17 noviembre 2012

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El drama de los suicidios por los desalojos en España

MUNDOCada desalojo de una vivienda multiplica el número de víctimas en un país que tiene, sin embargo, una superabundancia de viviendas. ¿Quiénes son las víctimas de esta "trituradora humana"?

El drama de los suicidios por los desalojos en España. Manifestantes contra los desalojos en España.

Manifestantes contra los desalojos en España.

Foto: AP

El pasado 9 de noviembre sonó el citófono del apartamento donde Amaia Egaña vivía con su esposo y su hijo de 21 años. Se trataba de la comisión judicial que estaba a punto de ejecutar la orden de desahucio para obligarla a abandonar su apartamento, situado en el quinto piso de un edificio de Barakaldo, en el País Vasco.

Egaña les abrió la puerta mediante el interruptor automático, se acercó con una silla a una de las ventanas que dan a la calle, se subió a ella, y se lanzó al vacío. Los servicios sanitarios declararon que murió al instante.

Desde el 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria que detonó la crisis que dura hasta nuestros días, han sido desalojadas cerca de 400.000 familias, para una media de 532 evicciones diarias.
 
“Una verdadera paradoja”, explica Ana Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
 
“España es el país europeo que más vivienda ha construido en los últimos años, y es a la vez el que tiene la mayor tasa de vivienda vacía”, dice.

No son casos aislados

Al sur de España, en la ciudad de Granada, el pasado 25 de octubre ya se había registrado otro caso directamente vinculado a los desalojos que se vienen efectuando.
 
En la mañana de ese día, José Miguel Domingo, de 54 años, fue hallado ahorcado por su hermano en el patio de su casa, donde también tenía un quiosco de prensa donde trabajaba a diario.

Según el portal digital Teinteresa.es, José Miguel no había comentado sus problemas económicos entre sus allegados, y se había limitado a comentar su estado “un poco depresivo”.
 
El camarero del bar de la esquina declaró incluso a ese medio: "(El día anterior) fue la última vez que le vi, cuando vino a ver el partido del Madrid y me pareció todo normal, se tomó su cerveza y su tapa como siempre".

Sin embargo, el fenómeno no es nuevo. “Desde hace tiempo ya se veía a las familias llegar a las asambleas con la moral por el suelo”, explica Adriá Alemany, así mismo portavoz de la PAH y autor junto a Colau del libro Vidas hipotecadas.

“Se trata de la punta del iceberg del sistema hipotecario español”, explica Alemany, pues además de ser desalojados de sus viviendas, los deudores españoles deben cargar de por vida con una deuda que puede incluso superar el valor del préstamo.

“Cuando el banco interpone una demanda por impago, la vivienda pasa a ser subastada”, dice Alemany. “Sin embargo, debido a la poca demanda que hay actualmente en el mercado, en más del 95 por ciento de los casos esta se declara desierta, con lo que la mitad del valor de la vivienda pasa a manos del banco”.

“Quienes pasan por un proceso de desalojo se convierten en proscritos financieros”, puntualiza Colau. “Se embargan sus cuentas y también las herencias; se le niega la posibilidad de efectuar compras a plazo, de alquilar vivienda, y ni siquiera puede sacar una línea telefónica, por lo que la gente afectada se ve lanzada a la economía subterránea y queda por fuera de las redes de apoyo social”.

“La gente queda condenada de por vida y no hay segunda oportunidad”, dice la representante del PAH.

Un sistema sin excepciones

El mismo día de la muerte de Domínguez, Manuel G. B. se arrojó desde su apartamento en Burjassot, Valencia, cuando la comisión judicial y un miembro de la policía sonaron su timbre.

Según un testimonio recogido por el diario La Provincia, Manuel llevaba varios meses desempleado y atravesaba por una difícil situación emocional cuando le llegó la orden de desahucio del banco.

Su caso pone de manifiesto una de las facetas más llamativas del sistema español, que es su falta de atenuantes a la hora de efectuar los desalojos.
 
“Los desahucios son para todos por igual”, explica Alemany, “sin importar si se trata de una residencia principal o secundaria, si en la vivienda viven menores de edad o personas mayores, y ni siquiera si se está en medio de la estación invernal”.

A su vez, es notable que ni el mismo juez encargado de llevar cabo el desalojo pueda frenar el proceso.

“La ley española es inhumana”, concluye Colau.
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