En pie de lucha

Aunque ha querido que su semblante no lo revele la separación de sus compañeros de armas tiene que haber golpeado muy duro al presidente Hugo Chávez. Tres de sus hombres de mayor confianza, con quienes compartió la derrota en la intentona golpista del 4 de febrero de 1992, el dolor por los compañeros caídos, luego la prisión y más tarde la gloria electoral, rompieron con su gobierno y se llevaron 25 años de estrecha amistad.

Los tres oficiales son el gobernador Francisco Arias Cárdenas, el ex coordinador del Movimiento V República Joel Acosta Chirinos y el ex director de la Disip (policía política) Jesús Urdaneta. A tiempo que aseguran actuar por lealtad con su jefe y su proyecto original, han emplazado a Chávez para que encarcele a los corruptos señalados en 46 expedientes que entregaron a la Fiscalía General sobre presuntas irregularidades administrativas cometidas durante el primer año de su gestión.

“Siento una gran tristeza y decepción, ha dicho Urdaneta. La última vez que hablé con el compañero presidente, no lo conocía. No era el hombre que conocí en los últimos 25 años en que trabajamos juntos. Si el presidente no cambia yo no podría apoyarlo jamás. Ahora los que investigamos estamos presionados y perseguidos y los corruptos están en la calle y riendo. Es necesario que en los próximos días algún corrupto vaya a la cárcel. Presidente Chávez no deje que el proyecto original se desvirtúe. Le exijo con moral que los corruptos vayan a la cárcel”.

Las acusaciones de los comandantes apuntan principalmente a Luis Miquilena, padre de la nueva Constitución Bolivariana y presidente del ‘congresillo’, y en menor calibre al canciller José Vicente Rangel y al ex ministro del Interior ahora embajador de Venezuela ante la ONU, Ignacio Arcaya.

Las denuncias van desde el tráfico de influencias presuntamente ejercido por Miquilena para favorecer a su ex socio, el empresario Tobías Carrero, en la contratación de seguros de la administración pública y la impresión de la nueva Carta Magna por su editorial Micabú hasta la supuesta venta ilegal de armas robadas al Ejército venezolano a la guerrilla colombiana. El fiscal Javier Elechiguerre empezó a investigar los 46 expedientes. Pero no se esperan grandes resultados pues fue designado a dedo por Miquilena.

Como dijo a SEMANA un observador venezolano, “lo que se ve entre bastidores es una desgarrada lucha por el poder entre el viejo entorno militar y el civil del presidente”. La causa inmediata de la reacción proviene, según esa tesis, del escándalo producido por la actuación de los militares en la tragedia natural del estado Vargas, que fue calificada de torpe y violenta. Poco después de los derrumbes y las inundaciones surgieron denuncias, especialmente de la prensa capitalina, sobre supuestos fusilamientos de saqueadores y otras violaciones a los derechos humanos, como desapariciones forzadas. Mientras Rangel inició una investigación por violación de derechos humanos, Urdaneta se opuso tajantemente y renunció en enero. Ese fue el momento clave en el cual el presidente habría comenzado a inclinarse a favor de su entorno civil.

Dolido por las acusaciones, Chávez ha preferido separarse de sus compañeros de armas, les ha dicho adiós y ha calificado su acción de ‘emboscada’. Lo que está en juego son las elecciones generales del 28 de mayo, cuando se van a relegitimar todos los poderes desde el presidente, el legislativo, gobernadores y alcaldes. Los comandantes Arias Cárdenas, Urdaneta y Acosta Chirinos se han postulado como candidatos a las gobernaciones de Zulia, Aragua y Falcón, respectivamente, y pretenden que Chávez los apoye en su cruzada.

Por eso no deja de ser extraño que los ex camaradas del presidente hubieran esperado un momento tan crucial para hacer las acusaciones. Al fin y al cabo ya se venía sospechando que la corrupción había empeorado el año pasado, según las denuncias hechas por el ex contralor general Eduardo Roche Lander.

Independientemente de los motivos que llevaron al trío de ex militares a hacer sus denuncias, la peor bomba que Chávez puede recibir es que su gobierno sea precisamente acusado de corrupción, y sus consecuencias son totalmente impredecibles. Las diatribas contra los corruptos fueron el arma que le permitió al antiguo paracaidista barrer a sus contrincantes en las elecciones de 1998 y lo que le granjeó el respaldo popular necesario para arrasar con la Constitución de 1961. Chávez no pierde oportunidad de decir que la pobreza del país nace de la corrupción. Y los pobres de Venezuela, que son más del 50 por ciento de la población, le creen.