EN LAS DURAS

QUE LA HISTORIA NO SE repita, parece ser la plegaria de los miembros del partido demócrata de Estados Unidos que sienten pasos de animal grande para las próximas elecciones legislativas y estaduales que tendrán lugar el 8 de noviembre. La razón es clara: los estadounidenses tienen, como tantas otras democracias del mundo, la tendencia a castigar con sus votos al partido gobernante.

Si eso ocurriera, el partido del burrito perdería la sólida mayoría que ostenta en la Cámara de Representantes, donde tiene 256 escaños contra 178 republicanos, y del Senado, donde tienen 56 miembros de un total de 100.

El panorama es particularmente malo para el gobierno de Bill Clinton, porque los cálculos apuntan a que el desastre puede superar la tradición. Si normalmente se calcula que un partido en el poder pierde de tres a cinco miembros del Senado y de 15 a 18 de la Cámara, los augurios apuntan esta vez a una perdida de 25 representantes y por lo menos siete senadores. Entre ellos, dos serían particularmente simbólicos: en Virginia, Chuck Robb, quien lucha por no perder su curul ante nadie menos que el ex coronel Oliver North (el del escándalo Irán-contras) y en Massachussets el interminable Edward Kennedy, quien está en dificultades ante un primíparo, el millonario Mitt Romney.

Clinton tiene en su contra una baja en su popularidad, y un pésimo desempeño eleccionario durante su mandato, pues en los últimos dos años los demócratas han perdido alcaldías claves como Nueva York y Los Angeles, y las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey. Las encuestas indican que en estas elecciones los demócratas podrían perder los cargos de gobernador en tres de los cuatro Estados que tienen mayor peso electoral en los comicios presidenciales: Texas, Nueva York y Florida. Clinton ha hecho campaña (allá es legal) a favor de sus correligionarios, pero dados los antecedentes, eso podría ser tan bueno como malo para sus aspiraciones.


UN TEMA CANDENTE

En el Estado más importante del oeste, California, el debate electoral se ha centrado sobre un tema que produce reacciones emocionales. Se trata de un nuevo régimen contra la inmigración ilegal, -conocido como Proposición 187- que ha sido intensamente promocionado y que será sometido a un plebiscito al mismo tiempo con las elecciones.

El gobernador republicano Pete Wilson tiene prácticamente asegurada la reelección porque consiguió un apoyo fácil al convertir a los inmigrantes en la fuente de todos los males. Por el contrario, su opositora demócrata Kathleen Brown (hermana del fallido precandidato ultraliberal Edmund Brown) ha dicho que no le importa perder las elecciones por oponerse a esa iniciativa.

Y es que allí hay cosas poco presentables. Se basa en la idea de que la seguridad social es el imán que atrae a los 'espaldas mojadas', y que estos no pagan impuestos y por tanto no tienen derecho a servicios. De ser aprobada, la propuesta negaría educación y salud (salvo en emergencia) a los indocumentados y a sus hijos, quienes así hubieran nacido en Estados Unidos, podrían perder su nacionalidad. Los hijos, los maestros y los médicos, quedarían en la obligación de denunciar a sus padres, alumnos y pacientes. Todo funcionario quedaría en la obligación de denunciar a quien le pareciera sospechoso, lo cual llamaría a la discriminación étnica.

De ahí a un régimen policíaco, no hay sino un paso. "Es una proposición aberrante, legal, financiera, médica, social, política, humana e internacionalmente aberrante", dijo en Ciudad de México el escritor Carlos Fuentes, al hacer eco de la reacción que se ha producido en su país contra lo que se ve como "una xenofobia antimexicana". El temor de muchas organizaciones hispanas es que ese régimen pueda extenderse a otros Estados de fuerte presencia migratoria, como Illinois, Florida, Nueva York, Nueva Jersey y Texas, y entonces ya no podría hablarse de antimexicanismo, sino antilatinoamericanismo.

Los críticos de la iniciativa señalan que esta va contra la esencia misma de la formación de Estados Unidos, y que es un mito que los extranjeros ilegales roban empleo a los nacionales. Un informe del Instituto Urbano reveló que los inmigrantes, ilegales o no, son fuente de riqueza porque en su inmensa mayoría son personas trabajadoras, que ingresan a Estados Unidos porque comparten los valores de esa sociedad y porque las condiciones de vida en sus propios países los obligan a ello.

La proposición tiene vicios de inconstitucionalidad, pero eso no arredra a sus proponentes, que aspiran a una larga batalla en la Corte Suprema de Justicia. Entre tanto, la idea -falsa a todas luces- de que los inmigrantes son la fuente de los males de Estados Unidos continúa avanzando de la mano de políticos interesados en la ganancia inmediata de votos.