EN SU PEOR MOMENTO

QUE SE ESTA TERMINANDO la era del felipismo, es lo que se afirma en los corrillos políticos de Madrid por estos días. La razón es que el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de Felipe González, en el poder desde 1983, atraviesa su peor crisis no sólo por la recesión económica que afecta a España, sino por el estallido sucesivo de graves escándalos de corrupción que han puesto en tela de juicio la credibilidad del actual inquilino del Palacio de La Moncloa.
Los problemas se complicaron la semana pasada cuando el socialista Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre 1986 y noviembre de 1993, no se presentó por segunda vez ante una juez de Madrid que le investiga por su insólito enriquecimiento (multiplicó su patrimonio por 24 en los últimos años), logrado, según parece, mediante la utilización fraudulenta de fondos destinados a equipos y facilidades logísticas de la Benemérita. Se ha llegádo a afirmar que Roldán escapó previo un acuerdo secreto con el gobierno, pues el propio implicado declaró desde la clandestinidad al diario El Mundo que tenía dos alternativas: suicidarse, o "tirar de la manta", es decir, revelar todo lo que hay debajo. Eso puede ser cierto o no, pero hay funcionarios del Ministerio del Interior que sostienen que la Guardia Civil sirvió como cómplice de la fuga.
El otro escándalo tiene que ver con el director del Banco de España (el Central del país), Mariano Rubio, quien desempeñó el cargo entre 1984 y 1992, y a quien se acusa de haberse enriquecido mediante el uso de información financiera privilegiada y poseer cuentas secretas ocultas al fisco, desde donde manejaba dinero negro, al que el ingenio popular llama ya dinero "rubio". El ex funcionario fue detenido al final de la semana.
El presidente del gobierno, en su reciente discurso sobre el estado de la Nación, dijo que el gobierno enfrentaría la corrupción, y para ello se apoyaría la creación de comisiones de investigación en el Parlamento y una fiscalía especial, que fue efectivamente aprobada el viernes 28 de abril por el Consejo de Ministros.
Hacia el final de la semana, el presidente salió al paso de las presiones de la oposición y anunció que no renunciaría, al tiempo que comunicó la toma de medidas quirúrgicas para cortar "de un tajo" la corrupción, en un esfuerzo -para muchos desesperado y tardío- de reconstituir la credibilidad de su gobierno.
Aceptó la renuncia del ministro de Agricultura, Vicente Albero, quien puso su granito de arena al reconocer, el miércoles, que había defraudado al fisco en 1988 por casi 150.000 dólares. También aceptó la dimisión del ministro del Interior, Antoni Asunción, responsabilizado de la fuga de Roldán. Y, para completar, anunció el retiro de dos compañeros socialistas que le acompañaron en mil batallas: José Luis Corcuera, ex ministro del Interior, por su responsabilidad en el nombramiento de Roldán, y Carlos Solchaga, ex ministro de Hacienda, por la suya en el de Rubio.
De esa forma salieron del panorama político dos personajes claves que fueron emblemáticos del socialismo en el poder. Solchaga fue el gestor de la política económica neoliberal imperante, y Corcuera fue el impulsor de una polémica ley de Seguridad Ciudadana que se empeñó en aprobar pese a las grandes manifestaciones populares de rechazo contra los poderes exagerados otorgados a los organismo policiales.
Uno y otro estuvieron en el poder cuando el socialismo tenía mayoría absoluta en el Parlamento, y gobernaba por sí y ante sí con una gran dosis de arrogancia.
Hoy, en lo que parece el ocaso de su permanencia al frente del gobierno, González ha tenido además que recurrir a nombrar como superministro del Interior y Justicia (carteras que serán fusionadas) al independiente Juan Alberto Belloch, titular de Justicia desde el mes de julio del año pasado, y cuya principal credencial es precisamente nunca haber pertenecido al PSOE. Belloch es, en esas condiciones, el único con prestigio suficiente como para anunciar "limpieza total" y "un cambio radical" en la manera de gobernar a España.
La oposición, en la que curiosamente aparecen hermanados los conservadores del Partido Popular y los ex comunistas de Izquierda Unida, cree que el presidente debe dimitir, porque, como dijo el líder de la segunda, Julio Anguita (el político que desbancó a Felipe en popularidad), "no es posible nombrar al director de la Guardia Civil o a un gobernador del banco de España sin la intervenciòn del jefe del gobierno".
Pero esa es una exigencia que González no está en condiciones de aceptar, primero, porque es consciente de que mientras tenga el apoyo del Partido nacionalista catalán Convergencia i Unió, y del Partido Nacionalista Vasco (PNV), no es viable la derrota de los socialistas en el Parlamento, y segundo, porque la Constitución exige que cuando se presenten mociones de censura a un gobierno, debe incluirse el nombre de un candidato a formar uno que lo reemplace, lo cual no parece dispuesto a hacer, por ahora, el Partido Popular, pues su líder, José María Aznar, continùa por debajo de Felipe en popularidad.
En todo caso, González ya está sintiendo pasos de animal grande, porque ahora está más que nunca a merced de las exigencias nacionalistas de sus ocasionales aliados, que ya le han sacado bastante partido al hecho de que el gobierno depende de ellos.
Con ese conjunto de problemas cada vez más acuciantes, la recién recordada humildad del PSOE y las medidas de urgencia de Gonzàlez podrían ser demasiado poco y demasiado tarde. Como dice el politólogo Fernando Marín, la pregunta es si el proyecto socialista "perdió o no la capacidad de ilusionar o de resultar creíble. Si no se recupera esta credibilidad, esto no será más que el principio del fin de la década socialista".