Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2009/07/05 00:00

El malabarista

Por la torpeza de los militares que lo sacaron del país, Manuel Zelaya, acusado por las instituciones hondureñas de golpista, pasó a ser símbolo de la democracia en América Latina.

El nuevo presidente, Roberto Micheletti, apareció ante los periodistas exhibiendo la Constitución y rodeado de las cabezas de las principales instituciones del país

A primera vista, los eventos que sacudieron a Honduras son claros: el Ejército detuvo a un Presidente elegido en las urnas para sacarlo al extranjero e instalar un nuevo régimen. Se trataría de un cuartelazo, un retroceso a los tiempos que América Latina creía superados. Pero lo ocurrido en el país centroamericano encierra contradicciones que lo hacen especial. Los ecos de esa crisis que está lejos de resolverse muestran los riesgos de la democracia plebiscitaria y los afanes reeleccionistas que están haciendo carrera en el continente. Porque todo indica que quien dio el primer golpe a la democracia hondureña fue el propio Zelaya.

Los efectos en el continente no se han hecho esperar y la condena internacional ha sido unánime. Como cosa curiosa, uno de los más afectados indirectamente por la situación ha sido el presidente colombiano, Álvaro Uribe, de quien es muy diciente que haya sido uno de los más discretos a la hora de emitir conceptos sobre lo sucedido.

Hasta la madrugada en que los militares lo sacaron de su cama, era improbable que Mel, como lo llaman sus seguidores, resultara ser un demócrata merecedor de una campaña internacional a su favor. Empresario y terrateniente, es parte de la oligarquía hondureña y llegó al poder con una ventaja precaria y basado en una plataforma conservadora que prometía imponer el orden. Pero en una voltereta política decidió apostar por la Alianza Bolivariana para las Américas (Alba), del venezolano Hugo Chávez, su más ferviente defensor en estos agitados días, quien incluso ha amenazado con intervenir militarmente.

En medio de altos índices de criminalidad y uno que otro escándalo de corrupción, Zelaya no tiene mucho que exhibir, excepto quizás haber aumentado el sueldo a los empleados públicos, lo que tuvo que financiar con 100 millones de dólares que recibió de Venezuela. Petrodivisas que, por lo demás, no han aumentado la popularidad de Chávez en un país conservador con fuertes lazos con Estados Unidos. Zelaya ni siquiera se puede presentar como el campeón de las masas, pues su popularidad llegaba al 30 por ciento.

La crisis comenzó cuando Zelaya se empecinó en organizar un referendo para convocar una Asamblea Constitucional que le permitiera ser reelegido, a pesar de que la Fiscalía había dicho que esa decisión era ilegal, pues afectaba los artículos "pétreos" de la Carta, cuya reforma es tipificada como "traición a la patria". El Congreso aprobó una ley para prohibir cualquier consulta popular 180 días antes o después de las elecciones generales, y por su parte, el Tribunal Supremo Electoral declaró ilegal la consulta, a pesar de que el mandatario ahora la llamaba "encuesta".

A pesar de todo, el Presidente decidió seguir adelante, pero cuando ordenó al jefe del Ejército que participara en la organización, este se negó a distribuir las papeletas enviadas por Caracas. El Presidente lo destituyó, pero de inmediato la Corte Suprema ordenó reinstalarlo en su cargo y el Tribunal Electoral dispuso confiscar las papeletas.

Nada de eso impidió que Zelaya llegara hasta la base aérea en la que se encontraban las urnas con un grupo de simpatizantes, para tomarlas por la fuerza. Y cuando creía controlada la situación, a pocas horas del comienzo de la cuestionada "encuesta", el Ejército lo arrestó por orden de la Corte. Lo que nadie ha podido explicar es por qué no lo condujeron ante un juez en lugar de enviarlo en un avión a Costa Rica.

