El legado de Nuremberg

La misma semana en que se cumplieron los 60 años de los juicios de Nuremberg contra los nazis, las autoridades de Senegal capturaron, con la ayuda de la ONG Human Rights Watch, al ex dictador de Chad entre 1982 y 1990, Hissène Habré, mediante una orden internacional de detención de la justicia belga. Habré cometió todo tipo de crímenes en Chad y había esquivado a la justicia durante 15 años. Su captura se convirtió en la mejor conmemoración de los juicios de Nuremberg y subrayó el valor de la justicia penal internacional. Una justicia internacional que, sin embargo, deja hoy mucho que desear. El diario El País de Madrid resumió la insatisfacción de Europa y el Tercer Mundo con este titular: "El fantasma de Nuremberg: 60 años después del proceso al nazismo, la guerra de Bush contra el terror pone en peligro el derecho internacional". Nuremberg, Alemania, fue la sede del primer tribunal internacional de la historia y sentó las bases del derecho actual en ese ámbito. El 20 de noviembre de 1945 se inició el proceso contra 24 altos líderes nazis a cargo de un panel de jueces de Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y Francia, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Entre los acusados por crímenes de guerra se destacaban el jefe de la Gestapo (Policía Secreta), Hermann Goering, y el segundo jefe del Partido Nazi, después de Hitler, Rudolf Hess. Tras 11 meses de labor, los cuatro jueces condenaron a 12 líderes nazis a la pena de muerte, tres fueron absueltos y los restantes fueron condenados a largas penas de cárcel. Sólo 10 de los condenados a la pena capital fueron ejecutados en la horca, ya que Goering y Robert Ley (presidente de la organización nazi Deutscher Arbeitsfront) se suicidaron en prisión, pese a la vigilancia constante a la que estaban sometidos. "El hecho de que se haya juzgado en Nuremberg a los líderes nazis significó el triunfo de la justicia frente al totalitarismo, ya que los acusados no podían ampararse en la soberanía del Estado alemán para quedar impunes", resaltó el portavoz del Ministerio de Justicia alemán, Alfred Hartenbach, en los actos de conmemoración de los 60 años de estos juicios. Varios especialistas consultados por SEMANA dijeron que el mayor aporte de Nuremberg fue que por primera vez se aplicó el principio de la responsabilidad personal en el Derecho Internacional y los máximos dirigentes de un Estado tuvieron que responder ante la justicia por los crímenes que ordenaron cometer. Pese a que entre 1947 y 1949 se realizaron en esa ciudad alemana 13 juicios en total contra políticos, militares, empresarios, abogados, médicos y diplomáticos que hicieron parte del aparato nazi, la Guerra Fría cortó de un tajo la persecución penal internacional. Lo que había sido un gran avance contra los genocidios y los abusos de los gobiernos desapareció del escenario mundial y de las leyes. Y tuvo que pasar casi medio siglo hasta que en 1998 fue creada la Corte Penal Internacional, (CPI), con sede en La Haya, a expensas de la ONU, que ya había probado la utilidad de los tribunales internacionales para la antigua Yugoslavia (1993) y para Rwanda (1994). Para comenzar a funcionar, la CPI necesitaba un mínimo de 60 ratificaciones, lo cual se alcanzó en 2002. "Durante décadas muchos pensaron que se había extinguido el espíritu de Nuremberg, pero fue precisamente animados por ese espíritu que nos lanzamos en nuestra experiencia de perseguir internacionalmente al dictador Pinochet", dijo a SEMANA el abogado español Juan Garcés, que dedicó al menos 10 años a recabar pruebas y presentó ante la justicia española una querella contra el ex dictador chileno en 1996. Fruto de este trabajo, el juez Baltasar Garzón expidió a Londres, en octubre de 1998, la famosa orden internacional de detención del general Augusto Pinochet, de la cual escapó el ex dictador arguyendo serios problemas de salud. Aunque el juicio penal internacional contra Pinochet no se llevó a cabo, sí produjo un avance jurídico sin precedentes. La Cámara de los Lores de Inglaterra, en 1999, aprobó una sentencia clave: "Ningún ex jefe de Estado podrá invocar su inmunidad ante el delito de tortura". De acuerdo con los juristas consultados por SEMANA este principio jurídico es básico para entender la posición de Estados Unidos, antes y después de Abu Ghraib, y su negativa a ratificar el Tratado de Roma que creó la CPI. Con motivo de los 60 años de Nuremberg, la prensa europea ha hecho eco de las declaraciones del portavoz de la Asociación Estadounidense de Abogados, Scott Horton, quien aseguró: "la administración Bush ha retirado el país de su respeto tradicional al derecho internacional e incumple sus compromisos con las convenciones de Ginebra y la convención contra la tortura. Es el fantasma de Nuremberg. ¿Por qué razón el