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| 7/8/2017 10:15:00 PM

La revolución macronista

Emmanuel Macron promete modernizar las polvorientas instituciones de la República mediante grandes reformas, pero su método semimonárquico hace dudar sobre su capacidad para reforzar la democracia.

Desde el nacimiento de la República francesa, solo tres gobernantes habían reunido la Asamblea Nacional y el Senado en el Palacio de Versalles. Luis Napoléon Bonaparte se presentó a mediados del siglo XIX al frente del Congreso tras la caída definitiva de la monarquía. Nicolas Sarkozy lo hizo en 2009 para evocar la crisis económica que sacudía al mundo. François Hollande, por su parte, se expresó allí luego de los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015. Históricamente, siempre se ha tratado de enviar, en medio de un contexto crítico, un mensaje vehemente a los diputados y senadores, representantes del pueblo.

Por eso, esta semana, al convocar al Congreso en Versalles para anunciar sus reformas, Emmanuel Macron quiso dar a sus palabras un eco histórico. Además de afirmar que la reunión inusual de las dos cámaras en el palacio de Luis XIV se convertirá en una cita anual para explicar su política, el presidente dio detalles de la revolución institucional que realizará en los próximos 12 meses.

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La primera medida anunciada es la reducción del número de congresistas. Los diputados pasarían de 577 a 380, mientras que los senadores serían 214 en vez de 348. “Un parlamento menos numeroso, pero con más recursos, es un parlamento donde el trabajo se vuelve más fluido, donde los parlamentarios pueden ser acompañados de colaboradores mejor formados”, afirmó Macron en su discurso. Los legisladores no podrán, además, ser reelectos un número infinito de veces, como es el caso actualmente.

La segunda gran reforma es la instauración de un escrutinio proporcional en las elecciones legislativas. En el sistema francés vigente, solo los candidatos que obtienen más de 12,5 por ciento de los votos de los electores inscritos acceden a la segunda vuelta, lo que automáticamente privilegia los grandes movimientos políticos que tienen los recursos para movilizar a los ciudadanos a las urnas. Macron propone un sufragio proporcional de una sola vuelta para una parte de la Asamblea Nacional, como es el caso en Alemania. Así, se votaría por listas nacionales representadas por los partidos. Estos enviarían un número determinado de sus miembros al Parlamento según el porcentaje de votos obtenido, sin ningún umbral obligatorio para alcanzar.

Esto permitiría que los pequeños movimientos queden mejor representados. Por ejemplo, el extremista Frente Nacional, generalmente derrotado en la segunda vuelta de las elecciones legislativas por las alianzas de los políticos tradicionales, podría multiplicar los 8 escaños que ocupa actualmente. Por el contrario, con esta reforma, La República en Marcha (LRM), el partido del presidente, perdería entre 10 y 20 diputados. “Se trata de una estrategia deliberada para reconstruir la escena partidista que nació a comienzos de los años ochenta”, analiza el politólogo Olivier Ihl en la revista semanal Le Point.

Estas reformas parecen a primera vista una buena noticia para la representatividad en la democracia francesa, pero el hecho paradójico de que provengan de un mandatario que parece actuar como un rey genera inquietud. “Desde su victoria, el 7 de mayo, su toma del poder se parece a una marcha consular. De él todo deriva, nada le resiste. A sus 39 años, se ha deslizado con una facilidad desconcertante en los vestidos de un monarca republicano”, afirma la analista Françoise Fressoz en las páginas del diario Le Monde.

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Muchos interpretaron su discurso en la morada de la monarquía como la representación simbólica de la potestad absoluta que desea ejercer en el Ejecutivo. Para muchos también es un insulto al primer ministro. En efecto, el mandatario se presentó frente al Congreso un día antes de que Édouard Philippe, su jefe de gobierno, lo hiciera delante de la Asamblea Nacional para dar el tradicional discurso de política general. El rol del presidente consiste normalmente en establecer las grandes orientaciones estratégicas, representar al país en el extranjero, ejercer el papel de jefe del Ejército y promulgar las leyes votadas por el Poder Legislativo. La acción gubernamental directa, por el contrario, es competencia del primer ministro nombrado por el jefe de Estado. Pero, con su intervención, Macron le dejó claro a Philippe quién es el que manda.

El hecho de intentar gobernar mediante ordenanzas también parece darles la razón a quienes lo acusan de derivas autoritarias. La Asamblea Nacional va a autorizar al mandatario a llevar a cabo la reforma liberal del Código Laboral prometida durante la campaña sin seguir el proceso legislativo clásico. Esto impedirá a la oposición discutir en detalle el texto y hacer modificaciones. Esto significa para Macron lograr que la ley sea aceptada rápidamente y evitar que las protestas en las calles se prolonguen. “Un golpe de Estado social se anuncia con la ley laboral por ordenanzas”, protestó en una entrevista al periódico JDD Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de ultraizquierda Francia Insumisa, uno de los pocos opositores en el Parlamento.

Por si fuera poco, el presidente desea que algunas medidas tomadas en el estado de emergencia queden incluidas en la ley ordinaria. Este régimen de excepción, vigente desde los atentados en la sala de conciertos Bataclan y en las terrazas parisienses, le da a la Policía poderes de los que no dispone normalmente. Las fuerzas del orden pueden realizar allanamientos, crear zonas de protección, prohibir la circulación de personas y la organización de reuniones sin control judicial directo. La nueva ley del gobierno haría que, en materia de lucha contra el terrorismo, estas medidas puedan ser tomadas sin necesidad de una situación de excepción. Para Asif Arif, abogado parisino, y Mehdi Thomas Allal, profesor del Instituto de Ciencias Políticas de París, esta reforma pone en peligro los derechos fundamentales. “La banalización del Estado de emergencia es una derrota para las libertades individuales y un reconocimiento de incompetencia hecho a los magistrados del orden judicial. Es una afrenta al Estado de derecho”, escriben en el diario Libération.

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Los temores de despotismo no serían tan fuertes si no fuera por los resultados de las elecciones legislativas de junio. La nueva Asamblea Nacional cuenta con varios aspectos positivos, como una renovación del 80 por ciento de sus parlamentarios y la llegada masiva de miembros de la sociedad civil. Pero la victoria avasalladora de Macron ha vuelto casi invisible la oposición. De los 577 diputados de la Asamblea Nacional, 314 pertenecen la República en Marcha o a sus aliados, y tan solo 67 se dicen claramente en desacuerdo con la política del mandatario. Para estos últimos, el hemiciclo del Palacio Borbón no será más que un espacio de debates estériles, pues sus votos no pesarán mucho contra la máquina aplastante del presidente.

Dos meses después de su elección, no se sabe si el método vertical de Macron es solo un medio pragmático y rápido para transformar Francia o si no es más que el establecimiento perenne de un régimen hipercentralista. Como lo afirma Fressoz en Le Monde: “¿Esta fase autoritaria es un episodio transitorio destinado a imponer el liberalismo a los recalcitrantes o un estado que va a durar? Al ver el rostro determinado del primer cónsul, la duda está autorizada”.

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