The Wall Street Journal fue el primero en señalar que el golpe resultaba "extrañamente democrático". Argumentó que el Ejército siguió una orden de la Corte Suprema; que el poder fue entregado inmediatamente al siguiente en el orden de sucesión constitucional, el presidente del congreso, Roberto Micheletti, quien es copartidario de Zelaya; y que las autoridades legislativas y judiciales permanecen intactas. "Mencionamos esos detalles porque se están pasando por alto mientras el mundo, incluido el presidente Barack Obama, denuncia lo que ocurre en Honduras de una manera en la que nunca lo ha hecho, por ejemplo, con Irán", decía el editorial.

Por otra parte, la imagen del momento en que Micheletti se presentó ante los medios no corresponde con un gobierno de facto tradicional, pues apareció rodeado por los presidentes de la Corte Suprema, del Tribunal Electoral y de la Comisión de Derechos Humanos. Previamente, los diputados de la Asamblea Nacional habían votado de manera unánime destituir a Zelaya, incluidos los de su propio partido. Y las mayores manifestaciones no han sido a su favor, sino en su contra.

Micheletti intenta explicarle a la comunidad internacional que lo que ocurrió no fue un cuartelazo. Pero es una empresa inútil, pues el procedimiento fue tan burdo, que es imposible calificarlo de otra manera. "Está claro que hubo un golpe, y eso es condenable, pero la otra parte de la historia es que Zelaya, con las medidas que quería dictar, desafió las instituciones y el Estado de Derecho porque no respetó la independencia de los poderes", dijo a SEMANA Michael Shifter, de Diálogo Interamericano, un think tank de Washington.

"Hay que rechazar el golpe, pero la comunidad internacional debe tener en cuenta que las políticas autoritarias en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela se han convertido en una seria provocación para las fuerzas conservadoras y centristas de toda la región", escribió en El País el repetado analista salvadoreño Joaquín Villalobos,. "Las expropiaciones de empresas, los cierres de medios, la intimidación callejera, las arbitrariedades judiciales, las reelecciones perpetuas y los fraudes son como golpes de estado graduales", afirmó.

La comunidad internacional ha retirado embajadores, y la OEA amenazó con suspender a Honduras si no reinstalaba a Zelaya en 72 horas, un ultimátum que no se había cumplido al cierre de ésta edición. El político anunció que regresaría al país el jueves, pero fue postergando la fecha. Y el nuevo gobierno anunció que le espera una orden de captura por traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones, y aceptó anticipar eventualmente las elecciones presidenciales, previstas para noviembre.

En ese contexto, para ningún Presidente latinoamericano el asunto es tan molesto como para el colombiano. No puede puede atacar a Zelaya, el aliado de sus enemigos del Alba, porque quedaría como defensor de un golpe de Estado. Pero tampoco puede aparecer como entusiasta defensor del hondureño, pues podría suscitar una comparación que resulta negativa a pesar de ser impropia, ya que Uribe sí se ha mantenido dentro de los procedimientos democráticos. Y, por otra parte, defenderlo también arriesga poner al Presidente colombiano como uno más de esa tendencia liderada por Chávez y sus allegados Evo Morales y Rafael Correa, los cuales han dado muestras de despreciar la legalidad al imponer sus reelecciones y quienes, por lo demás, comparten con Uribe una profunda antipatía recíproca.

La situación de Honduras ha producido el espectáculo insólito de la OEA y el Alba compitiendo por ser los defensores más recalcitrantes de la democracia. Pero se trata de dos ideas diferentes, porque mientras el secretario de la OEA, José Miguel Insulza, defiende la democracia representativa, lo que mueve a los mandatarios del Alba es entronizar un concepto plebiscitario que es señalado por los expertos como la entrada a un caudillismo de nuevo cuño, apoyado en la dictadura de mayorías coyunturales. Como apuntaba The Economist: "La pregunta más difícil para América Latina es cómo prevenir que presidentes demasiado poderosos minen sus propias instituciones democráticas. Cuando esa práctica cese, los golpes realmente pertenecerán al pasado".

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