Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 1994/05/09 00:00

EL ESTORBO GENERAL

El comandante de carabineros se niega a renunciar pese a haber encubierto un crimen, y despierta la amenaza militar en Chile.

EL ESTORBO GENERAL

EL GENERAL RODOLFO Stange se convirtió la semana pasada en una nueva prueba de que la democracia chilena está aún hoy bajo la mirada escrutadora del poder uniformado. La víctima esta vez es el flamante presidente Eduardo Frei, quien muy pronto en su mandato debe enfrentar una crisis institucional.
Stange ha sido acusado ante una corte marcial por el juez Milton Juica por haber entorpecido la investigación de una masacre cometida por las fuerzas de la represión en 1985, en plena dictadura de Augusto Pinochet. Entre el 29 y el 30 de marzo de ese año, José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero, militantes del Partido Comunista, fueron capturados y cruelmente degollados por desconocidos. Posteriormente se identificó a 15 miembros de Carabineros como autores materiales e intelectuales del asesinato. La semana pasada, el juez Juica profirió sus sentencias, que incluyen, entre otras, prisión perpetua para el coronel Guillermo González, el capitán Patricio Zamora y el cabo Alejandro Sáez.
Juica acusa a Stange y a otros seis generales de haber entorpecido la investigación, lo que eventualmente le valió el ascenso a comandante de Carabineros, una posición que le permitió acceder a las instancias más altas de la dictadura militar.
La acusación se basa en la existencia de una cinta en la que Stange le da instrucciones a uno de los implicados sobre la forma de hacer su declaración ante la justicia, una grabación que el uniformado reconoce como verdadera, aunque sostiene que creía en la inocencia de su interlocutor.
Remitida a la justicia castrense, esta acusación podría tomar varios meses y tal vez más de un año en ser resuelta si se cuentan las instancias aplicables, que llegan hasta la Corte Suprema de Justicia. Ese es el principal argumento de Stange para negarse a renunciar pese a los llamados de muchos personajes, incluido el presidente Eduardo Frei, quien está maniatado por las condiciones constitucionales instauradas para que Pinochet permitiera la democratización del país, que aseguran la permanencia en el mando de sus colaboradores hasta 1997. Pero el asunto de los degollados ha puesto sobre el tapete la necesidad de que el Ejecutivo recobre los plenos poderes sobre las Fuerzas Armadas como requisito indispensable para la consolidación de la democracia.
Las tensiones políticas creadas alrededor del asunto tienen de nuevo al fantasma de las botas a la orden del día en el país austral. La oposición de izquierda sostiene que Stange asumió una posición beligerante ante los pedidos de renuncia por consejo de Pinochet, con quien se reunió por varias horas, mientras los derechistas partidos Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional acusaron al gobierno de crear "tensiones innecesarias" en las relaciones cívico-militares.
Frei, tomado entre dos fuegos, amenaza con convocar al Consejo Nacional de Seguridad, un organismo conformado por ocho miembros, cuatro civiles y cuatro militares, incluidos el propio presidente, Stange y Pinochet. Esa es, por tanto, una instancia peligrosa que podría llevar a mayores tensiones. Entre tanto, está claro que Chile no accederá realmente a la democracia plena mientras sigan en sus cargos los uniformados de la dictadura.

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