Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 1994/08/01 00:00

EN ESTADO DE CRISIS

Caldera toma medidas draconianas para detener los problemas de Venezuela, pero algunas medicinas pueden ser peores que la enfermedad.

EN ESTADO DE CRISIS

EN LA NOCHE DEL LUNES 27 DE JUNIO, LOS venezolanos se enfrentaron a una decisión que los dejó atónitos. El presidente Rafael Caldera acababa de anunciar la imposición de un control de cambios y de los precios de los bienes y servicios de consumo masivo, y la suspensión, a menos de cinco meses del inicio de su mandato, de más garantías económicas que cualquier otro gobierno en los 36 años de democracia ininterrumpida en Venezuela.
Se trataba, según el Presidente, de contener la depreciación del bolívar, que en los dos últimos meses llegó al 68 por ciento, frenar la especulación de los precios y afrontar la crisis financiera, que obligó a la intervención de nueve entidades financieras desde enero de este año.
Las garantías suspendidas no son de poca monta: el derecho a dedicarse a la actividad lucrativa que cada ciudadano prefiera, el derecho a la propiedad y a que sólo se expropie por utilidad pública y mediante sentencia judicial en firme y previa indemnización. Por otra parte, quedó en suspenso el derecho al libre tránsito de las personas y de los bienes, el derecho a sacar o introducir bienes en el país, y la garantía de que nadie puede ser detenido salvo al ser sorprendido in fraganti o mediante orden de autoridad judicial competente.
Para completar, el Banco Central anunció al día siguiente la suspensión de toda transacción cambiaria por una semana, en espera de que se pusiera en práctica un mecanismo de control de cambios.
La dimensión de las medidas dejó clara, por contraste, la de la crisis que afecta al país vecino. Porque fueron mucho más allá de un viraje en la economía para convertirse en los instrumentos para reprimir cualquier tipo de insurrección o de alteración del orden público. En eso Caldera dejó sentir la influencia de los alzamientos civiles y militares que comenzaron en enero de 1989, con el famoso 'caracazo', y que desde entonces han gravitado sobre la vida de los venezolanos.
La última racha de medidas comenzó el 14 de j unio, cuando el gobierno resolvió dar marcha atrás e incumplir la promesa hecha a los usuarios, de no cerrar las instituciones financieras en crisis, aún si las intervenía. En esa fecha salieron de servicio los bancos Amazonas, Bancor, Barinas, Construcción, La Guaira, Maracaibo y Metropolitano, junto con el Fondo Venezolano de Inversiones.
Esa estrategia fué considerada como la demostración del rotundo fracaso de los planes de estabilización de la economía, y demostró que el país estaba lejos de recuperarse del sacudón que significó la intervención en enero del segundo banco de Venezuela, el Latino, cuya reflotación implicó un desembolso equivalente a 2.700 millones de dólares. Pero no son sólo los pequeños usuarios bancarios quienes se quejan de la aparente inconsistencia gubernamental. El Diario de Caracas, refiriéndose a la suspensión de garantías, y el control cambiario, editorializó el martes que "el gobierno volvió sobre el termómetro y la fiebre seguirá subiendo. Estas medidas serán temporales y no lograrán solucionar nada d e lo que se pretende, que es la desvalorización del bolívar y el drástico deterioro de la calidad de vida del venezolano ".
El economista Humberto Calderón, ex ministro de Economía, sostuvo, por su parte, que "ahora sabemos cuál es la política económica de Caldera, del control, de la intervención y de la estatización, que nos pone de espaldas a lo que está ocurriendo en el resto del mundo. ¿Qué va a pasar con la participación de Colombia en el Grupo de los Tres, uno de cuyos programas es la libre convertibilidad de la moneda, y con los acuerdos bilaterales con Colombia? ".
Esa pregunta quedó flotando en el ambiente, porque la integración se basa en la mayor libertad posible de la economía. Lo cierto es que el control cambiario en Venezuela debería provocar una caída de las importaciones desde Colombia y, como no es imposible que se adopten cambios diferenciales para proteger a sectores determinados de la economía, éstos serían más atractivos en Colombia por el mayor precio obtenible aquí, con los perjuicios correspondientes a los productores colombianos.
En cualquier caso, se abre un compás de espera para determinar si las medidas de Caldera van a parar la barrena en que está la situación venezolana. Y a este lado de la frontera no se puede ser indiferente. -

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