presidente Bush y el vicepresidente Cheney amenazan con vetar la enmienda en el Senado (de Estados Unidos) que prohíbe la tortura? Quieren garantizarse la inmunidad ante una futura persecución penal". Pero el Washington de Bush no se limita a abstenerse de participar en la CPI. También amenaza con sanciones económicas a los países que lo hagan y se nieguen a otorgarles inmunidad a sus ciudadanos. Como resultado, la CPI se ve debilitada, ya que sólo cuenta con el respaldo de poco más de la mitad de los países miembros de Naciones Unidas. Hasta ahora, la CPI ha iniciado investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Uganda, Congo, Sudán y Colombia, pero su única actuación ha sido acusar a cuatro líderes de un grupo subversivo de Uganda. "El problema de la Corte Penal Internacional es el mismo del Protocolo de Kyoto, mientras no sean ratificados por Estados Unidos, el alcance de los dos será muy limitado; lo más lamentable es que el futuro de la justicia internacional eficaz y del medio ambiente estén en manos de Washington", dijo a SEMANA la experta española en derecho internacional Marta Urquiza. El ex dictador iraquí Saddam Hussein hubiese sido un personaje propicio para ser juzgado por la CPI. Pero Hussein fue por muchos años aliado de Estados Unidos, por lo que un juicio verdaderamente internacional podría sacar a la luz asuntos poco presentables de la política exterior norteamericana. Muchos observadores opinan que esa es la razón por la cual Washington prefirió conformar un tribunal del nuevo gobierno iraquí. La validez de este ha sido puesta en duda tanto en el mundo árabe como en Europa, y el juez Baltasar Garzón ha insistido en la necesidad de que asistan observadores internacionales para evitar que "pueda parecer que se está escenificando una especie de acto de venganza hacia quien eliminó a miles de personas u ordenó que se eliminaran, en formas terribles y traumáticas para los ciudadanos iraquíes". Tras varios asesinatos de abogados y testigos, los abogados defensores pidieron que Hussein y sus siete coacusados fuesen trasladados al extranjero por razones de seguridad e incluso han llegado a plantear la posibilidad de que todo el juicio se celebre en otro país, pero esta petición ha sido denegada. Lo cierto es que el último caso de justicia internacional se dio precisamente este mismo mes de noviembre en Estados Unidos. Un juez de Memphis encontró culpable de crímenes de lesa humanidad al ex viceministro de Defensa de El Salvador Nicolás Carranza, quien tendrá que pagar seis millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas de sus abusos durante la guerra civil salvadoreña. Detrás de este proceso está la abogada española Almudena Bernabeu, radicada en Estados Unidos, quien también ha llevado allí a juicio a los ex ministros de Defensa salvadoreños Guillermo García y Eugenio Vides. Gracias al trabajo de esta jurista, un tribunal de California declaró culpable al capitán salvadoreño Álvaro Saravia, por participar en el asesinato del arzobispo Óscar Romero, ocurrido en 1980. La conmemoración de los 60 años de los juicios de Nuremberg ha desatado en Europa las más airadas críticas contra Estados Unidos y el blindaje que ha conseguido para que sus funcionarios y militares no puedan ser juzgados por otros países. "La doctrina de Nuremberg tiene mayor vigencia que nunca después del 11de septiembre, en el contexto de la llamada guerra contra el terror, para que los crímenes internacionales sean tales, aunque la ley interna autorice abusos como los que tienen lugar en Guantánamo, Chechenia o Abu Ghraib", dijo el fiscal español Carlos Castresana, quien en su momento presentó las primeras denuncias penales internacionales contra las dictaduras de Argentina y Chile. El mensaje más contundente corrió por cuenta del portavoz del Ministerio de Justicia de Alemania, Alfred Hartenbach, en la misma sala del Palacio de Justicia de Nuremberg, donde hace 60 años se iniciaron los juicios contra los líderes nazis. "Para evitar crímenes como los de la época nazi, finalmente todos los Estados del mundo deberían reconocer la Corte Penal Internacional, aunque lamentablemente estamos lejos de eso", dijo. Hartenbach criticó que "justo algunos de los Estados más populosos e influyentes de la Tierra" aún no hayan ratificado la CPI. El legado de Nuremberg ha impulsado en los últimos años la apertura de procesos en varios países europeos contra políticos y militares del Tercer Mundo responsables de crímenes de lesa humanidad. Este esfuerzo de abogados, fiscales y jueces por perseguir mundialmente los abusos de los gobiernos se suma al tímido inicio de actividades de la CPI y, como dijo a SEMANA la especialista Urquiza: "El espíritu de Nuremberg ha renacido en los últimos 10 años y de todos nosotros depende que no se vuelva a perder jamás".