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EL PULSO FIRME DE MARGARETH

Duro debate en Inglaterra por medidas de la Thatcher que restringen libertades civiles y de prensa.

12 de diciembre de 1988

Muchos colombianos recuerdan aquella famosa expresión del entonces presidente Belisario Betancur cuando, en la entrega del premio de periodismo Simón Bolívar de 1984, dijo que prefería "una prensa desbordada a una prensa censurada". Una frase de ese tenor sería totalmente inconcebible escuchar en boca de alguien, también conservador, como la Primer Ministro de Inglaterra, Margaret Thatcher. En ese país, donde se diseñaron derechos como la libertad de prensa y las libertades individuales, en la democracia representativa más antigua del mundo, el gobierno está adoptando unas medidas calificadas de draconianas no sólo contra la libre información sino contra derechos procesales considerados fundamentales. Todo a causa del terrorismo y de las acciones violentas del IRA, el Ejército Republicano Irlandés que no da tregua y sigue poniendo en jaque la vida de los británicos.
Lo primero que se supo es que la Thatcher prohibió la transmisión radial o televisiva de cualquier testimonio, vivo o grabado, de un miembro del IRA. Aunque el debate no se hizo esperar, a la "Dama de Hierro" no le tembló el pulso para ir mucho más allá: incluyó dentro de esa prohibición a los simpatizantes de ese movimiento guerrillero. Las voces del partido laborista se alzaron para preguntar cuál sería el criterio para determinar si alguien era o no simpatizante de tales o cuales ideas y si esa medida no sería el primer paso para la censura, abierta y sin disfraces, de cualquier voz disidente.
A despecho del enorme revuelo que ese tipo de medidas ha despertado en el país de la reina Isabel, el gobierno de la "Dama de Hierro" pretende ir mucho más lejos. Mediante un proyecto de ley que se presentará a la Cámara de los Comunes a comienzos del año próximo, publicar cualquier revelación sobre los servicios secretos del país hecha por cualquier persona que haya estado vinculada a esos organismos, se convertirá en delito sancionado con cárcel. La pena se aplicará no sólo a quien haya hecho esas revelaiones, sino al editor del medio escrito que, conociendo que se trata de una amenaza para la seguridad nacional, permita esa publicación.
La reacción del partido laborista ha sido especialmente vigorosa y se espera que tanto esa como las demás medidas atravesarán un agrio debate en la Cámara, aunque su aprobación se da por segura ante la cómoda mayoría que el Partido Conservador disfruta en esa corporación. Richard Shepherd, miembro laborista del Parlamento declaró: "No importa cuán vil pueda ser la prensa libre (refiriéndose a los tabloides sensacionalistas que plagan el medio en ese país) pues aún su vileza es necesaria para el propósito fundamental de vigilancia en servicio de la sociedad".
La cuestión central sobre la que los laboristas planean enfocar su estrategia contra la censura, está en el hecho de que la británica es una constitución no escrita, que depende enteramente de la interpretación que se haga, en cada época, de sus postulados. Por ello, los laboristas piensan que lo que se presentará en la Cámara de los Comunes será una batalla por la supremacía de la voluntad popular, que cada generación debe reclamar, aún en contra de las políticas del gobierno de turno. Para Shepherd, incluso se podría presentar una importante deserción en las filas conservadoras que, según él, llegaría hasta a poner en peligro la aprobación de la nueva ley.
Para rematar, algo completa lo que ha sido calificado como un cerco a las libertades civiles en Inglaterra: el anuncio de un proyecto de ley que eliminaría el derecho que cualquier acusado tiene en materia penal, para permanecer en silencio sin que esa actitud se pueda usar en su contra. La medida, que inicialmente se limitará a los delitos (de índole terrorista o no) que se cometan en Irlanda del Norte, se motiva en el creciente número de sospechosos de pertenecer al IRA, que han debido ser liberados por falta de pruebas. Sin embargo, el derecho a no incriminarse es considerado uno de los fundamentales en el sistema jurídico anglosajón, y su eliminacion promete despertar los debates más agrios.
Aún no se sabe con certeza cuál será el destino de las medidas del gobierno de Margaret Thatcher, ni cuál será su efectividad en la práctica, pero todos los observadores coinciden en que ellas reafirman que la Primer Ministro se ha ganado con plena justicia el remoquete de "Dama de Hierro".