Martes, 24 de enero de 2017

| 2010/04/17 00:00

El mundo al revés

La defensa del superjuez español Baltasar Garzón, procesado por investigar los crímenes del franquismo, se ha convertido en una causa internacional.

Baltasar Garzón a su llegada a la Corte Suprema , en Madrid, el pasado jueves.

Una gran ironía parece camino de consumarse en España: que el primer condenado por un caso relacionado con los crímenes del franquismo sea el juez que se atrevió a investigarlos. Pero aunque el proceso por prevaricato contra Baltasar Garzón ha avanzado a una velocidad que ha sorprendido a muchos, la defensa del 'superjuez' español se ha convertido en una causa que ha trascendido las fronteras.

Garzón es uno de los magistrados de más alto perfil en el mundo, famoso por perseguir dictadores de otros países amparado en la idea de la jurisdicción universal, que sostiene que en crímenes de excepcional gravedad, no solo el país donde sucedieron tiene el derecho a juzgarlos. En 1998, por ejemplo, el chileno Augusto Pinochet fue arrestado en Londres, pues Garzón lo pedía en extradición. Aunque las autoridades británicas finalmente lo dejaron libre, el famoso episodio estableció un precedente que impulsó al sistema chileno a juzgar los crímenes cometidos por su dictadura. Por esa trayectoria, la prestigiosa revista Foreign Policy lo considera "una gran fuerza intelectual a favor de una jurisprudencia que atraviesa las fronteras".

En el pasado, los tribunales españoles apoyaron las investigaciones de Garzón por los crímenes impunes en Argentina, Chile o Guatemala, amparados por amnistías locales. Pero desde 2008, cuando les apuntó a los crímenes del franquismo, la oposición política a Garzón creció considerablemente.

La Guerra Civil española, que estalló cuando los militares liderados por Francisco Franco se levantaron en 1936 contra el gobierno republicano, dejó unas 200.000 víctimas. Y desde la derrota de la república y la instauración de la dictadura franquista, la represión continuó hasta la muerte del generalísimo en 1975. En octubre de 2008, a pedido de familiares de víctimas que todavía yacen en fosas comunes, Garzón falló que Franco y otras 33 personas eran culpables de crímenes contra la humanidad en una "campaña sistemática" de desapariciones, torturas y asesinatos. También ordenó investigar los crímenes y exhumar 19 cadáveres, incluido el del poeta Federico García Lorca. El juez retiró la acusación un mes después, y transfirió las exhumaciones a tribunales provinciales, pero la caja de Pandora estaba abierta.

A pesar de que Garzón se ha ido ganando enemigos a lo largo de su carrera, siempre había estado blindado ante los ataques de los investigados, pero ahora sus días como juez podrían estar contados. En lo que muchos consideran una persecución sin precedentes, tiene tres procesos abiertos en su contra. El principal, que ha despertado indignación dentro y fuera de España, es el relacionado con las víctimas del franquismo.

Según la acusación, Garzón se extralimitó al desconocer la Ley de Amnistía de 1977, firmada en medio de la transición a la democracia, y lo hizo a sabiendas de que no tenía jurisdicción. Garzón argumenta en su defensa que esa ley no se aplica a los delitos de lesa humanidad. El proceso podría terminar con su suspensión por 20 años, lo que acabaría con su carrera.

El acoso a Garzón huele mal por muchas razones. Entre otras, porque la querella admitida fue presentada por la Falange, que participó en la guerra del lado de los militares, y Manos Libres, considerada heredera ideológica del franquismo. También porque parece una retaliación, pues ocurre precisamente al mismo tiempo que el caso Gurtel, un entramado de corrupción por el cual Garzón tiene acusado al opositor Partido Popular, también de inclinaciones derechistas. Pero sobre todo por el mensaje que envía en términos del avance de la justicia internacional, que en muchos casos es controversial.

En España, donde la figura de Garzón es polémica, varios sectores han cerrado filas en su defensa. Personajes como el director de cine Pedro Almodóvar y la escritora Almudena Grandes han liderado las manifestaciones. Para Almodóvar, "es lo más grave que ha pasado en la democracia española desde el intento de golpe de Estado de 1981". Intelectuales, asociaciones de memoria, familiares de víctimas y partidos políticos de izquierda preparan una gran concentración de apoyo al juez el 24 de abril con el lema "Investigar los crímenes del franquismo no es delito". Hace apenas unos días, los manifestantes frente a la Audiencia Nacional sostenían carteles con la frase "España al revés, corruptos y fascistas juzgan al juez".

Las reacciones traspasaron las fronteras. Ha recibido el apoyo de colegas reconocidos de otros países, como la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional de La Haya Carla del Ponte y de colectivos de víctimas como las argentinas Madres de la Plaza de Mayo. También de organizaciones como Human Rights Watch, que ha llamado a España a poner fin a la amnistía por atrocidades cometidas durante la era de Franco (una recomendación que Naciones Unidas ya había hecho en 2008) en lugar de investigar al magistrado que la cuestiona.

Los medios más influyentes del mundo se han dedicado al tema. El semanario británico The Economist satirizó que "el generalísimo Francisco Franco, dictador de España por 36 años, puede estar riendo en su tumba", mientras un editorial de The New York Times aseguró que "es irónico que España no esté cumpliendo con los estándares que Garzón ayudó a hacer cumplir en el extranjero" y que "los verdaderos crímenes en este caso son las desapariciones, no la investigación del señor Garzón".

A la avalancha de protestas se sumó la querella que presentaron por genocidio y delitos de lesa humanidad en Argentina dos familiares de víctimas de la Guerra Civil española. Ahora, la justicia argentina puede tardar cerca de un mes en decidir si la acepta. Y SEMANA supo que en el encuentro de cortes constitucionales de la región en Lima, que comienza el lunes, estaría contemplando tratar el tema de Garzón.

Más allá de la figura de Garzón, las implicaciones podrían ser serias. Aunque la idea de justicia internacional ha avanzado a pasos agigantados con el estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, esta opera únicamente para hechos cometidos después de su entrada en vigencia.

Sin embargo, las amnistías que se aplican a delitos de lesa humanidad están siendo consideradas inválidas con creciente frecuencia, como explicó a SEMANA Eduardo González, del Centro Internacional para la Justicia Transicional (Ictj). En 2001, la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso de Barrios Altos, en Perú, decía que ese tipo de amnistías iba contra las obligaciones de los Estados. En ese sentido, las cortes supremas y constitucionales, al menos en el ámbito latinoamericano, han sido muy claras. En Argentina anularon amnistías y leyes de punto final, en Perú incorporaron al sistema la sentencia de Barrios Altos y en Chile han levantado inmunidades. "El proceso contra Garzón apunta a criminalizar el uso de principios de justicia internacional -dice González-. España tiene un compromiso bajo el Estatuto de Roma de combatir la impunidad, pero este tipo de acciones lo que hace más bien es atrincherarla".

A Garzón lo beneficia que el mundo jurídico ha cambiado mucho, en parte gracias a sus propias acciones. Como dijo a SEMANA José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, "esa aberración jurídica que está ocurriendo en España, algo que hace 15 años pudo haber sido perfectamente natural, hoy felizmente ha generado un gran rechazo a nivel global. Esta reacción es muy estimulante, porque demuestra que los consensos universales han ido cambiando en la dirección correcta, en favor de la justicia, de las víctimas, de la lucha contra la impunidad". Pero quizás las fuertes reacciones dentro y fuera de España no alcancen para salvar la carrera de Garzón.

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