que parezca, el episodio no le hizo mayor mella a la posición de Noriega como verdadero detentador del poder en su país. El gobierno norteamericano finalmente no hizo uso de la fuerza y se mantuvo en su política de continuar ejerciendo presión por medios esencialmente económicos.
Sin embargo, algunos hechos le restaron solidez a la posición norteamericana ante Panamá. En algunos sectores latinoamericanos, la declaración del presidente Ronald Reagan ante el ofrecimiento del dominicano Joaquín Balaguer de recibir a Noriega en su país en calidad de exiliado político -"No es suficientemente lejos"- pareció un exceso de intervención en los asuntos de un país soberano. Por otra parte, se evidenciaron diferencias de criterio en el seno del gobierno norteamericano, en cuanto a la estrategia a seguir frente a Noriega. El Pentágono dejó conocer sus críticas a las sanciones económicas, que considera exageradas y provocadoras. En una audiencia ante el Congreso la semana pasada, el Subsecretario Asistente de Defensa para Asuntos Interamericanos, Robert Pastorino, reconoció que existían diferencias de criterio entre su dependencia y el Departamento de Estado, y añadió que "nosotros en el Pentágono quisiéramos medidas prudentes y apropiadas" que permitieran alcanzar los objetivos norteamericanos. Esa declaración reflejaba además la creciente conciencia en medios gubernamentales de que si el general Noriega se mantiene, como es lo previsible, la escasez de comida y la crisis monetaria podrían ser en últimas atribuidas a los mismos Estados Unidos y provocar, no sólo el repudio internacional, sino acciones violentas contra los 50 mil ciudadanos norteamericanos que viven en Panamá.
Pero lo que le quitó más piso a la posición norteamericana fue la declaración unánime de la reunión urgente del SELA, Sistema Económico Latinoamericano, celebrada en Caracas, en la que se denunció "la agresión económica" de Washington y se solicitó socorro financiero y alimenticio para los panameños. Esta posición, sustentada por 23 países miembros de la organización -sólo faltaron tres a la reunión- convirtió en mito la idea de que sólo Cuba y Nicaragua apoyaban a Noriega y puso al gobierno de Reagan en una posición evidentemente embarazosa.
Entre tanto, a comienzos de Semana Santa parecian correr vientos renovadores en Ciudad de Panamá. Los supermercados, atendiendo la orden del gobierno, comenzaron a abrir sus puertas y a poner fin así a dos semanas de parálisis casi total. Según informó a SEMANA un colombiano residente en esa ciudad, los bancos están comenzando también a prestar ciertos servicios restringidos, y algo de circulante empezó a mover el debilitado comercio.
Por otro lado, parecía abrirse paso una solución intermedia para la crisis. Un abogado panameño confirmó a SEMANA que su Constitución prohibe expresamente la extradición de nacionales, la pena de muerte y el extrañamiento, mejor conocido como el destierro. En esas condiciones, mal podría pensarse en sacar del país a un hombre que, como Noriega, no sólo tiene los medios físicos para evitarlo, sino también los legales. En esas condiciones las conversaciones que se inician el lunes, a instancias del arzobispo Marcos McGrath, podrían llegar a una fórmula según la cual Noriega saldria honrosamente de la comandancia de las fuerzas de defensa y permanecería en el país, aunque alejado de las tareas gubernamentales.
Esta posibilidad ha abierto un clima de esperanza en la convulsionada nación centroamericana. La nueva disposición al diálogo mostrada por la Cruzada Civilista parece reflejar que los opositores al régimen comprendieron que les va mejor, sin los norteamericanos de su lado, que con ellos. Pero de otra parte, no faltan quienes piensan que con Noriega en el país, nadie puede garantizar que no siga manejando los hilos del poder, así se le mantenga en el lugar más recóndito del istmo.
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