EL IRANGATE FRANCES

Si el ayatollah Khomeini lo hubiera planeado, probablemente el escándalo no hubiera resultado tan grande. Sin embargo, bastó la adecuada combinación de hechos oscuros y de ambiciones políticas para que de nuevo el tema del Irangate volviera a ser puesto sobre el tapete la semana pasada. Aunque parezca increíble, por segunda vez en pocos meses un país occidental se vio involucrado en cosas "sospechosas" en torno al envío de armas a Irán.
Si bien esta vez no hubo los elementos espectaculares que ocasionaron una crisis de proporciones en el interior de la Casa Blanca, el avispero francés se alcanzó a alborotar lo suficiente como para que el tema ocupara los titulares de la prensa gala y encendiera el tema político, a escasos seis meses de las elecciones presidenciales de abril de 1988.
El recuento de los hechos es relativamente sencillo. Entre 1982 y 1986 la compañía francesa Luchaire dedicada -entre otras cosas- a la producción de obuses, envió medio millón de estos proyectiles a Irán, violando una prohibición expresa del gobierno. Los embarques se hicieron utilizando certificados de destinación falsos hacia países tales como Grecia, Brasil, Yugoslavia, Portugal y Ecuador (permitidos por el gobierno francés), y le sirvieron a Luchaire para salir de una fuerte crisis financiera.
Según los reportes, el presidente francés Francois Mitterrand habria sido informado el 21 de mayo de 1984 y habría dado orden de que el ministro de Defensa de ese entonces, Charles Hernu, conociera el caso.
El problema consistió en que, a pesar del aviso, Luchaire continuó mandándole obuses al régimen de Khomeini durante un año y medio más. Las investigaciones han revelado que nada pasó, debido a que un hombre de confianza de Hernu, JeanFrancois Dubos, se encargó de encubrir los embarques ilegales.
Pero eso no es todo. El "agradecido" gerente de Luchaire, Daniel Dewavrin, habría contribuido con una suma equivalente a unos 400 mil dólares a las arcas del Partido Socialista, por ese entonces en el poder.
Palabras más, palabras menos, esas son las revelaciones contenidas en un reporte escrito por JeanFrancois Barba, contralor general de las Fuerzas Armadas Francesas, y publicado por la prensa francesa la semana pasada. Sin llegar a inculpar directamente a los más altos dirigentes del Partido Socialista y especialmente al Presidente de la República, el informe Barba deja flotando la pregunta clave: ¿quién le dio la luz verde a la compañía Luchaire y por qué?
La respuesta no es fácil. Por un lado un "testigo" que podría aclarar el papel de Mitterrand y Hernu en las irregularidades -el almirante René Audran- fue asesinado el 25 de enero de 1985 por un comando terrorista de la organización Acción Directa. Por otro, las pocas revelaciones que aporta el informe Barba no parecen tener base suficiente para señalar definitivamente a ningún sospechoso.
La investigación del Contralor General fue escrita en junio de 1986 y el hecho de que haya salido a la luz pública 17 meses después es, para muchos, una extraña coincidencia. Con las elecciones presidenciales previstas para abril de 1988, no faltan quienes aseguran que todo se trata, ni más ni menos, de un complot para desprestigiar al Partido Socialista.
Para probarlo, los partidarios de esa hipótesis resaltan cómo el dedo en la llaga fue puesto por la revista conservadora Le Point, la cual, en su edición del 2 de noviembre llamó la atención sobre el nexo entre las municiones vendidas a Irán y las arcas del Partido Socialista, además de insinuar que parte de los explosivos podrían haber sido utilizados en los atentados terroristas que conmovieron a París hace un año. La cadena de revelaciones fue continuada por el diario parisino Le Figaro el cual, en su edición del 4 de noviembre, publicó el informe Barba en exclusiva.
Precisamente -según la hipótesis del complot- Mitterrand sería el blanco velado de todo el escándalo. A pesar de que aún no ha dicho si se presentará en las elecciones presidenciales del próximo año, algunos sectores políticos estarían interesados en desprestigiar al actual Presidente francés, vinculándolo a diversos escándalos.
Semejantes sucesos son resultado directo del esquema de la cohabitación, bajo el cual el Presidente de la República representa al Partido Socialista y el primer ministro al RPR, principal grupo opositor. En opinión de los observadores la convivencia ha llevado a que cada colectividad conozca fácilmente los errores de la otra y los divulgue con fines políticos.
A su vez, el cargo de las contribuciones hechas por Luchaire a las arcas del Partido Socialista, está por demostrarse. Las investigaciones no han podido encontrar una prueba sólida que indique que, efectivamente, el partido del Presidente acabó beneficiándose de las ventas de armas a Irán.
En cuanto a éste, es muy probable que acabe saliendo indemne de toda responsabilidad. Mientras que en el caso de Ronald Reagan con el verdadero Irangate, el presidente norteamericano aprobó explícitamente la operación a pesar de impedimentos legales definidos, en el de Mitterrand lo máximo que puede haber es la mala fe de un funcionario de segundo orden.
Curiosamente, el escándalo ha servido para poner sobre el tapete la ética de países como Francia, que es uno de los principales vendedores de armas en el mundo. Proveedor de una centena de países, el país galo ha dejado en claro que en muchas oportunidades es más importante el principio comercial de vender, que el moral de escoger al comprador.