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| 5/9/1988 12:00:00 AM

EL CRUCERO DE MEESE

De gira por países latinoamericanos, el procurador general de EE.UU. trata de olvidar el escándalo que lo tiene al borde de renunciar

EL CRUCERO DE MEESE EL CRUCERO DE MEESE
Cuando se anunció el viaje de Edwin Meese a varios países de Latinoamérica para tratar temas relacionados con el narcotráfico, los primeros sorprendidos fueron los observadores políticos norteamericanos. Para ellos resultaba incomprensible que el hombre sobre quien recaía el escándalo de turno de la administración Reagan dejara su oficina por una semana completa, mientras a su alrededor la dependencia a su cargo se sumía en el caos. En efecto, dos de los funcionarios más importantes del despacho, junto con sus colaboradores inmediatos, habían presentado su renuncia desde el martes 29 de marzo.
Se trataba de la protesta no confesada de Arnold Burns, viceprocurador, y William Weld, procurador asistente para asuntos criminales, contra la continuidad de Meese en el cargo. Lo que llenó la copa de esos funcionarios, ampliamente reconocidos por su honestidad, fue la investigación que un fiscal independiente está adelantando sobre ciertas actividades de Meese que andan, al menos, por los límites del Código Penal.
La carrera de Edwin Meese no ha sido un jardín de rosas desde que asumió el cargo en la administración del presidente Reagan. Muchas de sus contradictorias declaraciones con ocasión del famoso escándalo Iráncontras le valieron la fama de ser la rueda suelta del gobierno. Para muchos observadores Meese se convirtió en el prototipo del funcionario burocrático e incompetente, sostenido solamente por su estrecha amistad con el presidente Reagan.
La investigación que armó el barullo, iniciada a mediados del año pasado, se centró al comienzo sobre las actividades de Meese en apoyo de la aspiración de Wedtech Corporation de construir un eleoducto en Irak. En mayo de 1985, Meese presentó a Robert Wallach, su antiguo amigo y abogado y quien tenía intereses financieros en el proyecto, con Robert Mc Farlane, entonces Consejero Nacional de Seguridad. En esa época, según los reglamentos, Meese estaba inhibido de hacer eso, no sólo por razones puramente éticas, sino porque aún le debía personalmente una gruesa suma a su antiguo abogado, por cuenta de honorarios legales.
Hasta ahí, la cosa podría tener algún tipo de presentación más o menos aceptable. Pero la existencia de un proyecto de resolución del Consejo Nacional de Seguridad preparado para la firma del presidente Reagan, y nunca formalizado, hizo levantar la polvareda. El documento ordenaba la entrega por US$375 millones en créditos del Pentagono al gobierno de Israel, que estarían destinados a que este no atacara la construcción del oleoducto.
Otro aspecto de la investigación se centro en la propuesta que el amigo Wallach le hizo a Mc Farlane, de hacer pagos al partido laborista israelí a cambio de evitar cualquier interferencia política. Pero lo anterior es sólo comparable con las acusaciones, algunas de las cuales involucran a Meese, de que Wedtech Corporation se convirtió, con la ayuda de ciertas figuras claves del gobierno federal, en la empresa preferida para la adjudicación de múltiples contratos de ingeniería. El procedimiento era maquiavélico: usando sus influencias a distintos niveles, la compañía hacía que el Departamento de Justicia --la dependencia a cargo del procurador general-- pusiera entre ojos a sus competidoras, iniciandoles investigaciones por cualquier cosa. Como lo declaró muy graficamente Mario Moreno, antiguo ejecutivo de la firma, y quien colabora con la investigación a cambio de un tratamiento más favorable, "hacíamos que las competidoras fueran investigadas por cualquier esqueleto que les encontraran en el armario". Por este procedimiento, las empresas de la competencia comenzaron a tener serios problemas legales, que Wedtech conocía aún antes de que las investigaciones comenzaran.
Aunque Edwin Meese hasta ahora ha negado sistematicamente cualquier mal manejo de su parte, sus argumentos por lo visto no fueron lo suficientemente contundentes como para convencer a sus inmediatos subalternos. Lo cierto es que el fiscal independiente que adelanta la investigación, James Mc Kay, declaró la semana pasada que el punto crucial de su estudio, los posibles beneficios económicos que Meese hubiera podido recibir en cualquiera de los esquemas, no habían aparecido aún y que por lo tanto, no había pie para presentar cargos formales contra el funcionario.
Esto, aunque le dio un segundo aire a la posición del procurador general, no fue suficiente para ahorrarle el siguiente trago amargo que le esperaba. Su principal interes era llenar los cargos acéfalos tan pronto como fuera posible, para dejar así concluido el enojoso asunto y para echar una cortina de humo sobre los crecientes rumores de Washington sobre su renuncia. Pero, para hacer su situación aún más embarazosa, sus candidatos iniciales para llenar las vacantes se negaron a aceptar sus nombramientos y, aunque no explicaron sus razones, ellas eran un secreto a voces en medios gubernamentales. El candidato a llenar el puesto de viceprocurador era Arlin M. Adams, un juez retirado de 66 años y ampliamente respetado. En una entrevista telefónica, Adams manifestó que por sus compromisos con su actual firma de abogados y por dirigir una escuela de leyes, "le sería muy difícil aceptar". Aunque lo negó repetidamente, fuentes allegadas a Adams admitieron que también tenía objeciones al hecho de tener que trabajar con Meese.
Para empeorar las cosas, el candidato a llenar el puesto de procurador para asuntos criminales, James Knapp, resultó con unos problemas legales no especificados para asumir el cargo. Ante esas informaciones, y para su creciente desesperación, Meese debió abandonar la idea.
Esa parte de su pesadilla terminó para Meese un día antes de su viaje a Bogotá, el miércoles 6 de abril, cuando se anunció, por fin, que el procurador había conseguido llenar parte de la brecha existente en la alta dirección del departamento tras gestiones calificadas de frenéticas. John C. Shepherd, antiguo presidente de la Asociación Norteamericana de Abogados, aceptó el cargo de viceprocurador y Francis A. Keating, a quien trajo del Departamento del Tesoro, el de procurador asociado.
Sin embargo, hasta el nombramiento de los tan ansiados remplazados fue objeto de sorna y crítica en medios gubernamentales. La prisa del procurador por hacer públicos los nombramientos era tal, que olvidó notificar su decisión a la Casa Blanca que debía aprobarlos, y a su más próximo aliado en el Senado, cuerpo que debe ratificar el nombramiento y, por si fuera poco, tampoco esperó la acostumbrada investigación que el FBI hace de este tipo de candidatos. Como lo describió un funcionario, "es otra muestra del caos que vive el Departamento."

