EL JUICIO DEL SIGLO

Eran las 11 de la mañana de lunes de la semana pasada cuando José Barrionuevo, el primer ministro del Interior que tuvo el gobierno español de Felipe González, se sentó en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Supremo de España. A su lado estaba Rafael Vera, el entonces secretario de Estado para la Seguridad. La serenidad de ambos contrastaba con el bullicio de los 80 periodistas que llenaron las plazas habilitadas para la prensa. No era para menos, pues ese día empezó el juicio político del final del siglo en España. La causa inmediata es el secuestro de Segundo Marey, un tímido y solitario ciudadano español residente en Francia a quien el Grupo Antiterrorista de Liberación (GAL) confundió con un peligroso miembro de la organización terrorista ETA. Pero en el fondo está la reacción de la sociedad ante el terrorismo de Estado. Aunque ese día cayó una suave lluvia de primavera en los medios de comunicación se desató una tormenta que continuará, al menos, hasta las vacaciones de verano. Barrionuevo y Vera formaban la cúpula de la lucha antiterrorista y el fiscal los acusa de utilizar contra ETA sus mismos métodos, algo que los españoles no aceptan ni perdonan. Pese a que en los tiempos en que actuó el GAL, principios de la década de los 80, ETA había bañado en sangre a España al asesinar a 120 personas al año, la sociedad civil no acepta que el GAL en cinco años haya asesinado en su nombre a 27 personas del entorno de ETA y haya secuestrado por equivocación a Segundo Marey. El escándalo es mayor porque todo apunta a que el GAL fue concebido, según la acusación, "en distintos ambientes políticos gubernamentales y del Partido Socialista Obrero, Psoe", es decir el entonces gobernante partido de González. De ahí que durante esta primera semana el nombre del ex presidente flotara en el ambiente y que su declaración como testigo, prevista para los próximos días, generara todas las expectativas. ¿Sabía?, ¿no sabía?, ¿las operaciones se hicieron a sus espaldas?, ¿actuó con el rigor que su cargo exigía?, ¿su ministro lo protegerá hasta el final?, son las preguntas que a diario se hacen los españoles. Al margen de las consecuencias judiciales González ya recibió un castigo moral porque todos los analistas coinciden en señalar que al revelarse que los GAL actuaron con conocimiento del gobierno socialista la población no vaciló en favorecer en las últimas elecciones al Partido Popular (PP) de José María Aznar. Aunque en el banquillo por el caso Marey están Barrionuevo y Vera y 10 acusados más, el juicio tiene repercusiones que alcanzan todas las instancias políticas, judiciales y periodísticas. Así, mientras que desde el gobernante PP y sus medios afines se busca salpicar a González, desde el Psoe se contraataca al señalar "interferencias políticas" en alusión al vicepresidente del gobierno, Francisco Alvarez Cascos; el ex banquero Mario Conde; el ex militar Juan Alberto Perote y el periodista Pedro J. Ramírez, actual director del diario El Mundo, todos reconocidos enemigos de González. ¿Qué fue lo que pasó? Desde el punto de vista criminal el secuestro de Segundo Marey semeja un guión de Los Tres Chiflados y no la obra de un escuadrón de la muerte. En la noche del 4 de diciembre de 1983 dos mercenarios franceses contratados por el policía español José Amedo llegaron hasta la casa de Segundo Marey, de 51 años y aspecto avejentado, en la localidad francesa de Hendaya. Marey forcejeó con los inexpertos secuestradores hasta que éstos lograron meterlo en un Peugeot 505 gris, cuya placa fue anotada por los vecinos. Se lo llevaron y cruzaron la frontera para entregárselo a Amedo y al también policía Michel Domínguez. Entre todos lo llevaron a una recóndita cabaña cántabra. Marey gritaba asustado mientras sus secuestradores empezaban a dudar de que éste fuera el vigoroso y joven etarra Mikel Lujua, contra quien en realidad se había hecho el plan. Después de varias llamadas en las que, según la acusación intervino hasta Rafael Vera, se dieron cuenta del error. Lo liberaron tras 10 días de secuestro.Años después el caso llegó al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien encarceló a Amedo y Domínguez. Garzón convirtió al GAL en su mayor obsesión. Para un sector de la sociedad su gestión se movió por principios inmaculados, pero para otros su acción respondió a una venganza fríamente calculada. La razón es que, meses atrás, Garzón había saltado a la arena política como número dos del Psoe, detrás del mismísimo González, pero abandonó las toldas socialistas cuando el líder no lo nombró ministro del Interior, su sueño dorado. Al juez se le acusa de haber pactado con los abogados de Domínguez y Amedo disminuir sus penas si colaboraban con la justicia. En este punto el caso toma un giro de 180 grados porque el testimonio señala que las reuniones fueron realizadas en la oficina de Pedro J. Ramírez, director del diario El Mundo, con la presencia del vicepresidente Francisco Alvarez Cascos, brazo derecho del gobierno de José María Aznar, ambos interesados en perjudicar a González. Así, con el ventilador encendido, han resultado salpicadas las figuras más importantes de los principales partidos políticos de España. Por eso el juicio tiene varias vertientes. Amedo y Domínguez han reconocido que participaron en el secuestro. "Le dimos buena comida, de las mejores marcas, porque somos policías y respetamos a los reclusos y estábamos convencidos de que realizábamos una misión de Estado muy importante", dijeron. Pero cada uno tomó un rumbo diferente a la hora de involucrar a los pesos pesados. Mientras Amedo contó que Barrionuevo le llamó en una ocasión para expresarle "su apoyo" y el del "presidente González" , Domínguez sorprendió a los fiscales diciéndoles que él había inculpado a los gobernantes socialistas porque el ahora vicepresidente Alvarez Cascos le había ofrecido a cambio el indulto. De inmediato el fiel escudero de Aznar tuvo que salir a desmentirlo, aunque para varios analistas estaba claro que habían usado al escándalo GAL para alcanzar el poder. La primera semana del juicio transcurrió cubierta por estos dos caminos. El acusado ex comisario Miguel Planchuelo, subordinado de Barrionuevo, denunció que el ex ministro lo visitó en la cárcel y le dijo que él y Vera "iban a dar la cara", y que "a ver si se pica Felipe (González) y sale también y nos echa un capote". Este era el séptimo testimonio que descargaba la responsabilidad en el ex ministro, lo que sin duda complica su situación jurídica. Barrionuevo, sin embargo, se limitó a insistir en que todo es un montaje de Alvarez Cascos. En los próximos días el hoy vicepresidente Alvarez y el entonces presidente González se convertirán en figuras estelares del juicio. Entre quienes llevarán el timón de las preguntas están los abogados de Herri Batasuna, brazo político de la ETA, que prepara su artillería por violación de los derechos humanos, algo que en España es un delito de extrema gravedad, venga de donde viniere. Por eso, aun si el juicio por el caso Segundo Marey se esfumara por el camino de la prescripción, como pretenderán los defensores, los magistrados sostienen que el país requiere individualizar las responsabilidades y castigar moralmente a los autores. Porque nadie puede cometer ningún crimen en nombre del Estado.