Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2001/01/08 00:00

El reo

Los partidarios del dictador chileno Augusto Pinochet batallan para evitar que sea juzgado en su propio país.

El reo

La noticia sorprendió a todos los chilenos. El primero de noviembre el juez Juan Guzmán declaró abierto el proceso en contra del ex dictador Augusto Pinochet por ser coautor de “secuestros y homicidios calificados” y pidió que se le notificara para dar curso al fichaje de rigor. Se refería a la ‘Caravana de la Muerte’, una gira siniestra de militares enviada por el país en 1973 por Pinochet, supuestamente para vigilar y acelerar los procesos contra los partidarios del asesinado presidente Salvador Allende pero que en realidad cometió 18 secuestros y 55 asesinatos.

Hace apenas dos años nadie hubiera pensado presenciar algo semejante. Sin embargo, que el general sea realmente detenido es otra cosa. La providencia de Guzmán fue apelada y al cierre de esta edición se esperaba la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y una intensa ofensiva de la derecha política amenazaba con arrollar los esfuerzos judiciales por procesar al ex dictador, incluida una esperada sanción de la Corte Suprema contra Guzmán.

El juez actuó cuando los pinochetistas acentuaban su campaña de comunicaciones, no sólo en busca de “perdón y olvido” sino de neutralizar a los jueces con acusaciones en los medios encabezados por el diario La Tercera, financiado por el gran empresariado y las fuerzas armadas. La primera víctima fue el juez de la Corte Suprema Enrique Correa Bulo. Su pecado había sido aplicar la doctrina internacional sobre derechos humanos, declarando las violaciones a los derechos humanos imprescriptibles e inamnistiables. La Corte Suprema le entregó el proceso de extradición pedido por la justicia argentina contra Pinochet y otros. Sólo dos semanas duró en el caso antes de ser destituido.

Una segunda andanada apuntó a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Sczaranski, quien se había hecho parte acusadora contra Augusto Pinochet. Las presiones al gobierno para que la destituyera por presuntas irregularidades no se habían aplacado cuando el juez Guzmán le envió una carta de apoyo que lo dejó expuesto a las furias de la derecha política.

Para los abogados que acusan a Pinochet la ofensiva contra el poder judicial sólo busca terminar con el juicio contra el ex dictador. Así lo dijo a SEMANA el abogado Eduardo Contreras: “El juez Guzmán ha sido objeto de amenazas, también le han amenazado a sus dos hijas, ha tenido atentados contra su vida. El ha sido muy valiente en seguir con la investigación. Ahora se le quiere acusar de parcialidad por enviar una carta de cortesía a la señora Szcaranski”.

El gobierno, a pesar de haber quedado descolocado con la orden de Guzmán, debió respaldar la decisión puesto que la Constitución le impide cuestionar al poder judicial. El presidente Ricardo Lagos, dijo que: “Esta es una muestra del normal funcionamiento de las instituciones, lo que fortalece a la democracia y al poder judicial”. Lo que no lo libró de tener que reunirse con los mandos militares, que no han intentado ocultar su desagrado por la situación.

A pesar de que Pinochet se ha mantenido en su finca de Los Boldos, sus seis abogados no han cesado de presionar a todos los sectores que le deben favores al general para obligar al gobierno a presentar un proyecto de ley que le otorgue inmunidad. Iván Moreira, diputado de la Unión Demócrata Independiente, dijo a SEMANA: “Nosotros no vamos a dejar que el general sea fichado como un delincuente. No vamos a aceptar que un juez parcial le haga eso al general. Esto debe solucionarse políticamente porque la actuación de un juez afecta la paz social”.

La pregunta que se hacen los chilenos es hasta dónde llegará el juez Guzmán. Pinochet deberá hacer uso del entramado de recursos judiciales a los que puede apelar para que la esperada foto de frente y de perfil con su número de filiación no aparezca en las primeras páginas de los diarios y revistas del mundo.

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