EL TERREMOTO DE LA TORTURA

Una turbia historia ha brotado de los escombros de lo que fuera -antes del terremoto del jueves 19- la Procuraduría Judicial del Distrito Federal.
En ese local derruido por el sismo, donde funcionaban dependencias de la Policía Judicial capitalina, fueron encontrados -entre otros- los cadáveres de cuatro colombianos "sujetos a investigación" por presuntas actividades delictuosas.
El caso, que pronto adquirió en Colombia las proporciones de escándalo, ha encendido en México denuncias de políticos y defensores de los derechos humanos que han llegado a exigir la cabeza de la procuradora de Justicia, Victoria Fadato de Ibarra.
También ha venido a perturbar las relaciones entre los dos países -socios en Contadora- que eran excelentes hasta el día del terremoto.
El embajador de Colombia en México, Ignacio Umaña de Brigard, manifestó a SEMANA que estuvo "encima del problema" desde que tuvo noticias del asunto y, de inmediato, realizó una presentación ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, para exigir que se investigue si los presos, muertos a causa del sismo según la versión de la Policía, habían sufrido o no torturas. El propio canciller colombiano, Augusto Ramírez, reveló en Bogotá el lunes 30 de septiembre que había aprovechado el encuentro en Nueva York con su colega mexicano, Bernardo Sepúlveda, para plantearle el espinoso asunto. Sepúlveda le ofreció las seguridades de una investigación exhaustiva. Tres días antes, el subprocurador de Justicia del Distrito Federal, René Paz Horta, hostigado por una prensa que hablaba de entre 10 y 30 colombianos secuestrados, torturados y extorsionados para repartir con policías corruptos el producto de sus asaltos, llamó a conferencia de prensa.
Según el Subprocurador, el día del terremoto murieron en el edificio de la Procuraduría cuatro colombianos: Héctor José Montoya Gómez, Jaime Julián Ruiz Quintero, Jaime Andrés Ruiz Quintero y Juan Antonio "Johnny" Hernández Valencia. Así como los detenidos mexicanos José Menchaca Sánchez y Manuel Ramos Gutiérrez, y tres policías que los custodiaban.
El funcionario reveló así mismo, que estaba detenida la madre de "Johnny", Miriam Valencia Giraldo, a quien se consignó ante el juzgado penal N° 31, acusada de asaltos a mano armada. Fue enfático al señalar que estaba alojada en el reclusorio sur de esta capital, con lo que salió al paso de acusaciones periodísticas que la dieron inicialmente por "desaparecida" y posiblemente asesinada. El esposo de Miriam Valencia y padrastro de "Johnny", Miguel Angel Moriones Espinosa, lleva dos años preso en el reclusorio norte, "purgando su condena por una serie de delitos, entre ellos homicidio", según lo informó a SEMANA el Embajador colombiano. De acuerdo con lo afirmado por el Subprocurador, la Policía detuvo, ademas de Miriam, a otros ciudadanos colombianos: Adrián Gutiérrez Torner, Jaime Cuéllar Arévalo, Pablo Gutiérrez Cano y Victoria Ivette Ramos Gutiérrez, "acusados de, por lo menos, 50 asaltos bancarios".
Paz Horta -quien según el matutino Uno Más Uno- se mostró "nervioso durante el transcurso de la conferencia de prensa" aseguró que los colombianos habían sido detenidos a raíz de la captura de "Johnny", tras un tiroteo en el cabaret San Luis. El funcionario aseguró que la banda enviaba el producto de sus asaltos a Cali, en donde compraron terrenos y una fábrica de calzado.
En la rueda de prensa, el Subprocurador afirmó inicialmente que los detenidos estaban en "los separos" (los calabozos) de la Procuraduría, pero ante un cuestionamiento de los reporteros del Uno Más Uno admitió que un día antes del terremoto habían sido trasladados al gimnasio del cuarto piso, pues ese jueves debían ser reconocidos por 15 testigos.
