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| 2/20/2010 12:00:00 AM

El juez al banquillo

Investigar los crímenes del franquismo en su país le podría costar la carrera al juez español Baltasar Garzón, famoso por perseguir a los dictadores de medio mundo.

El 'superjuez' español Baltasar Garzón está a punto de perder sus poderes y su carrera podría tener los días contados, después de que tres organizaciones de ultraderecha lo acusaran de prevaricato por investigar los crímenes del franquismo. La gran paradoja es que Garzón, famoso en el mundo por haber perseguido a dictadores y criminales impunes en otros países, está contra las cuerdas por revivir los fantasmas de la dictadura española.

Para sorpresa de muchos, el proceso contra Garzón ha avanzado más rápido de lo normal, y en caso de prosperar, podría terminar con su expulsión como miembro de la Audiencia Nacional, el tribunal español donde se tramitan los procesos judiciales de gran calado por delitos financieros, de terrorismo y contra la corona.

Desde el comienzo de su carrera, Garzón se ha dedicado a temas de gran impacto. Investigó, por ejemplo, la guerra sucia contra ETA en tiempos del gobierno socialista de Felipe González, el sonado escándalo de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). También fue por esos años cuando Garzón coqueteó con la política, precisamente de la mano de González, cuando fue candidato socialista en las elecciones generales de 1993. Aunque la aventura duró poco, sus detractores no se la perdonan y la recuerdan como una muestra de su sesgo ideológico de izquierda.

Garzón regresó a la Audiencia Nacional y siguió manejando casos delicados relacionados con ETA, con narcotraficantes o con complejos entramados de corrupción. Pero fue la idea de la justicia internacional la que lo hizo famoso por fuera de la península ibérica. La llamada jurisdicción universal española sostiene que en crímenes de excepcional gravedad, el derecho a juzgarlos no se limita al país en el que fueron cometidos.

Ese concepto, que causó más de un dolor de cabeza a la diplomacia española, permitió que la justicia de ese país metiera las narices en casos emblemáticos. Fue así como el 'superjuez' Garzón saltó a la fama en 1998 cuando el ex dictador chileno Augusto Pinochet fue arrestado en Londres. Las autoridades británicas lo detuvieron por 18 meses mientras se estudiaba el pedido de extradición de España. Al final, consideraron su débil estado de salud y lo dejaron libre, pero el episodio estableció un importante precedente. También, entre otros, estuvo detrás del juicio en España contra el argentino Adolfo Scilingo, condenado por crímenes contra la humanidad en abril de 2005 por su participación en los 'vuelos de la muerte'.

Esa trayectoria ha convertido a Garzón en un héroe para muchas organizaciones de víctimas y grupos de derechos humanos. En diciembre, la revista Foreign Policy lo incluyó en su lista de los 100 pensadores globales, "por demostrar que ningún dictador está a salvo". La prestigiosa publicación lo calificó como "una gran fuerza intelectual a favor de una jurisprudencia que atraviese las fronteras".

Pero a pesar de su prestigio afuera, en España su figura polariza. Sus detractores lo acusan de una excesiva vanidad y un evidente afán por figurar. Hasta sus amigos admiten que Garzón tiene un gran ego, y también aseguran que posee un gran sentido de servicio y que es un trabajador incansable. "¿Que busca protagonismo? Sólo los hombres que buscan protagonismo mueven la historia", opinó el escritor Francisco Umbral sobre él.

El fantasma de Franco
Con su investigación sobre los crímenes del franquismo, Garzón abrió la caja de Pandora. La Guerra Civil, que enfrentó a republicanos y nacionalistas de 1936 a 1939, dejó unos 200.000 muertos. Cuando acabó, Francisco Franco instauró una dictadura que duró hasta su muerte, en 1975. La represión duró varios años después del fin de la guerra y se calcula que las víctimas se duplicaron en los primeros cinco años del 'generalísimo' en el poder. Las ejecuciones de presos políticos fueron habituales hasta los años cincuenta.

La transición española formalizó un pacto de olvido en 1977. Los políticos prefirieron mirar al futuro y olvidar el pasado, pero las heridas nunca cicatrizaron. Hace 10 años, los grupos que abogan por que se esclarezca lo sucedido comenzaron a poner el tema de nuevo sobre la mesa.

En 2007, el Congreso aprobó una Ley de Memoria Histórica que reconocía a todas las víctimas, tanto de la Guerra Civil como de la dictadura y autorizaba la apertura de miles de tumbas de aquella época. Garzón llevó esa campaña un paso más allá en octubre de 2008, cuando falló, ante demandas de familiares de víctimas, que Franco y otras 33 personas eran culpables de crímenes contra la humanidad en una "campaña sistemática" de desapariciones, torturas y asesinatos. En ese momento ordenó que se investigaran los crímenes, así como la exhumación de 19 fosas, incluida la del poeta Federico García Lorca, lo que produjo un gran revuelo mediático y profundas divisiones entre los españoles.

"Aquí el tema de la Guerra Civil estaba enterrado, por fuera de los libros de texto, y de pronto los nietos nos pusimos a buscar a nuestros abuelos. Una sociedad no puede barrer debajo de una alfombra la desaparición de 113.000 personas", dijo a SEMANA Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Memoria Histórica. En su opinión, si acaban con la carrera de Garzón los franquistas demostrarán que todavía conservan sus privilegios intactos 35 años después de la muerte del dictador.

"Cuando abrió su juicio, un poco simbólico, con el pasado franquista, Garzón fue el primero que declaró las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales crímenes contra la humanidad. No era una posición política, era un argumento judicial ampliamente reconocido en el mundo y únicamente en España fue interpretado como una ofensiva política", dijo a SEMANA, desde Barcelona, el periodista Jon Lee Anderson, quien ha escrito amplios reportajes sobre Garzón y la tumba de Lorca. "Hasta cierto punto se podría decir que el juez Garzón, por su valentía, es la última víctima de la Guerra Civil española y la represión franquista", añade.

Un mes después, Garzón retiró la acusación contra Franco y los demás, y transfirió la responsabilidad de las exhumaciones a los tribunales provinciales. Se apartó del caso porque se vio solo. Hasta en el gobierno socialista pensaban que había ido demasiado lejos. Esa acción es la que hoy le puede costar su carrera.

Según la acusación, Garzón se extralimitó al desconocer la amnistía de 1977 y lo hizo a sabiendas de que no tenía jurisdicción. Muchos observadores hablan de una persecución sin precedentes al juez. "La aberración histórica de que herederos ideológicos del franquismo sienten en el banquillo al juez que intentó investigar los crímenes de aquel régimen, a demanda de familiares de víctimas que todavía yacen en fosas comunes, lleva camino de consumarse", advertía un reciente editorial de El País de Madrid.

Mientras que la comisión que juzga a Garzón le dio esta semana un plazo de 10 días para que formule su defensa, son muchas las voces que lo han apoyado, desde asociaciones de jueces hasta intelectuales, como José Saramago o Juan Goytisolo. También ha recibido el apoyo de colegas reconocidos en otros países, como la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional de La Haya Carla del Ponte o el ex magistrado chileno Juan Guzmán, quien procesó a Pinochet. Pero las cábalas no favorecen a Garzón. España, por lo visto, todavía no ha exorcizado sus demonios. Y su famoso juez podría pagar el precio.
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