Conseguido el remplazo para sus más inmediatos colaboradores, Meese inició su controvertido viaje por Suramérica. Pero dejó atrás una catarata de exigencias de renuncia orquestadas, como es lógico, por la bancada demócrata en el Congreso. Pero muchos de sus propios copartidarios republicanos no quieren saber ya de Meese. Para un importante sector de ese partido, el funcionario es una verdadera amenaza, no sólo según ellos porque le ha quitado al gobierno la poca credibilidad que le quedaba, y la fuerza para imponer ciertos proyectos claves al final del mandato, sino porque pone en peligro la continuidad misma del partido en el poder.
Sin embargo, al cierre de esta edición pocos observadores creían que el procurador general fuera a renunciar. La razón: aunque es el enemigo número uno para los demócratas y un peso demasiado pesado de cargar para los republicanos, hay un hombre que sólo permitiría la destitución de Meese sobre su cadáver. Se trata de Ronald Reagan.
"Tengo toda mi confianza en él, ha a sido mi amigo por más de 20 años y no voy a comentar nada más sobre lo que está sucediendo", fue la agria respuesta que el Presidente dio a los reporteros en los jardines de la Casa Blanca. Las declaraciones resumieron muy bien el nivel de apoyo que Meese encuentra en su jefe político.
Su amistad se remonta a la época en que Reagan ganó la gobernación de California, dando comienzo a la carrera que lo llevaría a la presidencia. Meese entró en escena en 1967 como asesor legal, con la función específica de manejar las peticiones de clemencia de los condenados a muerte. Las difíciles decisiones que debieron tomar juntos fueron, en opinión de los estudiosos, un factor de únion personal que aún hoy no se disuelve. Pero además, con el tiempo Meese se fue convirtiendo en pieza clave del engranaje mental de Reagan. Como jefe del gabinete de California se hizo especialmente útil por su habilidad de poner en palabras sucintas y concretas las teorías políticas más elaboradas. Se dice que hoy por hoy, Meese es la persona que mejor conoce e interpreta la forma como Ronald Reagan concibe el mundo, se ha convertido en su más fiel compañero y su único amigo en medio de la soledad del poder.
Solamente un respaldo tan formidable como ese podría haber permitido que Meese, con sus principales colaboradores "preguntando dónde queda el baño" y con un profundo escándalo esperandolo en casa, exhibiera la confianza y seguridad que mostró en la rueda de prensa que dio al finalizar su visita de unas cuantas horas a Bogotá. Sus respuestas impresionaron por lo concisas y claras, tal como otrora debieron impresionar a su mejor amigo. Sin embargo, las propuestas que el procurador general y su comitiva trajeron a Colombia no alcanzaron a llenar las expectativas creadas alrededor de su espectacular visita. Para algunos, Meese exarcerbo de algun modo el nacionalismo de algunos sectores, que vieron con malos ojos sus insinuaciones sobre la creación de una policía internacional contra el narcotráfico. Pero sin duda su viaje por Latinoamérica le dio a Meese un respiro en medio de los agobiantes problemas que lo esperan en su propia oficina.--

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