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| 7/25/1994 12:00:00 AM

ENTRE LA RUBIA Y LA MORENA

Una lucha entre ancestrales costumbres indígenas y una agresiva política económica tienen al Ecuador encima de un polvorín.

EL PASADO 13 DE JUNIO una protesta indígena partió en dos la historia ecuatoriana del presente siglo. La razón para el estallido de una población tradicionalmente pasiva fue que el gobierno aprobó una nueva Ley de Desarrollo Agrario que lesiona los intereses de las comunidades indígenas campesinas. No era para menos, si se tiene en cuenta que la norma permite que se expropien terrenos y determina el fin de la propiedad comunal a la que están acostumbrados quechuas y aymarás.
Desde cuando se lanzó la idea comenzaron las discusiones. Varios gremios del país discutieron sin éxito los puntos negativos del proyecto de ley, y posteriormente la Confederación Nacional Indígena del Ecuador (Conaie) presentó un proyecto aparte, pero no se tuvo en cuenta. Finalmente el gobernante Partido Social Cristiano sometió al Congreso un proyecto que recogía algunas inquietudes reflejadas en el de los indígenas, pero dejando una gran cantidad de exigencias sin atender, y la reacción no se hizo esperar.
La comunidad indígena se sintió traicionada por su propio gobierno. Luis Macas, presidente de la Confederación, ordenó el bloqueo de todas las vías terrestres del país. El objeto era conseguir que las ciudades fueran desabastecidas de los productos básicos. La orden fue acatada y resistió hasta el martes 21 de junio a las 11 de la noche, cuando el presidente decidió la movilización militar para despejar las carreteras. Sin embargo, el objetivo se había logrado. Quito, Guayaquil, Ambato, Loja, Ibarra y Latacunga sufrieron las consecuencias de que el mercado no llegara a las centrales de abasto. La carestía fue el primer síntoma. Mientras tanto el Tribunal de Garantías Constitucionales estudió la Ley y decidió que era inconstitucional. La movilización había conseguido su propósito.
La posición de campesinos e indígenas exigía derogar la ley, pero esto significaba dar un paso atrás para el gobierno. Entonces se optó por el camino del diálogo. Como consecuencia, el presidente, el Congreso y las organizaciones indígenas y campesinas eligirán unos representantes quienes harán parte de unas comisiones en las que se discutirán las reformas que se deban hacer a la ley. La mediadora será la Conferencia Episcopal. Al cierre de esta edición el presidente Sixto Durán Ballén había fijado el jueves 30 de junio como la fecha de iniciación de las reuniones. Cabe esperar que se supere una situación que, como ninguna antes en la historia reciente, ha puesto en jaque a las autoridades ecuatorianas. -
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