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El desafuero

La posibilidad de que los jueces chilenos enjuicien a Pinochet sin que el país se acabe es uno de los éxitos del presidente Ricardo Lagos.

26 de junio de 2000

De poco le sirvió al general Augusto Pinochet haber reformado la Constitución para asegurarse la inmunidad judicial por sus acciones. El fuero especial, emanado de la novedosa figura de ‘senador vitalicio’, era su trinchera contra la posibilidad de ser juzgado por los crímenes de Estado cometidos durante su dictadura. La facilidad con la que se desmoronó su parapeto legal habla de una circunstancia nueva para los chilenos: la presencia en el Palacio de La Moneda de un hombre de la solvencia moral de Ricardo Lagos.

Desde que Ricardo Lagos asumió la presidencia un nuevo aire ha comenzado a rondar en ese país. Nadie quedó indiferente cuando impuso la doctrina de la transparencia y aseguró a los chilenos que todo lo que se discutiera en el palacio presidencial iba a ser informado a la ciudadanía y que en su mandato no cedería a presiones de ningún tipo. Las palabras del presidente sacaron a más de uno de sus casillas pero fueron clave en la actuación transparente de la justicia, que ha tomado la decisión de eliminar el fuero a alguien que parecía tan intocable como Pinochet.

Más allá de la situación penal del ex dictador, el posible juicio a Pinochet es un paso fundamental en la democratización de la sociedad chilena, que se había estancado en una transición en la que las fuerzas armadas ostentaban un papel gravitante en las decisiones y las presiones con caras pintadas y armas de grueso calibre habían transformado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en meros ejecutores de sus demandas.

Esta vez las presiones también han sido cotidianas. La derecha ha ocupado todo su poder en los medios para descalificar a los jueces y al Poder Judicial, el mismo que ellos utilizaron para legalizar los crímenes. Pero, a diferencia de lo que ocurrió durante los dos gobiernos anteriores, esta vez han encontrado la férrea vocación democrática de Lagos. Como dijo a SEMANA Elías Padilla, miembro chileno de Amnistía Internacional: “No es sólo el tiempo el que ha hecho posible el cambio ético de la justicia. Hay en Chile un cambio político que todos perciben y que genera una nueva dinámica en todas las esferas de los poderes del Estado. Lagos ha dado a conocer al país cada una de las presiones que los militares han intentado hacer para que no se juzgue a Pinochet, y ha recibido el apoyo ciudadano cuando públicamente ha dicho que las fuerzas armadas deben ser subordinadas y apegadas al derecho”.

Esa claridad le ha concedido a Lagos 62 por ciento de aprobación y el apoyo ante los fallos de la justicia, cualesquiera que ellos sean.



Defendiendo al general

La defensa de Pinochet estuvo basada en sostener su presunta mala salud. Pero estas razones, que habían sido escuchadas y aceptadas por el gobierno británico, no fueron aceptadas por la Corte de Apelaciones puesto que en Chile sólo se puede suspender un juicio si el inculpado se encuentra demente, es decir, incapaz de comprender su situación. Estado que a todas luces Pinochet no presentaba el día de su pomposa llegada al aeropuerto de Santiago de Chile. A partir de ahora sus abogados deberán preparar una nueva estrategia para apelar a la Corte Suprema de Justicia en su búsqueda de que ésta revoque el veredicto de desafuero.

En su contra está que ni las presiones militares ni las intimidaciones a los jueces resultan en las nuevas condiciones políticas y que la Corte Suprema tiene mucho más que perder si no ‘desafuera’ al hombre más solicitado por la justicia internacional. Por eso es que han comenzado a argumentar que el proceso carece de validez jurídica porque los actos de los mandatarios deben enjuiciarse por el Congreso en un plazo que ya se ha vencido. Para muchos se trata de un curioso análisis, que en lugar de tratar de desligar al ex dictador de los crímenes busca exculparlo porque fueron éstos cometidos en el ejercicio del poder.

Sobre ese aspecto el abogado Nelson Caucoto, experto en derechos humanos. dijo a SEMANA que “si la Corte Suprema no aprovecha el mensaje del presidente Lagos para la valorización del accionar de la justicia tendrá serios problemas para rehabilitarse ante la opinión pública. Hoy, ante la apelación que hará la defensa del general Pinochet, la Corte Suprema tiene la oportunidad única de poder sentar las bases del derecho en materia de la doctrina internacional de derechos humanos, que dice que las violaciones a estos derechos son inamnistiables e imprescriptibles y que cualquiera sea el rango de la persona a juzgar debe imponerse este derecho por sobre otro”.

Hasta tal punto han cambiado las cosas que el sociólogo Fernando Marinovic, de la Fundación Futuro, institución financiada por la derecha y dedicada a realizar encuestas, hizo a SEMANA un reconocimiento sorprendente: “El fallo de la justicia chilena se ajusta a la realidad. Según nuestra encuesta ‘El pulso de la política’, realizada entre el 18 y 24 de abril, el 56,1 por ciento de las personas dice que Pinochet debe ser juzgado y el 87,2 por ciento de los encuestados dice que debe dejar de ser senador vitalicio. En consecuencia, los tribunales de justicia han escuchado la voz de los ciudadanos, cuya mayoría cree que el general debe ser llevado a la justicia; esa es la democracia y yo creo que la mayoría del país está dispuesta a acatar lo que los tribunales decidan”.

Pero tal vez la mejor muestra de los nuevos tiempos que Ricardo Lagos ha traído a los chilenos fue su respuesta a una transeúnte que se le acercó para preguntarle si había peligro de golpe de Estado. El presidente, con sonrisa distendida, le respondió: “No mientras yo sea presidente”. Eso sucedía a menos de 24 horas de anunciado extraoficialmente el fallo de desafuero al hombre que decía “ni una hoja en este país se mueve sin que yo lo sepa”.