El primer presidente que comparece ante la Corte Internacional

La Corte Penal Internacional (CPI) celebró este 8 de octubre una audiencia preliminar del juicio al presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, por presuntos crímenes contra la humanidad, en la que la Fiscalía solicitó "un aplazamiento indefinido" del juicio ante la falta de cooperación del gobierno del político africano.

Después de esta audiencia preliminar, en que se analizó el estado de cooperación entre la Fiscalía y el gobierno de Kenia, ya que la primera había denunciado "falta de cooperación de Nairobi", el alto tribunal dictaminará si Kenyatta es o no juzgado por crímenes contra la humanidad como supuesto responsable de la violencia postelectoral, en el 2007.

Kenyatta, presente en la vista preliminar, se ha convertido hoy en el primer jefe de Estado en comparecer ante la CPI, donde la Fiscalía le acusa de ser "coperpetrador indirecto de cinco cargos de crímenes contra la humanidad consistentes en asesinato, deportación o transferencia forzosa; violación, persecución y otros actos inhumanos" cometidos en su país entre el 2007 y el 2008.

El vicepresidente de Kenia, William Ruto, también está procesado por los mismos supuestos delitos que Kenyatta.

El fiscal Benjamin Gumpert solicitó el establecimiento de "medidas excepcionales" y la "evaluación" por parte de la Corte de "la obstrucción inapropiada" del gobierno de Kenia, teniendo en cuenta "la excepcionalidad del caso" por la vinculación directa del acusado como presidente de Kenia.

"La razón por la que Fiscalía se vio obligada a pedir un aplazamiento indefinido se debe a que el Gobierno de Kenia no ha cumplido con sus obligaciones internacionales", dijo Gumpert.

Agregó que "es obvio que si continua la falta de cooperación del gobierno de Kenia, la Fiscalía no puede continuar con el proceso".

"La Oficina de la Fiscalía solicita a la CPI un aplazamiento indefinido debido a que el gobierno de Kenya no ha colaborado en este proceso", dijo el fiscal del caso.

Asimismo, calificó de "incorrectos" los argumentos de la defensa que alegó que "no hay claves y pruebas suficientes" para seguir adelante con la acusación.

Por su parte, la fiscal de la CPI Fatou Bensouda subrayó al alto tribunal de la ONU que "existen evidencias claras que implican la culpabilidad" de Kenyatta.

En la misma línea, el representante legal de las víctimas, Fergal Gaynor, destacó que "el gobierno de Kenia actúa según intereses de Kenyatta y Ruto, y este control del gobierno de Kenia es ilegal".

"Está claro que si las pruebas están en Kenia y el gobierno obstruye que estas sean entregadas a la Corte, se está cometiendo una ilegalidad por parte de esta entidad, según la Constitución de Kenya", afirmó Gaynor.

Por su parte, el abogado de Kenyatta –presente en esta vista preliminar, pero que aún no se ha pronunciado– Gillian Higgins, afirmó que los hechos "revelan que el gobierno de Kenia está cooperando con la Oficina de la Fiscalía", al tiempo que señaló que las autoridades de ese país "han entregado las pruebas relevantes".

"No hay evidencia de obstrucción de datos y de falta de cooperación", dijo el letrado, quien aseguró no ver "nada que tenga que analizarse".

"Mi cliente es el presidente del gobierno de Kenia, pero también el acusado y ha cooperado cada vez que se lo he solicitado y nunca ha interferido en estos asuntos", añadió Higgins.

Kenyatta ya ha comparecido en otras ocasiones ante la CPI, pero es la primera vez que lo hace como presidente y, de ser juzgado, sería el primer jefe de Estado en enfrentarse a una causa en esta Corte.

La sala en que se celebró la audiencia preliminar se llenó de decenas de simpatizantes y seguidores de Kenyatta, y ante la gran afluencia de asistentes algunos diputados que han acompañado al presidente de Kenia en este viaje se vieron obligados a permanecer de pie o quedarse fuera de la sala.

La CPI confirmó en enero del 2012 los cargos contra Kenyatta y Ruto y posteriormente abrió un proceso en su contra por crímenes contra la humanidad cometidos en el 2007.

La Fiscalía del alto tribunal de la ONU acusa a Kenyatta de haber orquestado y financiado las turbas que, ese año, protagonizaron la grave ola de violencia postelectoral vivida en el país, cuando ostentaba el cargo de viceprimer ministro y titular de Finanzas.

En aquellos altercados murieron unas 1.300 personas y más de 600.000 se vieron obligadas a dejar sus hogares.

Kenyatta y Ruto ganaron las elecciones de marzo del 2013 que, a diferencia de las de finales del 2007, se desarrollaron en general de forma pacífica.