El nerviosismo a que alude el matutino azteca tiene sus fundamentos: "el caso de los colombianos" se ha visto potenciado desde el comienzo por su coincidencia con el hallazgo dentro del baúl de un automóvil del cadáver (atado y amordazado) del abogado penalista mexicano, Saúl Ocampo Abarca.
Según el dictamen forense, Ocampo Abarca "pereció por estrangulación y a causa de una herida en el tórax causada por arma blanca". El lugar exacto donde se encontraron sus restos, es aún motivo de versiones contradictorias. De acuerdo con testimonios iniciales, fue encontrado en el edificio de la Procuraduría, pero el Subprocurador afirmó que fue en una calle de la colonia Roma, uno de 105 barrios más asolados por la catástrofe del 19.
La diputada Rosario Ibarra de Piedra -ex candidata a la presidencia de la República y dirigente del Frente Nacional contra la Represión y la Tortura- reaccionó exigiendo la renuncia de la procuradora Victoria Adato de Ibarra.
Por su parte, un grupo de penalistas mexicanos denunció el 29 de septiembre que algunos oficiales de la Procuraduría Judicial habían extorsionado a los presos colombianos a cambio de la libertad y la posibilidad de salir del país. Esta operación ilegal -dijeron- se frustró debido al terremoto.
Miriam Valencia Giraldo, detenida con los colombianos José Eduardo del Prado Sánchez y Manuel Jiménez Uribe, junto a la israelí Clarisa Katz Jinich, afirmó que había sido detenida y "aunada" a la banda, mientras realizaba averiguaciones, el 2 de septiembre último, por su hijo "Johnny" .
Todos los citados denunciaron haber sido sometidos a tormentos. El martes primero de octubre, en declaraciones hechas en el penal donde está detenida al reportero Héctor González del Uno Más Uno, reiteró que su hijo fue asesinado por la Policía Judicial del Distrito Federal, después del derrumbe y aseguró que ella misma estaba amenazada de muerte por el jefe de grupo de la Judicial Metropolitana, Luis Hernández, quien "se quiso apoderar de las joyas y el dinero que les fueron recogidos a los supuestos delincuentes muertos".
El Embajador de Colombia, sin embargo, señaló a SEMANA que el cadáver de "Johnny" Hernández Valencia fue examinado por un médico legista designado por la Embajada y "no presentaba huellas de haber sido torturado". La necropsia pudo efectuarse cuando las autoridades entregaron el cuerpo a Marlene Valencia, tía del muerto. No existió esa posibilidad con los restos de Héctor José Montoya Gómez. "Nos avisaron después de que había sido enterrado -dijo Umaña- pero igual estamos haciendo trámites para que el médico legista intente una autopsia".
Según lo afirmado por el subprocurador Paz Horta, en el derrrumbe murieron también los ciudadanos colombianos Jaime Andrés y Julián Jaime Ruiz Quinteros, pero -según el Embajador- sus cadáveres "aún no han sido encontrados". El diplomático cuenta seis compatriotas en relación con el affaire: cuatro muertos y dos vivos legalmente detenidos: Miriam Valencia y Manuel Jiménez Uribe. Todos ellos, dice, figuraban en las listas de la Procuraduría, es decir, que no eran secuestrados.
¿Esto significa que penalistas y periodistas exageran o mienten? ¿Se trata de puras especulaciones?
"Mire -responde Umaña-, con lo de este señor "Johnny" Antonio Hernández Valencia se ha hecho mucho escándalo. Se ha dicho que su madre está secuestrada, está muerta. Es mentira. Está presa en el reclusorio sur. Pero no podemos decir que todas son mentiras o especulaciones, hasta que no terminemos de investigar. Dentro de tres o cuatro días tendremos un informe de la Procuraduría, según nos lo ha prometido la Procuradora. Esta es la situación exacta: estamos investigando...".