En la recta final

Las elecciones presidenciales mexicanas del 2 de julio próximo están cargadas de historia. De cumplirse los vaticinios de las encuestas, en esa fecha podría llegar a su fin la hegemonía política más antigua del mundo. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el poder desde su fundación en 1929, parece por primera vez lo suficientemente vulnerable como para perder un invicto de más de 70 años. Pero todo indica que está dispuesto a vender cara su derrota.

El gran protagonista es el candidato conservador Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), una organización política casi tan antigua como el PRI. Fox aprovecha un atractivo estilo campechano y, aunque carece de coherencia ideológica, al posicionarse como el candidato del cambio ha logrado poner la presidencia a tiro de as. Su principal contendor es el oficialista Francisco Labastida, un veterano militante priísta que representa a lo más granado del establecimiento, y en un lejano tercer puesto está Cuauhtémoc Cárdenas, ex alcalde de Ciudad de México y representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), un ala escindida del PRI y de tendencia centroizquierdista (ver recuadros). La nómina de aspirantes se completa con varios nombres que no alcanzan siquiera a ser registrados individualmente en las encuestas.

Acostumbrados a los triunfos ininterrumpidos de los candidatos oficialistas, los mexicanos entraron en shock cuando, a comienzos de mayo, una encuesta realizada por la compañía Zogby International dio como resultado que Fox había superado a Labastida por 44,3 a 41,6 por ciento. No era para menos, pues la inmensa mayoría de ellos nació y creció bajo el poder omnímodo del PRI. Por eso la percepción generalizada desde ese momento es que esta campaña no se parece a ninguna de las anteriores.



Transparencia

Pero lo cierto es que a nivel local y regional el PRI había venido perdiendo poder paulatinamente en los últimos años. Desde comienzos de la década de los 80 los mexicanos han elegido centenares de alcaldes, varios gobernadores estatales y mayorías en el Congreso de la oposición. Pero a nivel presidencial nunca un candidato oficialista ha recibido menos del 50 por ciento de los votos. El mejor resultado de un opositor fue el de Cárdenas en su primer intento, en 1988, cuando alcanzó el 32 por ciento en unas elecciones denunciadas como fraudulentas. Los comicios de ese año, sin embargo, fueron el campanazo de alerta para el establecimiento priísta, que comenzó un proceso de apertura culminado por el presidente Ernesto Zedillo.

Por eso la ventaja actual de Fox se da en el contexto de las elecciones más transparentes desde que el PRI inició su hegemonía. Zedillo en 1996 le quitó el manejo de las elecciones al Ministerio del Interior en favor del Instituto Federal de Elecciones, (IFE) una entidad plenamente independiente. Y estableció elecciones primarias en el PRI, con lo que eliminó el ritual del ‘dedazo’, según el cual el candidato oficialista era escogido personalmente por el primer mandatario.

Las reformas establecieron también una equitativa repartición de los dineros públicos destinados a sufragar las campañas, abrieron el acceso a los medios y ordenaron escoger los encargados de las mesas sin tener en cuenta su filiación política. Esta vez los 112.500 puestos de votación sólo tienen cabida para una persona y cortinas que aseguran el secreto del sufragio. Además los avanzados sistemas de computación permitirán tener una visión de los resultados en pocas horas. Como dijo José Woldenberg, presidente del IFE, en rueda de prensa, con un presupuesto de 918 millones de dólares y las nuevas medidas,“las posibilidades de fraude son cero”.



Las dudas

A pesar de todo, que el PRI ya no tenga las manijas de la elección no significa que las elecciones vayan a ser mucho más limpias. La mayoría de los observadores acepta que el aparato eleccionario es impecable y que las denuncias de Fox por un posible fraude son exageradas. Pero la debilidad del proceso está en el uso de los recursos del Estado para favorecer a Labastida. Como dijo la analista Sandra Rodríguez, del diarioReforma, a SEMANA, “el problema está en la movilización de los funcionarios oficiales y la coacción por el voto. La prensa independiente ha denunciado múltiples casos, sobre todo en las áreas rurales, en los que la gente ha sido amenazada con perder sus beneficios sociales si no vota por Labastida. Se trata de gente desprotegida que no tiene cómo dudar de la seriedad de las amenazas”. Son 27 millones de electores susceptibles de ser amedrentados con su exclusión de programas como ‘Progresa’, del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene siete millones de beneficiarios, o la ‘Alianza por el campo’, que abarca al menos 15 millones. Un electorado al que están destinados los bultos de provisiones descubiertos por los medios en bodegas del gobierno.

Y lo peor es que la actividad política de los empleados oficiales está escasamente regulada y es abiertamente defendida por la dirigencia. Manuel Bartlett, uno de los ‘dinosaurios’ del PRI que colaboran con Labastida dijo que “estamos en pie de guerra y si los funcionarios son priístas deben defender al partido. Y los programas son priístas y deben servir para ganar las elecciones”. Para Bartlett, si la ‘Alianza por el campo’ fue diseñada por Labastida cuando era ministro de Agricultura de Zedillo, “sus resultados lo benefician legítimamente”.

Esas prácticas no han pasado inadvertidas para los observadores internacionales, como el norteamericano Instituto Nacional Demócrata, vinculado al partido de ese nombre. Sus representantes dijeron en rueda de prensa que, “hemos visto videos con denuncias de funcionarios públicos que orientan la conducta electoral con los beneficios de los programas sociales”. Según las encuestas, al menos el 33 por ciento de los beneficiarios de esos programas votarán por Labastida.

De ahí que, a medida que la campaña sube de tono, con acusaciones mutuas y advertencias de violencia que tienen al peso en su nivel más bajo de los últimos años, las tensiones crecen con cada día que pasa y los resultados siguen siendo muy inciertos. El país urbano y educado parece inclinarse por el cambio, así, como escribió el historiador Jorge Castañeda, uno de los intelectuales de izquierda que apoyan a Fox, “la alternancia factible no sea ni se parezca a la alternancia deseable”. Es comprensible, después de todo, que tras 71 años de hegemonía, los mexicanos estén dispuestos a aliarse hasta con el diablo para romperla.