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| 9/24/2004 12:00:00 AM

El fantasma de Florida

Mientras se acercan las elecciones crecen los temores de que se repitan y se agraven las irregularidades que llevaron a George W. Bush a la presidencia.

Si la ley de Murphy se puede aplicar a las elecciones norteamericanas, existe una razonable posibilidad de que todo lo que salió mal en 2000 salga mal otra vez en 2004. En las anteriores elecciones pasaron 36 días para que se supiera quién iba a gobernar al país durante los siguientes cuatro años. Al final no fue el voto popular, que favoreció a Al Gore, el que le dio la victoria a George Bush, sino una controvertida decisión de la Corte Suprema de Justicia que proyectó una sombra de duda sobre la legitimidad de su investidura.

Hoy las condiciones están dadas para que la pesadilla se repita, esta vez a una escala mucho mayor. Ya no se trata solamente de Florida, donde los problemas persisten, sino de todo el país, el que podría verse afectado por una reacción en cadena. Los problemas van desde la mecánica menuda, las máquinas utilizadas para sufragar, pasando por la parcialidad de funcionarios públicos, la supuesta intimidación de votantes minoritarios, las maniobras para negar el derecho a votar a grupos específicos como los prisioneros, los indígenas norteamericanos y los residentes extranjeros, hasta la existencia misma del Colegio Electoral que es el que decide en última instancia, con el sistema de voto indirecto, quién será el nuevo presidente.

Cinco de cada seis personas, de entre 115 millones que votarán en 2004, lo harán a través de computadores, similares a cajeros electrónicos, instalados en los sitios de votación por cuatro compañías privadas. A diferencia de los cajeros, sin embargo, las maquinitas no dan recibo, lo que implica que no será posible, después de que los votos han sido marcados, verificar de una forma irrefutable que lo que se puso en la computadora es lo mismo que aparece en el conteo.

Hasta el momento las compañías, con la ayuda de funcionarios locales, se han resistido a aceptar que los terminales computarizadas de votación produzcan los recibos, que van automáticamente a una urna sellada, bajo el argumento de que es inconveniente, resultaría más costoso y se podría prestar a problemas como el atascamiento del papel. Las excusas fueron desmentidas por los votantes del estado de Nevada, donde en las recientes elecciones primarias las máquinas computarizadas produjeron recibos sin ninguno de los problemas vaticinados por quienes se oponen a ellos.

Los problemas van más allá, sin embargo. Prácticamente todos los expertos en computación consultados al respecto coinciden en señalar que los equipos, llamados sistemas votación de registro electrónico directo, son extraordinariamente vulnerables. Cualquier persona con acceso a los terminales y a sus códigos de programación puede en teoría controlar la votación. Un problema es que estos códigos pertenecen a las corporaciones que proveen los equipos, las cuales insten en mantenerlos secretos. Según David Hill, profesor de ciencias de computación en la Universidad de Stanford, "todas las elecciones realizadas por este procedimiento son cuestionables y vulnerables a 'hackers', candidatos, fanáticos, gobiernos extranjeros y organizaciones criminales"

Otros problemas incluyen la inseguridad de los equipos, que en muchos casos permanecen en espacios abiertos; la falta de cerraduras y sellos de seguridad, como en el caso de Maryland donde las 16.000 máquinas de votación tenían todas la misma cerradura y la misma llave; inadecuados sistemas para probar su funcionamiento; el mal entrenamiento de los funcionarios electorales encargados de manejarlas; la falta de registros actualizados de votantes; la ausencia de opciones de votación alternas no electrónicas, como las consabidas papeletas o tarjetones; la ausencia de expertos independientes de seguridad; y la falta de transparencia en los procedimientos.

Para completar el panorama, las cuatro compañías encargadas de suplir los equipos de votación han sido todas identificadas de una forma u otra con el Partido Republicano. Se han dado casos como el de Walden O'Dell, CEO de Diebold, de quien se conoció una carta comprometiéndose a ayudar a su estado de Ohio a entregarle sus votos electorales a George W. Bush en noviembre; o como el del senador republicano Chuch Hagel, socio de American Information Systems, quien ganó la elección en su estado en 2002 con un margen de 14 puntos, aunque aparecía empatado en las encuestas con su oponente. Todas las compañías con sus ejecutivos principales han contribuido con importantes sumas de dinero a la campaña de George W. Bush.

Además de los problemas con los equipos, existen otras situaciones que han llamado la atención. En Florida, el estado fue obligado a retirar una lista de convictos que por ley no pueden votar cuando se descubrió que estaba plagada de errores que amenazaban con inhabilitar a muchos votantes. La lista incluía a 22.000 afroamericanos, potenciales votantes demócratas, y solamente a 61 hispanos, que tienden a votar por los republicanos. Tanto en Florida como a votantes indígenas americanos en Dakota del Sur se les exigió identificación para votar, algo que es ilegal. Otras personas, especialmente activistas ocupados en registrar nuevos votantes de minorías, como los negros, han recibido visitas de funcionarios gubernamentales que han sido consideradas poco menos que intimidatorios por defensores de los derechos civiles y organizaciones no gubernamentales.

Todo esto ha puesto en cuestión la imparcialidad y legitimidad del proceso electoral, más allá de las polémicas creadas alrededor de las posiciones políticas de los candidatos y de los partidos. Tanto la campaña de John Kerry, que se ha preparado a conciencia para la eventualidad de una impugnación generalizada con el alistamiento de más de 2.000 abogados, como la de George W. Bush, están en un alto estado de alerta en el caso de que se produzcan eventualidades que obliguen otra vez, como hace cuatro años, a poner en cuestión el resultado de las elecciones presidenciales del más importantes del mundo.
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